El corte de la ruta 136 en Arroyo Verde no se levanta. La decisión fue ratificada ayer por unanimidad en una concurrida asamblea ampliada convocada por los ambientalistas de Gualeguaychú. Al mismo tiempo, los asambleístas endurecieron su postura y prometieron volver a llevar adelante acciones sorpresivas en el marco de su reclamo por la erradicación de la pastera UPM (ex Botnia). El núcleo duro de la asamblea se negó siquiera a someter a debate cualquier propuesta que tuviera que ver con la flexibilización del corte y se volvieron a mostrar críticos con el gobierno nacional y con el de Uruguay. Otro grupo de vecinos, que se declaran en contra del mantenimiento del bloqueo, desistieron de participar de la convocatoria para evitar enfrentamientos. Los abogados de la Asamblea Ciudadana deberán ahora evaluar si es posible además entablar una demanda colectiva contra el Ejecutivo, la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” –que fue aprobada por mayoría–.

Cuando apenas se conoció el fallo del Tribunal Internacional de La Haya varios asambleístas expresaron que, con el veredicto, el conflicto lejos de solucionarse se había agravado. Ayer, en la primera convocatoria ampliada de la asamblea tras el dictamen, alrededor de mil vecinos respaldaron las acciones llevadas a cabo por los ambientalistas, corte de ruta incluido, lo que termina echando por tierra las esperanzas que se guardaban en ambas orillas sobre un posible levantamiento del bloqueo. El segundo objetivo era definir una batería de acciones en respuesta a un fallo que calificaron como “malo, arbitrario y ambivalente”.

La fría y gris tarde de domingo en Gualeguaychú retrasó el arribo de los vecinos al club Juventud Unida, sede de la reunión que comenzó pasadas las 15.30. En la cancha de básquet con capacidad para cinco mil personas, los asistentes se fueron ubicando en las gradas y en sillas de plástico dispuestas sobre el campo de juego. En uno de los vértices, una pantalla gigante serviría para presentar una síntesis de las pruebas que la Cancillería argentina aportó al juicio realizado en la Corte de La Haya. A través de ella también se ordenó la participación de los oradores y se organizó el debate. Menos de la mitad de la concurrencia logró aguantar hasta el final de la reunión, que se extendió más de cuatro horas. El tanteador que se utiliza durante los partidos sirvió para cronometrar las intervenciones de tres minutos para cada uno: una bocina marcaba que el orador tenía dos minutos adicionales, tras lo cual, si aún continuaba hablando, una chicharra ensordecedora lo silenciaba. Tres coordinadores y ocho veedores estaban apostados para garantizar el normal desarrollo de las votaciones. Alrededor de todo el recinto, los habituales carteles y pasacalles estaban desplegados: “Si tocan el corte nos tocan a todos”, rezaba uno, como advertencia de lo que finalmente se resolvería.

En aire y agua

La primera media hora de la asamblea estuvo dedicada a que un equipo técnico explicara cuáles habían sido los estudios que la Secretaría de Medio Ambiente había llevado adelante en conjunto con los laboratorios de las universidades de Buenos Aires y La Plata. La presentación intentó dar cuenta de los puntos clave que no fueron tenidos en cuenta por el fallo. El propósito fue mostrar cómo UPM-Botnia había sido responsable de introducir cambios en el ecosistema de la cuenca fluvial. Con una crítica explícita hacia La Haya por declararse incompetente en lo que a contaminación del aire se refiere, el equipo de profesionales destacó los 78 episodios registrados en la ciudad en un lapso de nueve meses, en los que se habían registrado malos olores fruto de la actividad de la pastera, así como los episodios de derrame de efluentes líquidos. Para los técnicos, había una sola explicación: los componentes encontrados en aire y en agua provenían del proceso de tratamiento de la pasta de celulosa que se produce en la planta en Fray Bentos. “Estas pruebas permitirán llevar el reclamo por el aire contaminado a otro tribunal internacional”, concluyeron, optimistas. Los abogados que los sucedieron en la charla se expresaron en el mismo sentido.

Tras dos horas de exposición, la palabra “corte” no había sido siquiera mencionada. El núcleo más duro de los ambientalistas había anticipado a Página/12 que no serían ellos quienes propondrían someter a votación la continuidad del bloqueo. Fue así como la polémica se encendió cuando uno de los integrantes de la asamblea, Eduardo Simón, propuso en pos de “concientizar” a los habitantes de Fray Bentos y de todo el Uruguay, llevar adelante una suerte de flexibilización de la medida que –a través de un cartel limitador de altura para impedir el paso de camiones y micros– permitiera la circulación de autos en ambos sentidos los fines de semana. La iniciativa generó algunos tímidos aplausos desde el fondo del salón, pero cuando estaba a punto de someterse a votación, Juan Carlos Barrios pidió una moción de orden para detener lo que se estaba por dirimir. Barrios había sido el octavo orador y había impulsado “reafirmar todas las acciones (llevadas a cabo por la asamblea) e incrementarlas con hechos nuevos”, pero además, “la ratificación de las acciones que se llevaron adelante hasta el día de hoy, sin modificaciones”. Esta última parte trajo confusión, ya que Barrios sostuvo que la propuesta flexibilizadora era redundante con la suya que había sido aprobada por mayoría. En diálogo con este diario, Barrios afirmó que su intención fue eludir hablar explícitamente del corte, pero a la vez “asegurar” su continuidad. Esta discusión generó algunos escarceos entre los asambleístas que, por un lado, sostenían la revisión de lo que se había votado antes, y por el otro, interpretaban que no era necesario y que esa propuesta abarcaba el corte. Finalmente, tras un cuarto intermedio, no se volvió atrás y la propuesta moderada naufragó sin llegar a ser votada.

Factor sorpresa

Después del episodio, la asambleísta Silvia Echavarría propuso no evitar el tema: “El corte de Arroyo Verde nos representa”, afirmó tras lo cual no solo se votó su continuidad, sino que se aprobaron refuerzos en las guardias y en las condiciones en las que hoy se lleva a cabo. Antes, los vecinos consideraron apropiado retomar las acciones sorpresivas para manifestarse contra la planta –suspendidas ante el proceso que se seguía en La Haya–, pero dentro del marco de la comisión de acciones de la asamblea, para evitar las “acciones secretas” que ya habían sido erradicadas. Promediando el debate, la asambleísta Natacha Crimella lanzó una iniciativa para demandar de manera colectiva al gobierno nacional, a la Secretaría de Medio Ambiente y a la CARU por “mal desempeño, ineficacia e inoperancia como funcionario público”. La moción fue votada por mayoría, aunque sorprendió la cantidad de abstenciones que superaba ampliamente a las que habían expresado su aprobación. El tema pasará al área legal de la asamblea, que evaluará su viabilidad.

La asamblea ampliada fue reconvocada para dentro de 60 días. Intensificar las reuniones con distintos credos de Argentina y Uruguay; realizar una caravana a lo largo de la ruta 14 el domingo 30; y abrir una comisión de seguimiento del corte Arroyo Verde fueron ideas que cosecharon apoyos, igual que el reclamo de que aumenten los peajes con destino a Uruguay. “Les pido que sigan luchando”, exhortó la ambientalista uruguaya Delia Villalba dirigiéndose a la multitud y con severas críticas a las autoridades de su país, muy aplaudidas. “El día que el gobierno exprese que su objetivo coincide con el de la lucha” de los asambleístas por la erradicación de la pastera, “ese día nos reuniremos y decidiremos si están dadas las condiciones para un cambio de rumbo”, concluyó el asambleísta Martín Alazard, a manera de resumen del mensaje que ayer enviaron los ambientalistas.

Informe: Gabriel Morini.