La Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad un proyecto de declaración impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) mediante el cual se declaró “política de Estado” a los juicios por crímenes de lesa humanidad que se llevan adelante en todo el país.

“En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo es menester reafirmar el repudio hacia las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del terrorismo de Estado y asegurar el proceso de verdad y justicia como una política de Estado de carácter irrenunciable que debe completarse en plazos razonables dentro del más absoluto respeto a las garantías del debido proceso. Esta política de memoria y justicia, que nos distingue hoy como país en la comunidad internacional, representa una bisagra ética fundamental del Estado de derecho que beneficia a la sociedad argentina en su conjunto”, señala la iniciativa.

El proyecto lleva las firmas de Horacio Verbitsky y Gastón Chillier, presidente y director ejecutivo del organismo de derechos humanos, y fue adoptado como propio por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, que preside la diputada de Libres del Sur Victoria Donda y cuyos vicepresidentes son Remo Carlotto, del Frente para la Victoria, y Elisa Carca, de la Coalición Cívica. La comisión, que también integran legisladores de la UCR, el GEN, el PRO, Nuevo Encuentro, SI, el socialismo y el Peronismo Federal, trató la propuesta el martes. En general, ante proyectos presentados por particulares, la práctica parlamentaria es que algún legislador lo tome como propio, pero, en este caso, la iniciativa fue adoptada por la misma Comisión de Derechos Humanos, un hecho que sólo registra un antecedente histórico.

En los fundamentos de la declaración se señala que “el valor de la igualdad ante la ley y el respeto a la dignidad humana forjaron un vínculo inquebrantable entre democracia y justicia durante la transición política en 1983. El trabajo de la Conadep y el Juicio a las Juntas no se limitaron sólo a la creación de evidencias, el conocimiento de lo sucedido y el juzgamiento de los máximos responsables, sino que contribuyó a la consolidación de los derechos humanos como pilares políticos de la restitución del Estado de derecho y como sustento ético del entramado social”. También se menciona la reapertura del proceso judicial con la declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y el impulso a las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, dado desde los tres poderes del Estado. Finalmente, se expresa que “el Bicentenario es una ocasión propicia para renovar esa voluntad política y reafirmar el camino emprendido por las instituciones democráticas. No se trata sólo de juzgar hechos atroces de nuestro pasado reciente como Nación, sino de establecer un acuerdo para nuestra convivencia futura sobre la base del respeto de los derechos básicos de las personas y de consolidar una política de Estado que está por encima de las banderías partidarias”.