El jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri tendrá que responder hoy a los cargos formulados por el juez Norberto Oyarbide y el fiscal Alberto Nisman en relación con las escuchas telefónicas a Sergio Burstein, dirigente de Familiares y Víctimas de la AMIA, y a Daniel Leonardo, su cuñado. Al mismo tiempo, al vincularlo con esas dos escuchas ilegales, se lo hace partícipe de una asociación ilícita dedicada al espionaje y en la que revistaron dos hombres que, para el juzgado, estaban en su cancha: Jorge “El Fino” Palacios, su policía preferido, y al que designó al frente de la Metropolitana, y el espía Ciro James, contratado en forma sorprendente por el Ministerio de Educación porteño. Todo indica que Macri dirá que no tiene nada que ver con la escucha a Burstein y, respecto de su cuñado, es probable que le tire la pelota a su padre, Franco, quien ha dicho que lo mandó a investigar por un conflicto familiar.

Los mayores problemas los tiene con las escuchas a su cuñado, porque no se trata de un espionaje ni político ni comercial, sino que está directamente vinculado con el clan Macri. En una entrevista concedida el domingo, su padre, Franco, señaló que contrató a la empresa brasileña Edelman para hacer un seguimiento de Leonardo. La versión light que dio el patriarca del clan es que su hija, Sandra, casada con Leonardo, estaba seriamente enferma y Franco quería ver si la trataban como correspondía. La versión de Leonardo, cuando se enteró que lo espiaban, fue muy distinta: Franco le ofreció plata para que se separara de su esposa y lo estaban espiando para ver qué ocurría con la negociación del dinero. Hay una tercera versión, que aparece en el expediente: espiaban a Leonardo para tener pruebas sobre su sexualidad y luego mostrarle las evidencias a Sandra y forzar un divorcio. Lo cierto es que por más que Franco dijera que mandó a investigar a Leonardo, la realidad es que hubo delito, porque las escuchas fueron ilegales, se armaron causas falsas en Misiones y se usó a la SIDE de forma fraudulenta.

En este terreno, a Macri lo complica el hecho de que la ejecución del espionaje corrió por cuenta de individuos que estaban bajo su ala.

- En primer lugar, Jorge “Fino” Palacios. En nueve meses registró 190 llamadas con el espía James, lo cual indica que la relación era estrecha. Palacios argumenta que las comunicaciones tenían relación con el hecho de que James se iba a incorporar a la Metropolitana. Parece poco probable que el juez admita esa explicación: Palacios no registra esa cantidad de llamadas con ningún otro aspirante a ingresar a la fuerza. El otro elemento es que parte de las comunicaciones se concretaron justo cuando James retiraba las cintas con las escuchas de la SIDE.

- Ciro James fue contratado por 7000 pesos mensuales en el Ministerio de Educación porteño tres días después de que empezaran a pincharle los teléfonos a Daniel Leonardo.

- El contrato no apareció en el Boletín Oficial, es decir que se ocultó. El ex ministro de Educación Mariano Narodowski afirma que él mandó los datos a Legal y Técnica, pero la publicación no se hizo, lo que lleva al juez a pensar que hubo una mano mucho más abarcadora que no tenía exclusivamente que ver con el Ministerio de Educación.

- No hay pruebas de que efectivamente James haya hecho algún trabajo en el Ministerio de Educación. Eso lleva a Oyarbide a sospechar que cobró como un pago a sus tareas en el espionaje.

- También Narodowski dio a entender que la designación de James vino de la mano de Andrés Ibarra, un hombre de extrema confianza de Macri, ex gerente de Boca Juniors.

A partir de la indagatoria, Oyarbide tendrá diez días para resolver la situación del propio Macri, de su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, del ex ministro de Educación, Mariano Narodowski, de Jorge Palacios y de los dos ex jueces de Misiones que aparecen involucrados en la maniobra, José Luis Rey y Horacio Gallardo.