El arte de pinchar teléfonos se cultiva en Misiones como la yerba mate. La causa de las escuchas en la que quedó procesado Mauricio Macri permitió revelar que no sólo hay damnificados particulares como Sergio Burstein, Carlos Avila y hasta el propio cuñado del jefe de Gobierno porteño, Néstor Leonardo. Un sindicato local, la Asociación del Personal Legislativo (APL), tenía intervenida su línea por decisión del juez Horacio Gallardo y, según sus dirigentes, detrás de la maniobra “debe haber alguien muy poderoso”. En el gremio, acaso por temor, prefieren no mencionarlo. Nadie cree que Mauricio Macri se haya interesado en sus conversaciones, pero sí suponen que Carlos Eduardo Rovira, el político que encarna el verdadero poder en la provincia –aun por encima del propio gobernador, Maurice Closs– pueda ser el presunto autor intelectual.

La sede del gremio está custodiada por un agente de la Policía Federal. Es una pequeña vivienda de la calle Pedernera, en Posadas, donde Estela Figueredo, su secretaria general, recibe a Página/12 junto a un grupo de cuatro compañeros. La dirigente del único sindicato con representación en la Legislatura que preside Rovira cuenta cómo se iniciaron las escuchas al teléfono de la APL: “El juez Gallardo y la fiscal Amalia Spinatto firmaron el pedido de intervención el 27 de agosto de 2009. Estuvimos así hasta diciembre, según me comentó el doctor Oyarbide. Nosotros nos enteramos primero por los medios periodísticos. Cuando tomamos contacto con la causa, nos exhibieron allá un informe de la SIDE, donde estábamos en una planilla, con otros tantos teléfonos, como APL Misiones, Beato Roque González 898, una dirección anterior”.

El hecho tiene una gravedad institucional inusitada. La decisión de espiar a una organización de trabajadores no es nueva. En la Argentina, un antecedente reciente fue denunciado por el ex jefe de Seguridad de Metrovías, Humberto Cisneros, el 9 de noviembre de 2009. Responsabilizó a la empresa por pinchar los teléfonos de delegados del nuevo sindicato que está enfrentado con la UTA y admitió que a él mismo le pedían que persiguiera a uno de los referentes de aquel gremio, Néstor Segovia.

La patronal, en este caso, es la Legislatura misionera. Y se sabe quién está al frente de la Cámara de Diputados. Figueredo, una mujer joven y de mirada serena, coloca sobre el escritorio una nota de la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina (Felra) que dice: “... este cuerpo federativo se solidariza con la lucha de los compañeros de APL Misiones, que a partir de este momento es nuestra lucha, y exigimos que se investigue esta causa hasta las últimas consecuencias, puesto que vulnera el derecho a la intimidad de las personas, como así también se involucran en la vida interna de la institución que representa a los trabajadores legislativos”.

El escrito le solicita al titular de la Legislatura que tome medidas “para resguardar la seguridad e integridad de nuestros compañeros”, aunque en el sindicato no por eso se quedan de brazos cruzados. Otra nota redactada por personal jerárquico de Diputados acusa a Figueredo de pretender vincular “maliciosamente al presidente de la Cámara, desconociendo la mayoría del personal la representatividad gremial de la actual conducción (por APL), en virtud de que hace tres años consecutivos, en un proceso histórico para los trabajadores legislativos, iniciamos un camino de reivindicaciones legítimas. Todas y cada una de ellas de la mano del ingeniero Carlos Rovira...”.

Guillermo Ortega, secretario de Asuntos Laborales de APL, comenta que no puede asegurar quién tiene interés en escuchar lo que se dice en un sindicato de 500 afiliados, que se sostiene como puede vendiendo empanadas y al que la Cámara de Diputados le debe ocho meses de aportes sindicales. “No-sotros no tenemos certeza de nadie. Cada uno individualmente puede hacer la evaluación que le parezca. Pero es evidente que detrás del juez que fue preso hay alguien muy poderoso. Alguien que posee el poder político suficiente para hacerlo”, señala. Todo el trámite de las escuchas se desprende de un expediente dormido que data de 2001 y en el cual la Justicia investigaba la desaparición de una criatura que se disputaban dos padres.

Figueredo afirma que “nos quieren asociar con Puerta y con Macri para ensuciarnos”, y confiesa tener miedo por su seguridad y la de sus compañeros. Cuando se fundó la APL en 2003 –agrega–, “no-

sotros comenzábamos en el trabajo de defensa de los asociados y tratamos de mantener el sindicato. Esa lucha se cobró la vida de un compañero, el Chino Esquivel, que murió de un paro cardíaco porque sufríamos persecuciones en la Cámara. Había un decreto, el 181 en ese momento, que decía que no podíamos reunirnos en las instalaciones de la Legislatura y que debíamos pedir permiso. Tenemos una nota donde les pedían a los jefes de personal que informen sobre los compañeros que iban a las asambleas del gremio. El actual jefe de Seguridad perseguía a la gente y decía que más de tres personas no podían reunirse. De esto puede dar fe la Felra, que en ese momento se acercaba para colaborar”.

La APL está encuadrada en aquella organización a cuyo frente se encuentra Norberto Domingo Di Próspero, del Congreso nacional. La Felra responde a la CGT, aunque el pequeño gremio misionero tiene más afinidades políticas con la CTA. Su secretaria general recuerda que los problemas serios comenzaron “durante la gobernación de Rovira, ya que nosotros, porque cerraron la Legislatura, terminamos votando en una carpa ayudados por gremios estatales, camioneros, la CTA, de todo lo cual hay imágenes... Fue realmente lamentable, y aun con todo eso en contra logramos el 75 por ciento de los votos de nuestros compañeros afiliados”. La APL posee la inscripción gremial, pero todavía no consiguió la personería. Un empleado legislativo cobra en Misiones unos dos mil pesos aunque, como dice Ortega, “nos aumentaron los sueldos en los últimos tres años por presión del sindicato. Llevábamos dieciséis años sin un incremento. Teníamos 88 pesos de básico en ese momento. Hoy estamos con 588”.

Los trabajadores del sindicato denuncian que están en la mira de un puñado de diputados provinciales oficialistas, liderados por Alberto Tito Alvarez y Joaquín Quincho Sánchez. Es más: el primero sostiene que denunció a Figueredo “porque estamos cansados de las calumnias”. Como fuere, en Misiones se sospecha que quien ordenó la pinchadura del teléfono sería la fiscal Spinatto, prima hermana de Ramón Puerta, un dato que si se analiza políticamente da por tierra con la especulación de que detrás de la cúpula de APL se mueve el ex gobernador, socio e íntimo amigo de Macri. Figueredo, mientras tanto, se respalda en Oyarbide. “El juez nos tomó una declaración testimonial. Quería saber exactamente qué tipo de gremio somos nosotros, cuántos somos. Le respondimos y le contamos lo que venimos denunciando ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Hace muy poco tiempo presentamos también una denuncia por práctica desleal contra la Cámara de Diputados y hasta ahora no nos respondieron absolutamente nada. Seguiremos en esa vía. También estamos preparando documentación para la OIT.”

Cuando la APL describió lo que pasaba en Misiones con las escuchas al teléfono de su sede en un encuentro reciente en el Chaco, los dirigentes de otros sindicatos afines se mostraron sorprendidos. “Hubo un silencio total para escuchar lo que nos pasaba. Dijimos que estábamos en una causa nacional, con dos jueces destituidos, en el caso de Ciro James y con un delito probado, más allá del tema político”, concluyó la sindicalista que es tan querellante en la causa de las escuchas como Burstein, el representante de los familiares de la AMIA, y el empresario Avila.