“¡Bájense o los matamos hijos de puta!” Esa fue la frase que dice haber escuchado el juez de instrucción Alejandro Rodolfo Cilleruelo, de boca de un hombre “sumamente exaltado y con los ojos enrojecidos” que lo apuntó con un arma y que resultó ser un policía federal. Cilleruelo, que tiene antecedentes de denuncias por “aprietes” contra otros jefes policiales, aseguró que fue “amenazado de muerte e insultado” por cuatro policías vestidos de civil durante un aparente control vehicular en la avenida Cruz, cerca del barrio Lugano I y II. Voceros de la Policía Federal, consultados por Página/12, aseguraron en cambio que el episodio, ocurrido el 23 de abril, “sólo fue un control vehicular de rutina” y negaron que se hubieran producido amenazas. Según la Federal, los policías eran de la División Robos y Hurtos y efectivamente estaban de civil.

El día del hecho, el juez iba en un Volkswagen Polo en compañía de sus custodios de la Gendarmería Nacional por la avenida Cruz, en la mano que va hacia la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con lo que denunció el magistrado, fueron interceptados por cuatro hombres de civil que dijeron ser policías y que se movilizaban en un Peugeot sin identificación.

Luego de comunicarles que estaban haciendo un “control vehicular”, uno de los policías “sacó su pistola reglamentaria, les gritó ‘bájense’ y les advirtió que si no lo hacían los iban a matar”, relató a este diario una fuente judicial. El juez y los gendarmes se identificaron y a la vez pidieron que también lo hicieran quienes les apuntaban con sus armas. De acuerdo con la versión del juez, sólo lo hicieron dos de los policías, un subinspector de apellido Vegeta y el sargento primero Olivieri.

La denuncia fue radicada, en un primer momento, ante la comisaría 52ª de la Federal. El juez recalcó que ninguno de los policías llevaba uniforme y que el vehículo en el que se movilizaban carecía de “cualquier tipo de identificación visual que lo vinculara con una fuerza de seguridad”. Según el juez, cuando estaba en la seccional para exponer lo ocurrido, un oficial, “el subcomisario Priolo”, se comunicó con Gabriel Bustos, un secretario del fuero criminal que colabora con Cilleruelo, para pedirle que mediara para que el juez desistiera de la acción penal.

El juez Cilleruelo tiene como custodia a personal de la Gendarmería Nacional debido a que recibió amenazas desde que aportó datos a una investigación por la supuesta protección policial a prostíbulos de la Capital Federal. En su denuncia ante la comisaría 52ª, el magistrado dejó sentado que el jefe del operativo, cuyo nombre no se dio a conocer, estaba “sumamente exaltado, con los ojos vidriosos, enrojecidos y fuera de órbita” cuando los amenazó con su arma reglamentaria.

Los hechos ocurrieron en la avenida Cruz, cerca del cruce con la General Paz, en la parte posterior del colegio industrial Delpini. Uno de los gendarmes que custodiaban al juez explicó en voz alta que estaban con un magistrado, por lo cual uno de los policías cambió de actitud y les dijo: “Sigan, sigan”. Cilleruelo se negó a continuar y bajó del auto para discutir con los policías.

“Carecían de todo tipo de identificación a la vista, como ser gorras, chalecos o pectorales con la inscripción de la Policía Federal, vistiendo con ropa común pero desaliñada”, detalló el juez, tras cuestionar “la excesiva e injustificada violencia” de los policías, que le hizo presumir que “se trataba de un asalto”. Ahora, la causa tramita en el juzgado de instrucción a cargo de Ricardo Rongo.

En 2008, durante un viaje a Misiones, el juez Cilleruelo se puso en contacto con los padres de una chica secuestrada por una organización que la explotaba sexualmente en Buenos Aires. El caso tenía relación con un prostíbulo que funcionaba en el barrio porteño de Mataderos y que tenía, al parecer, la protección de policías de la comisaría 42ª.

La causa la llevaba el juez Norberto Oyarbide y fueron acusados por “encubrimiento” los policías Fabián Agustín Güidali, el subcomisario Angel Medina y dos sargentos de la 52ª. Cilleruelo, en su afán por ayudar a encontrar a la chica secuestrada, llamó al comisario Héctor Lucca, jefe de Güidali. Poco después recibió “varias llamadas amenazantes” de parte de Lucca. El juez lo denunció penalmente y desde entonces se mueve en forma permanente con una custodia de Gendarmería.