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La detención de la directora-propietaria del diario Clarín ha dado lugar a todo tipo de operaciones cruzadas, de información y desinformación. Frente a ellas, es conveniente recapitular algunos hechos y principios fundamentales.
Las primeras denuncias respecto del origen de los dos chicos adoptados en 1976, fueron realizadas por agentes de inteligencia del gobierno del ex presidente Carlos Menem, con obvios propósitos extorsivos. Algunos de ellos pretendían beneficios económicos y el Poder Ejecutivo de la época procuraba forzar una negociación política que le asegurara el favor informativo del principal diario del país, propietario también de no menos de dos canales de televisión, una radio y una agencia de noticias. Uno de los episodios de esa transacción poco edificante condujo a la censura de la periodista Liliana López Foresi en el canal 13 de televisión.
Muy distinto es el propósito de las Abuelas de Plaza de Mayo, cuya labor es reconocida en todo el mundo e insospechable de finalidades subalternas. Las Abuelas intentaron un acercamiento personal con la señora de Noble, como suelen hacer con las familias no sospechadas de haber participado en la represión, pero no fueron recibidas. Las atendió un intermediario designado por Clarín, a quien le propusieron que Marcela y Felipe se sometieran en forma voluntaria al análisis genético necesario para determinar si eran o no hijos de personas detenidas-desaparecidas. También quisieron hablar con los jóvenes.
Como no obtuvieron una respuesta positiva, se presentaron ante la Justicia. El expediente, que ya tiene 17 cuerpos, condujo el martes a la detención de la señora de Noble. Informado en forma personal por el juez Roberto Marquevich dije que el número de documento de quien aparecía como la madre de uno de los chicos adoptados correspondía en realidad a un hombre y que ese hombre resultó ser el chofer de la señora Ernestina Herrera de Noble. Después de haber visto algunas piezas del expediente y sostenido un nuevo diálogo con Marquevich, hoy puedo ser más exacto.
El expediente de adopción del niño sostiene que la madre, Carmen Luisa Delta, lo puso a disposición del tribunal de menores Número 1 de San Isidro, el 7 de julio de 1976. Ese mismo día, el tribunal ordenó su entrega a la editora periodística, sin disponer antes ningún estudio ambiental ni determinar el lugar y las circunstancias del nacimiento de la criatura. Según los archivos de ese tribunal, en todos los casos que la misma jueza atendió entre 1975 y 1978, las guardas provisorias se concedían recién al cabo de varios meses, que se empleaban en investigar tanto a los padres como a los adoptantes. Esta fue una llamativa excepción. Además, se comprobó ahora que la señora Delta no existía y que el número del documento de identidad mencionado correspondía a un hombre. Ese hombre no tiene relación con el caso, ni con Clarín. El chofer recién aparece en el caso de la niña.
La señora de Noble dijo que había aparecido en la puerta de su casa en las Lomas de San Isidro el 2 de mayo de 1976. Ofreció como testigos a la vecina de al lado y al cuidador de la casa de la vecina. En el expediente de adopción de 1976, vecina y cuidador confirmaron esa versión. Pero el 6 de mayo del año pasado Roberto Antonio García, ahora de 85 años, declaró ante Marquevich que nunca fue cuidador de esa casa ni vivió en Lomas de San Isidro. En cambio durante casi 40 años condujo el auto de Roberto Noble primero y de su viuda después. Tampoco la presunta vecina vivía allí, según declaró su nieta y confirmó la Policía Federal. Por último, el juez también corroboró otra afirmación del chofer, con informes del Registro de las Personas y de la Cámara Electoral: que tampoco la señora de Noble vivió nunca en la dirección de Lomas de San Isidro que figura en el expediente de adopción.
La falsedad de estos instrumentos parece acreditada así en forma contundente. Esa es la base para la sospecha y para la citación aindagatoria a la señora de Noble y el análisis genético ordenado a sus hijos. Envueltas sin buscarlo en una controversia política de repercusión internacional, las Abuelas pidieron ayer prudencia y dijeron que en la búsqueda de sus nietos no hacen distinciones por el origen social de quienes puedan habérselos apropiado. También se abrió un debate interesante acerca de las reglas procesales en relación con los derechos y garantías de los ciudadanos. Clarín consideró abusiva la detención y la Asociación de Propietarios de Diarios, declaró su estupor. Los medios que representan son los mismos que cuestionan en sus páginas cualquier reforma procesal que favorezca las excarcelaciones y descomprima la explosiva situación carcelaria del país. El garantismo no les parece ahora tan mala palabra.
Algo similar sucedió en Italia y Francia, cuando los jueces comenzaron a avanzar sobre políticos y empresarios de primer nivel en sus investigaciones sobre la corrupción. Los poderes establecidos recién clamaron por el principio de inocencia y en contra de la prisión preventiva cuando entre los detenidos aparecieron personajes como el ex alcalde de París Xabier Tiberi o los propietarios de la Montedison. El principio general de que los acusados de delitos deberían permanecer en libertad hasta el momento de ser condenados, salvo que pudieran escaparse u obstruir la acción de la justicia, es tan poco discutible (y tan poco aplicado) como el de la igualdad de todos ante la ley.
Cualquiera sea el desenlace de este caso, ojalá el conmovido poder de Clarín sirviera para instalar una discusión seria sobre el tema, que beneficiara a los miles de pobres diablos sin condena que atiborran las cárceles del país y no sólo a la señora de Noble.