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Argentinos y uruguayos volvieron a usar, por primera vez tras el fallo de la Corte de La Haya, el mecanismo de consulta previa a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para los proyectos que puedan producir un perjuicio sensible al río. En un gesto de la voluntad de recomponer las relaciones, los representantes de ambos países ante la CARU están sometiendo al mecanismo de consulta la construcción de una costanera en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay. Las obras no son de gran tamaño, pero están vinculadas con el río y, como marca el Estatuto del Río Uruguay, deben recibir la aprobación del país vecino para poder concretarse. Este sistema de consulta es el que el Uruguay se salteó al habilitar la construcción de Botnia-UPM, generando el conflicto por la pastera.

La noticia fue confirmada por la gobernación de Sergio Urribarri, donde la consideraron como un paso “importante por la actitud de someter el proyecto a la autorización de la otra parte”.

La CARU es un organismo binacional formado por cinco integrantes argentinos, presididos por Hernán Orduna, y cinco uruguayos, encabezados por Eugenio Lorenzo. Se reúne todos los meses. La Corte de La Haya, tras señalar que Uruguay incumplió el Estatuto del Río Uruguay al no haber pedido la autorización para instalar Botnia, ratificó a la CARU como el organismo a través del cual se debe realizar la vigilancia de Botnia-UPM.

El proyecto de la costanera de Concepción del Uruguay había sido enviado por la Cancillería a la CARU en abril, antes de queCristina Kirchner y José Mujica llegaran a un acuerdo para recomponer las relaciones bilaterales. Los representantes uruguayos hicieron ayer una primera devolución del proyecto, planteando que no tienen objeciones aunque con un pedido de información extra. La última vez que se había implementado el mecanismo de consulta previa fue en 1990, cuando la Argentina quiso construir la represa de Garabí. La delegación uruguaya de la CARU rechazó el proyecto, que quedó congelado.