Desde Gualeguaychú

La furia y la angustia se apoderaron anoche de los integrantes de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú al escuchar la conferencia de prensa del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que les anunciaba que el Gobierno había decidido formar parte de la querella penal e iniciar una demanda civil, a causa de su resistencia a levantar el bloqueo en Arroyo Verde. Durante una jornada tensa que desde temprano estuvo marcada por las constantes versiones de un operativo puesto en marcha por la Gendarmería para desalojarlos, el día terminó con un golpe para los ambientalistas, del que acusaron recibo. “Nos sentimos traicionados, abandonados y agredidos por nuestro propio gobierno”, aseguraron tras percatarse de la gravedad de la escalada que los ponía ante la incertidumbre de tener que rendir cuentas de manera individual ante la Justicia. “Esto es peor que si nos hubieran mandado a los gendarmes”, se lamentaban. En la mente de ninguno de los activistas existía siquiera la posibilidad de una medida de ese tenor. A última hora de ayer, aún en el kilómetro 28 de la ruta 136 decidieron, reunidos en asamblea, manifestarse hoy al mediodía frente a la Municipalidad para exigir explicaciones al intendente local Juan José Bahillo acerca de la postura adoptada por el Poder Ejecutivo. Un documento en respaldo al accionar de la Asamblea y en respuesta a lo anunciado por el jefe de Ministros se plasmará luego de esa reunión. El levantamiento del corte no fue puesto en cuestión en ningún momento, aunque el futuro judicial de los que durante más de tres años lo llevaron adelante quedó en primer plano.

“Nos sentimos solos y agredidos por nuestro propio gobierno”, apuntó Martín Alazard, uno de los asambleístas que tal vez integre la lista de los señalados por el Gobierno. Fernández “se transformó en el ejecutor de una política represiva”, aseguró al coincidir con varios de los integrantes del espacio en que lo lamentable es que el conflicto por la operatoria de la pastera UPM hubiera quedado al margen. “Hay una persecución judicial”, “es un acto de traición”, afirmaban algunos. Los mismos que apenas culminó la conferencia de prensa en la que se realizó el anuncio y que fue presenciada por un centenar de activistas a la vera de la ruta hicieron blanco con sus insultos en el jefe de Gabinete. De allí en más todo fue nerviosismo y cruces telefónicos con los abogados de la asamblea. Algunos grupos intentaban bromear con la posibilidad de ir presos, otros no podían disimular su angustia al saberse dentro del listado de los posibles demandados. La resignación se adueñó de la mayoría. La asamblea semanal prevista para una hora más tarde en Arroyo Verde fue el epicentro de la catarsis, y allí se oyeron discursos de todos los calibres.

Las últimas horas fueron vertiginosas. Desde la publicación del fallo del juez de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, los ojos estaban puestos en la forma en la que la Gendarmería llevaría adelante la instrucción. El dedo acusador apuntaba a la agrupación Ciudadanos Movilizados que había logrado con su denuncia devolver el bloqueo en Arroyo Verde a un estado de ilegalidad. Temprano en la mañana el mismo secretario penal del juzgado, José María Barrazza, explicó a Página/12 que a su entender el dictamen era claro en apuntar que se estaba “ante un delito flagrante” –por la continuidad del bloqueo de manera constante– y que “ni siquiera hubiera sido necesario liberar los oficios” a la fuerza de seguridad. En cuestión de horas, la situación cambiaría radicalmente.

La vigilia en la guardia nocturna de Arroyo Verde encontró a la Asamblea Ciudadana en una tensa calma a la espera de la notificación oficial. Lejos de la paranoia de la noche del lunes donde los asambleístas intercambiaron mensajes de texto ante un eventual arribo sorpresivo de la Gendarmería, la guardia nocturna en Arroyo Verde se desarrolló sin sobresaltos. Página/12 pasó la noche junto a los ambientalistas que aguardaban con impaciencia la supuesta llegada de la comitiva que debía comunicarles lo dispuesto por el juez. “Si no nos sacan hoy (por ayer), no nos sacan más”, reflexionaron como para tomar nuevas fuerzas ante la incertidumbre que les generaban las declaraciones del Gobierno acerca de cómo cumplirían con la orden de liberar la ruta sin reprimirlos.

El frío calaba los huesos en el kilómetro 28 de la ruta 136, donde una treintena de activistas permanecieron en vigilia. Algunos soportaron la espera durmiendo dentro de los autos y otros apoltronados en sillas de plástico al calor de una salamandra en el puesto de resistencia edificado en Arroyo Verde. La mayoría intentaba mantenerse despierta a fuerza de rondas de mate, café y bizcochos. En el transcurso de la noche, entraban algunos y salían otros.

Con la televisión a todo volumen clavada en los canales de noticias, la charla se interrumpía para escuchar las noticias cada vez que se mencionaba la situación legal del bloqueo. Los que estaban haciendo crucigramas levantaban la vista y los que salían a fumar un cigarrillo entraban prestos. A modo de respuesta a los titulares de los diarios que consignaban que la Gendarmería liberaría la ruta en las siguientes horas, más de uno desafiaba: “¡Que vengan, que vengan!”. Los hombres de verde jamás llegaron a hacerse presentes en el lugar.

Esas mismas treinta personas aguardaron la llegada de más asambleístas que poco a poco se fueron sumando cuando empezaba a clarear. Al mediodía la concurrencia estaba cercana a las 400 personas que se paseaban charlando y especulando acerca de si finalmente la Gendarmería se haría presente para notificarlos del fallo. Hubo dos falsas alarmas y varias cadenas de mensajes se dispararon a la ciudad para atraer mayor concurrencia. Pasaban las horas y no había noticias ciertas, sólo rumores. Nerviosos, los ambientalistas armaban reuniones privadas en el refugio sin la presencia periodística para delinear estrategias ante los esperados visitantes. Todo ello fue en vano. Cerca de las cinco de la tarde, la asistencia comenzó a mermar. Llegó a circular la información de que ni los oficiales de Justicia se harían presentes en el lugar. Confiados, algunos comenzaban a creer que la “torpeza política” del Gobierno de no haber aprovechado la ocasión de tomar una acción concreta los iba a fortalecer. Minutos después de las 18, cuando dentro del refugio un centenar de vecinos se dispuso a escuchar las palabras del ministro lanzando una contraofensiva judicial, sus caras evidenciaron el desconcierto ante la medida menos esperada.

Informe: Gabriel Morini.