Asediado por los sectores financieros y bajo presión de los socios más fuertes de la Unión Europea –con Alemania a la cabeza–, el gobierno de España cedió a la demanda de aplicar un fuerte ajuste a su economía, con recortes en los sueldos públicos, la supresión del subsidio por nacimiento y reducción en la partida destinada a políticas de desarrollo. “Tenemos la responsabilidad de trasladar hacia afuera una imagen de solvencia”, fue el mensaje con el que José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno español, intentó justificar las duras medidas que apuntan a bajar un déficit público del 11 por ciento. Pero no logró evitar una andanada de críticas: de sus opositores políticos, que lo acusan de no haber tomado las medidas por decisión propia sino bajo presión, y de los representantes sindicales, que anticiparon que resistirán el paquete de ajuste.

La decisión de España refleja la tensión que genera en toda Europa la crisis de Grecia, para cuya economía se le aplicó un remedio similar. Muy cercano a los típicos ajustes comandados por el FMI en las décadas de los ’80 y los ’90 en América latina, el paquete de combate al déficit español contempla:

- Un recorte en los sueldos de los empleados públicos del 5 por ciento a partir de junio y su congelamiento durante 2011. Los salarios de los cargos más altos se rebajarán en un 15 por ciento.

- Se congelarán las jubilaciones, excepto las mínimas.

- Recorte de 600 millones de euros en la ayuda al desarrollo para este año y el próximo.

- Supresión del llamado “cheque bebé”, que desde 2007 otorgaba 2500 euros por cada nacimiento.

- Reducción en la inversión pública de 6000 millones de euros entre este año y el próximo.

El programa de ajuste, presentado por el presidente al Congreso, no descarta una suba de impuestos para las rentas más altas y una reforma laboral que elevaría la edad jubilatoria de los actuales 65 a los 67 años, según explicitó.

“Nadie podía prever que la semana pasada se produjera una crisis como la que se produjo en los mercados de valores”, argumentó Rodríguez Zapatero, admitiendo que el duro ajuste sobre el sector público es consecuencia directa del terror impuesto por los movimientos especulativos en las plazas bursátiles. El desequilibrio fiscal y la inminencia de una cesación de pagos de la deuda en Grecia llevaron a la Unión Europea, la semana pasada, a lanzar primero un plan de rescate a dicho país que podría arrastrarlo a una dura recesión, pero con garantía de cumplimiento con los acreedores. Posteriormente, la UE intentó extender esa misma malla de contención a toda la zona euro (16 países que utilizan la moneda común), disponiendo compromisos por 750 mil millones de euros para socorrer a países en crisis de balanza de pagos, siempre que se sometieran a las drásticas medidas de ajuste del recetario fondomonetarista.

España, que los especuladores miraban como el próximo territorio a atacar después de Grecia, prometió en el fin de semana “acelerar” la reducción del déficit, que ya había previsto bajar del 11,2 por ciento del PIB en 2009 a 9,8 por ciento este año, para llevarlo al 7,5 por ciento en 2011. Ayer, con el paquete que lanzó Rodríguez Zapatero, presume que el porcentaje de déficit de este año podrá reducirse a 9,3 (en cinco décimas) y en 2011, a seis por ciento (un punto y medio). Según el presidente español, el impacto de este ajuste sobre el crecimiento económico solamente afectará “en unas décimas” el alza del PIB previsto para 2011, del 1,8 por ciento, por el menor consumo.

España había logrado frenar en el primer trimestre de este año la caída en picada de su economía, con una evolución favorable del 0,1 por ciento respecto del cuarto trimestre de 2009. Pero se mantiene con una tasa de desempleo que ronda el 20 por ciento. Si el efecto recesivo del recorte de salarios públicos, subsidios a las familias y de inversión pública provoca el efecto demostrado por similares ajustes en otros países, el golpe será mucho más grave. Para peor, nada garantiza que con ello se “calmen” los mercados.

La banca, los organismos internacionales de crédito como el FMI y varios integrantes de la Comisión Europea aplaudieron las medidas, como era de esperar. En cambio, las Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores (UGT) anticiparon su rechazo al plan y convocarán a medidas de fuerza para evitar que se materialice. Acusaron al gobierno de haber efectuado “un giro antisocial” y no descartaron el llamado a una huelga general coordinada por las dos centrales.

Otro tinte dramático a la situación se lo aportó la Comisión Europea, organismo de administración y control de la Unión Europea. Presentó su propia receta para prevenir futuras crisis, que incluye un endurecimiento de las sanciones a los países con déficit públicos reincidentes y la obligación de envío de los presupuestos nacionales a Bruselas –sede de la Comisión Europea– para ser evaluados antes de su tratamiento en los respectivos parlamentos.

Como si la historia en otros continentes no les hubiera enseñado nada, Europa avanza decidida hacia donde la empujan los capitales especulativos.