Fue una sesión no traumática y express. En una hora y media, la Cámara de Diputados aprobó múltiples proyectos de resolución y declaración vinculados con los festejos del Bicentenario, incluido el repudio a la desaparición forzada de personas y las torturas promovida por el CELS, y dio media sanción a dos reformas de la Ley de Contrato de Trabajo sobre aumentos en las indemnizaciones por despido y para regular las modificaciones de la jornada laboral. Aunque la atención estuvo puesta en los 30 minutos dedicados a las preferencias para el tratamiento de distintos proyectos que enfrentarán una vez más a oficialistas y opositores: el peronista disidente Felipe Solá volvió a la carga por la rebaja a las retenciones agropecuarias; el radicalismo insistió en la reforma al Consejo de la Magistratura y el Indec y la limitación de los llamados superpoderes, y el socialismo por el reparto de los ATN a las provincias.

Casi todo fue aprobado por unanimidad. Salvo en las reformas laborales, donde el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, el kirchnerista Héctor Recalde, y el macrista Federico Pinedo tuvieron un debate mano a mano por el alcance de las modificaciones. Pinedo pidió mayores explicaciones a los fundamentos que exhibió Recalde, pero el abogado laboralista de la CGT prefirió no avanzar más: “renuncio a convencerlo”, porque estos temas –remarcó Recalde– “se resuelven con el corazón o con el bolsillo”. “No estoy en contra de la jornada laboral de ocho horas ni quiero volver atrás de 1890, pero adelanto mi voto en contra porque los argumentos no me convencen”, sostuvo Pinedo.

Con 166 votos a favor y 8 en contra se dio media sanción a la modificación a la Ley de Contrato de Trabajo que eleva un 50 por ciento las indemnizaciones para aquellos empresarios que judicialicen sin motivos el pago establecido por ley y del ciento por ciento donde los trabajadores que deben percibir las indemnizaciones no estuvieran debidamente registrados. La medida también alcanza a los estatutos especiales, como los de periodistas y encargados de edificios.

La otra modificación apunta a revertir la flexibilización laboral establecida en la década del ’90, cuando los empresarios podían modificar arbitrariamente las jornadas laborales de acuerdo con los altibajos de sus niveles de producción. Ahora, el proyecto –apoyado por 163 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones– establece que no se podrá modificar la jornada laboral si la misma no está comprendida en las leyes nacionales ni en los convenios colectivos de trabajo de cada rama y actividad.

Los 30 minutos previstos por reglamento para solicitar “preferencia” en el tratamiento de distintos proyectos fueron los que concentraron mayor interés. Las propuestas requeridas por los distintos bloques del entramado opositor anticiparon la llegada al recinto de iniciativas que volverán a enfrentar a oficialistas y opositores.

Solá retomó los reclamos ruralistas y pidió preferencia para los distintos proyectos que insisten en la rebaja en las retenciones a las exportaciones agrícolas, así como descentralizar el funcionamiento de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), impulsado por Francisco de Narváez.

El primero de los proyectos del peronismo anti K establece que los derechos de exportación sólo podrán ser fijados por ley del Congreso y elimina las retenciones a las exportaciones de maíz, trigo, girasol, sorgo, y a los productos lácteos, frutas, té y yerba mate. El otro apunta a sacar de la órbita del Gobierno el principal organismo de control del comercio agropecuario. Los diputados radicales y dirigentes de la Federación Agraria Ulises Forte y Pablo Orsolini impulsan la rebaja del 10 por ciento en todas las retenciones, incluida la soja, además de segmentación por niveles de producción.

En tanto, para la UCR las prioridades son la reforma del Consejo de la Magistratura y dotar de autonomía al Indec. El diputado Rubén Lanceta también incorporó la modificación al artículo 37 de la Ley de Administración Financiera que intenta limitar los “superpoderes” para reasignar partidas presupuestarias. El jefe del bloque K, Agustín Rossi, en el mismo sentido pidió preferencia a la media sanción del Senado –avalada por el oficialismo– que limita la reasignación de partidas al cinco por ciento del presupuesto. Mientras Proyecto Sur apunta a restringir aún más las facultades del jefe de Gabinete de ministros en la reasignación de partidas.

El socialismo, en sintonía con los senadores opositores, quiere prioridad para la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), después de que denunciaran que la provincia que gobierna, Santa Fe, no se vio favorecida con la decisión presidencial de utilizar esos recursos para el fondo de desendeudamiento provincial.

La Coalición Cívica propone aumentar y financiar la Asignación Universal por Hijo a través del Tesoro Nacional y no por la Anses, al mismo tiempo que plantea aumentar las jubilaciones por ley. Y el macrismo hizo propios los proyectos para controlar la publicidad oficial y el libre acceso a la información pública.

Aunque todas estas iniciativas deberán atravesar el debate en las distintas comisiones legislativas de la Cámara baja, la mayoría afrontará la resistencia del kirchnerismo que, a su vez, solicitó prioridad para el proyecto que apunta a implementar un nuevo régimen para el personal que trabaja en casas de familia, que la propia Presidenta anunció el Día Internacional de la Mujer, y que todavía no fue tratado en el recinto.