Roberto Larosa, el asesor legislativo que fue sorprendido a oscuras en un importante despacho del Ministerio de Economía, recuperó ayer la libertad después de pasar casi dos semanas preso por la causa en la que se investiga el posible robo de información reservada. La medida fue dispuesta por el juez federal Claudio Bonadío, que lo indagó por segunda vez, ya que se descubrió que desde enero había ingresado al Palacio de Hacienda otras cuatro veces fuera de horario laboral y se quedaba incluso hasta las once de la noche. Por ahora, Larosa está acusado de allanamiento ilegal y tentativa de hurto, que no son delitos graves. El magistrado resolvió excarcelarlo porque consideró que ya tenía asegurada toda la prueba necesaria para la investigación.

Como última medida en la búsqueda de evidencias sobre las actividades y los clientes de Larosa, Bonadío allanó ayer el Banco Santander e hizo un nuevo procedimiento en la compañía estatal AySA, donde ya había ido personal policial el lunes. Tanto la entidad bancaria como la empresa de agua figuraban entre sus compradores de informes económicos, de acuerdo con las facturas halladas en su casa. También integraban su cartera de clientes VIP los gurúes de la city porteña Carlos Melconian, Miguel Angel Broda, Orlando Ferreres, la consultora Ecolatina –que dirige un hijo de Roberto Lavagna– y Fiel, que también empezaron la semana con procedimientos en sus oficinas. En todos los lugares allanados los investigadores encontraron contratos u otras evidencias de que Larosa les vendía datos sobre recaudación, gasto público e inflación entre otros, señalaron a Página/12 allegados a la causa. Los comprobantes son de 750 a cerca de 2000 pesos.

Larosa consiguió la excarcelación, pero Bonadío le prohibió salir del país y aparecer por el Palacio de Hacienda. Además, debe presentarse periódicamente en el juzgado. Cuando ayer lo trasladaron a los tribunales federales le anunciaron que le ampliarían la indagatoria porque se descubrió que había entrado al edificio de Economía –según los registros del ministerio– otras cuatro veces, desde enero en adelante, en circunstancias similares a las del día en que fue arrestado. Lo hizo siempre después de las siete de la tarde, es decir fuera de horario laboral, y hasta entrada la noche. El “topo” –como le dicen a Larosa– se negó a declarar.

Por lo general, Larosa entraba en Economía como “visita” y por lo menos en dos ocasiones lo había autorizado Leonardo Marcus, un funcionario ministerial de segunda línea, quien volvería a testificar en los próximos días. Ahora la Justicia intenta establecer quiénes fueron sus otros contactos que, según funcionarios de la causa, no necesariamente serían sus socios o cómplices. El experto en macroeconomía es conocido en el mundo político y financiero. Venía trabajando como colaborador ad honorem del diputado de Proyecto Sur Claudio Lozano y como asesor del senador fueguino del ARI José Martínez. En los noventa trabajó en el Instituto de Estudios y Participación (IDEP) de la CTA y había sido funcionario de Economía hasta 1993. El Ministerio de Planificación reconoció esta semana que también lo había contratado como experto recomendado por la UBA.

Larosa fue descubierto el 16 de abril escondido en un armario, dentro del despacho del subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo, en el cuarto piso del Palacio de Hacienda. Las cámaras de seguridad lo registraron abriendo la puerta con su propia llave y mostraron que permaneció con la luz apagada. Las imágenes deschavaron que antes había estado en la oficina del secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, donde también entró con llave. No tenía autorización para estar en ninguno de esos lugares. Luego resultó que tenía un manojo con llaves de otras tantas dependencias.

A través de la documentación secuestrada entre los clientes del “topo”, los investigadores intentan establecer qué tipo de documentación habría sustraído y a qué datos había accedido cuando tenían carácter reservado. Por esto, podrían imputarle hurto. Todavía no está claro si los usuarios de la información también quedarán comprometidos. Parte de la investigación, ahora, consiste en establecer si las visitas sospechosas de Larosa al ministerio se relacionan con algún hecho en particular. Por ejemplo, una de ellas habría coincidido con la citación al ministro Amado Boudou a Diputados para explicar el uso de las reservas, ocasión en la que Lozano –que por esos días hablaba de un agujero fiscal de 50 millones de pesos– expuso detalles sobre la ejecución del gasto público y la proyección de gastos que no aparecen en el Presupuesto, que sorprendieron a los funcionarios presentes.