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- Andrés D’Alessio (Decano de la Facultad de Derecho)
“Que sea un fallo individual permitirá la gradualidad en los retiros de dinero. Eso es una suerte, porque ningún sistema financiero puede resistir un retiro de depósitos masivo e inmediato. Entonces, si el periodismo sale a decir que se derogó el decreto, los bancos el lunes van a estar cerrados, y esto puede terminar en un incendio. Frente a este fallo el Gobierno podría evitar la crisis del sistema bancario si declara que el fallo es de imposible cumplimiento. Con esto el Gobierno ganaría tiempo en espera de ayuda exterior que le permitiría devolver parte de los depósitos. Lo que hay que hacer es comparar este fallo con el caso Peralta, durante el plan Bonex. Ese fallo fue aprobado en ese entonces por Nazareno, Fayt y Moliné O’Connor. La idea era que sí se le aseguraba la propiedad privada, y al estar en plena crisis se debía evitar una medida que podría acelerar el derrumbe”.
- Antonio M. Hernández (Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, UCR).
“Este es un fallo histórico, porque la Corte escuchó el reclamo de millones que estaban sufriendo el corralito, uno de los instrumentos más groseramente anticonstitucionales, porque vulneraba el derecho de propiedad privada. El efecto es para un caso concreto, pero seguramente va a haber una enorme ola de juicios porque la gente está desesperada, ya que esto del corralito no ocurre ni en un país bananero. En nuestro país los tribunales inferiores no están obligados a repetir el fallo de la Corte Suprema, pero este caso yo creo que va a sentar como precedente. Concretamente el gobierno no tiene posibilidad de anular el fallo, salvo que recurra a un tribunal internacional. En cuanto a las causas, creo que la Corte Suprema no pudo soportar la tremenda presión popular contra este decreto arbitrario. Pienso que el parlamento debería modificar o derogar instrumentos tan graves como el instaurado por el decreto 1570, que ha violado la Constitución”.
- Alberto García Lema (Constitucionalista, PJ).
“Los efectos del fallo van a regir para una causa concreta. A pesar de esto los fundamentos del fallo son muy generales. La línea argumentatoria es muy amplia, podría exceder este fallo. Pero hay que aclarar que en nuestro país esto no es obligatorio. Es decir, sienta precedente en el aspecto doctrinario, pero no implica la obligación para los tribunales inferiores de seguir la línea de la Corte Suprema. El Gobierno no puede evitar nada para este caso concreto, pero para los demás casos que puedan surgir deberá evaluar qué política se da. Lo que sorprende es que la Corte Suprema haya tocado el tema de fondo de la causa, cuando no se discutía eso, ya que recién se estaban tratando medidas cautelares”.
- Gonzalo Alvarez (Prosecretario del Colegio Público de Abogados de Capital Federal)
“Es un fallo realmente vergonzoso. Las consecuencias son difíciles de prever. Lo que está diciendo es que el Plan Bonex era constitucional y el corralito no lo es. Se aparta claramente de la doctrina seguida en el caso Peralta en 1989 y no lo fundamenta adecuadamente. La Corte sólo puede declarar la inconstitucionalidad para un caso concreto, y para otras causas puede ser indicativa ante dudas de algún magistrado. Para entender el fallo, la cuestión política es fundamental, se ve claramente como la Corte Suprema se preocupa más por su continuidad que por la suerte de los ahorristas. Es preocupante, porque se está tomando a la gente como rehén, ante el miedo por lo que pasa con la comisión de Diputados”.
- Roberto Saba (Abogado de la Asociación por los Derechos Civiles)
“No leí el fallo, pero se puede decir que este tipo de decisiones no genera una regla común, que tiene que ser seguida por todos los tribunales. Pero, aún así, todos los abogados saben que cuando la Corte Suprema decide, genera una especie de obligación moral para los magistrados. La situación de la Corte Suprema es complicada. La gente pide cambios, y esta medida no puede analizarse sin tener en cuenta eso. Nuestra Corte Suprema no tiene un grado de aprobación y de legitimidad para que su decisión no sea sospechada de estar relacionada con este marco”.