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Familiares, amigos, vecinos y militantes de organizaciones sociales y partidos de izquierda recordaron con una multitudinaria marcha el primer aniversario de la masacre ocurrida en una estación de servicio de Floresta, en la que tres jóvenes (Maximiliano Tasca, de 25 años; Cristian Gómez, de 25, y Adrián Matassa, de 23), fueron asesinados brutalmente por un policía retirado.
El recordatorio comenzó por la mañana con una misa celebrada en la iglesia de La Candelaria, en Floresta, y se extendió hasta a las siete de la tarde, bajo la lluvia, con un minuto de silencio simbólico, una suelta de 2 mil globos negros y tres palomas blancas más una caminata por las calles del barrio.
La procesión fue encabezada por los padres de las víctimas, quienes portaron una bandera con la leyenda “Fusilados” y los rostros de sus hijos. “Pido que este asesino se pudra en la cárcel, que tenga una condena, que sea la de prisión perpetua”, reclamó Omar Tasca, padre de uno de los jóvenes.
El hecho ocurrió la madrugada del 29 de diciembre de 2001, en la esquina de la avenida Gaona y Bahía Blanca, unos días después de la renuncia de De la Rúa y en las horas previas a la renuncia del entonces presidente interino Adolfo Rodríguez Saá, mientras en el centro porteño se sucedían incidentes entre manifestantes y policías que los reprimían.
Maximiliano, Cristian y Adrián fueron muertos por Juan de Dios Velaztiqui, custodio de una estación de servicios, quien les disparó al escuchar que los chicos aprobaban las imágenes televisivas en las que un grupo de manifestantes golpeaba a un uniformado.
“Era hora de que le pegaran”, dijo uno de los jóvenes cuando la televisión mostraba los disturbios, ante lo que Velaztiqui dijo “basta”, desenfundó su arma, se acercó a Maximiliano y le disparó a la cabeza. Inmediatamente después hizo lo mismo con Cristian; cuando Adrián intentó escapar le disparó y provocándoles heridas que derivaron en su muerte poco después en un hospital cercano.
Velaztiqui fue procesado con prisión preventiva y sus bienes embargados por un monto de tres millones de pesos, de acuerdo con la decisión del juez Ricardo Warley, confirmada por la Cámara del Crimen. El fiscal Luis María Bunge Campos pidió la elevación de la causa a juicio oral y público.