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Por Raúl Kollmann y Felipe Yapur

Siete de cada diez tucumanos consideran que la fe religiosa no debe ser obstáculo para la elección del futuro gobernador. En cambio, el 28 por ciento de los habitantes de la provincia se inclinan por la postura de que el mandatario provincial debe ser católico apostólico romano. La encuesta apunta a la gran polémica que se desató en Tucumán –y que ayer amplificó Página/12– a partir de declaraciones del arzobispo Luis Villalba, quien el sábado pasado prácticamente vetó al candidato justicialista mejor ubicado en los sondeos, José Alperovich, quien profesa la religión judía. “No puedo creer que en este siglo, con los problemas que se viven en nuestra provincia y con 17 chicos muertos por desnutrición, alguien trate de hacer discriminación racial. Voy a hablar personalmente con monseñor Villalba”, dijo ayer Alperovich.
El debate sobre la confesión religiosa no abarca únicamente al arzobispo. Pablo Calvetti, integrante de la conducción del partido del ex general Domingo Bussi, también respaldó el veto a Alperovich: “La Constitución tucumana respeta una vieja tradición, ya que el 98 por ciento de la población tucumana profesa la religión católica. Al arzobispo le tendieron una cama. Le preguntaron algo que está en la Constitución y ahora salieron a decir que la Iglesia se opone a que Alperovich sea candidato. No es así. La Iglesia no se opone, sino que simplemente la ley lo dispone y hay que cumplirla, guste o no”.
En verdad, la polémica ya se había hecho intensa al principio de la semana. El secretario general del PJ, Antonio Guerrero, sostuvo que “el Pacto de San José de Costa Rica tiene rango Constitucional y establece que a ningún ciudadano se le puede negar el acceso a un cargo en virtud de su fe religiosa. Ese Pacto está por encima de la norma tucumana”. Calvetti contestó con una frase elocuente: “Si seguimos el razonamiento de Guerrero, hasta un insano podría ser candidato a gobernador”.
La encuesta que revela que el 70 por ciento de los tucumanos opina que el gobernador puede profesar cualquier religión, mientras que el 28 afirma que tiene que ser católico, fue realizada por la conocida consultora Hugo Haime y Asociados, que entrevistó a 790 habitantes de la provincia. En el trabajo se respetaron las proporciones por edad, sexo y nivel económico-social. Entre los adherentes al justicialismo el 64 por ciento considera que la religión no puede ser obstáculo para ser gobernador, mientras que el 29 por ciento insiste en que el mandatario provincial tiene que ser católico. Esto sale al cruce de lo afirmado por Alberto Herrera, un diputado nacional del PJ, quien también adhiere al veto a Alperovich: “El candidato tiene que ser católico como los 180.000 afiliados del PJ”.
En verdad, la Constitución no establece taxativamente que el gobernador tiene que profesar la fe católica apostólica romana, sino que debe ser mayor de 30 años y tener una residencia continua en la provincia en los dos años anteriores a la elección. Sin embargo, la condición que se pone al mandatario provincial es que debe jurar, sí o sí, por Dios, la Patria y los Santos Evangelios. Con ello, de hecho se le pone un veto a cualquier judío, musulmán o creyente de otras religiones.
Ayer, Alperovich le dijo al programa “El Exprimidor” que recurrirá a la Justicia para que declare inconstitucional el artículo de la Constitución tucumana que obliga a jurar por los Santos Evangelios. El candidato hará una presentación ante la Corte Suprema en caso de ganar las elecciones.
En este terreno, hubo dos constitucionalistas tucumanos que sostuvieron posturas antagónicas respecto del problema creado. El profesor Oscar Flores, titular de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Tucumán aseguró que el artículo 80 de la Constitución provincial –que es el artículo que obliga al juramento con esa fórmula– es inconstitucional. “Es una exigencia que choca con el Pacto de San José de Costa Rica, que sostiene que los ciudadanos tienen derecho a ser elegidos sin ningún tipo de distinciones de raza, color, sexo o idioma. Alperovich debe presentarsea la Justicia y plantear una acción declarativa de inconstitucionalidad del artículo 80”.
Una posición distinta es la del profesor Luis Iriarte, también constitucionalista. “Rechazo la acusación de discriminadores que nos hacen a quienes, a través de ciertas normas, defendemos nuestra identidad hispánica y católica. No me imagino a Alperovich asistiendo a solemnes Tedeum en la Iglesia, en los actos patrios. La Constitución indica claramente que tanto en el orden nacional como en el provincial existe libertad, pero no igualdad de cultos.”
Alperovich fue durante dos años ministro de Economía del gobierno del justicialista Julio Miranda y luego ganó la elección de senador. Se lo cuestiona por haber utilizado fondos destinados a programas sociales para otros fines, como gastos de la administración o sueldos de estatales. “Yo reconozco la responsabilidad que me cabe en la gravísima crisis que castiga a la provincia de Tucumán. Ningún dirigente puede decir que no es responsable. Pero no hay una sola acusación en mi contra, fui implacable con respecto a los fondos que venían de la Nación y si hubiera alguna imputación por corrupción no hubiera seguido siendo senador”. Alperovich tiene el apoyo del cuestionado gobernador Miranda y parece el favorito del matrimonio presidencial, a tal punto que Chiche Duhalde vivió en casa de Alperovich cuando recientemente viajó a Tucumán para encabezar el llamado Operativo Rescate.