La jueza Sandra Arroyo Salgado aceptó ayer dos escritos de amicus curiae presentados en la causa en la que se investiga si Marcela y Felipe Noble Herrera, adoptados por la dueña de Clarín, son hijos de desaparecidos.

Se trata de los aportes de reconocidos científicos y de expertos juristas nacionales y extranjeros. En ambos casos se respalda la tarea del Banco Nacional de Datos Genéticos.

El primer escrito fue firmado por los científicos Alberto Kornblihtt, María Mercedes Lojo, Diego Golombek, Alberto Díaz y Alejandro Rubén Darío Krimer. El segundo, por el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier; el presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), David Baigún; Gustavo Maurino, director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); Eduardo Tavani, presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA); Beinusz Szmukler y Ernesto Moreau, presidente y presidente de la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas (AAJ); Liliana Tojo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil); la presidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Souhayr Velasen; el ex presidente de la CIDH Juan Méndez y Leonardo Filippini, investigador del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y profesor de la Universidad de Palermo y San Andrés.

En este último se explica que el organismo creado en 1987 es una de las respuestas más eficaces que tiene el Estado argentino para reparar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la última dictadura. De acuerdo con el dictamen, numerosos organismos internacionales “lo identifican como la herramienta por antonomasia para garantizar el derecho a la verdad de aquellas familias diezmadas por el accionar estatal represivo”. Además, asegura el texto, el BNDG le permite al Estado cumplir con su obligación de investigar, juzgar y sancionar crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, el amicus explica que, desde su fundación, el Banco “implicó un novedoso y necesario método de reparación a las gravísimas violaciones masivas de derechos humanos durante la última dictadura” y que su acción ha sido reconocida por numerosas instituciones de prestigio internacional.

Los expertos en biología y genética, por su parte, señalaron que “no hay forma de fraguar los resultados” de ADN “ya que son obtenidos de forma automatizada y la información queda documentada electrónicamente”. Agregaron que “los perfiles de los individuos objeto de prueba pueden ser reproducidos tantas veces como se requiera. De este modo, la veracidad de los resultados puede ser confirmada por cualquiera de las partes en litigio”.

Los juristas recordaron que en 1988 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaba que “la creación de este archivo es la culminación de una exitosa colaboración entre los científicos más avanzados en el campo de la genética y el gobierno y la Justicia argentina”. Y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que los Estados afectados por crímenes de lesa humanidad deben crear un sistema de registro de información genética que “permita la determinación y esclarecimiento de la filiación de los niños desaparecidos y su identificación”. Aun más, ejemplificaron que “la Corte Interamericana identificó como medida de reparación de hechos vinculados con la detención, secuestro y apropiación de niños en Guatemala y El Salvador el establecimiento de un Banco Nacional de Datos Genéticos, como el que existe en nuestro país”. Más recientemente, el Comité de Derechos de Naciones Unidades “también se refirió al BNDG de modo positivo” y mostró su “agrado” por la creación del Banco y la formación de la Unidad Especial de Investigación en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi).

La jueza incorporó ayer estos escritos, elaborados en calidad de amicus curiae (amigos del tribunal) al expediente del caso Noble.