Horacio Losito, uno de los militares imputados, se levantó inesperadamente. Habló con los abogados defensores y, de inmediato, otros seis compañeros de armas lo siguieron hasta un cuarto contiguo a la sala de audiencias del juicio oral y público por la Masacre de Margarita Belén.

El testigo Aníbal Ponti acababa de decir: “Ustedes, coronel, no sirven para la guerra sólo para torturar”. El testimonio rememoraba una chicana que el ex preso político le tiró a un militar –no pudo recordar el nombre– que le hizo “seguimiento ideológico” durante todo el tiempo que duró su detención durante la última dictadura.

Ocurrió en 1982, luego de la guerra de Malvinas, y justo antes de recuperar su libertad, mientras estaba detenido en Rawson. Fue este mismo coronel quien le informó que iba a salir, una semana antes de que el juez librara la orden judicial.

Ponti fue delegado provincial de Perón y miembro de Montoneros: “No tengo problemas en decirlo, se los juzga a ellos (señalando a los imputados) no a mí”. No bien salió de prisión, estuvo en el armado local de Intransigencia y Movilización, militando con, por ejemplo, la ministra de Defensa, Nilda Garré (mirada de la esposa del represor Losito, que repite entre dientes: “Garré, hay que anotar eso...”).

Ponti estuvo detenido en Gendarmería, alcaidía policial, fue liberado, vuelto a encarcelar en la U7, La Plata y Rawson. “Nunca pudo ocurrir un motín ni tratar de realizar un rescate en un traslado, porque las condiciones eran de máxima seguridad”, aseguró el testigo al refutar los intentos de justificación de la masacre por parte de los militares.

En la U7 de Resistencia, Ponti estaba en el Pabellón 1 –el de los irrecuperables–, entre otros, con Néstor Sala, Manuel Parodi Ocampo –víctimas de la Masacre de Margarita Belén–, Juan Carlos Dante Gullo, Horacio Domínguez, Raúl Coppello. También declaró que había “gran número de menores” en el penal.

“Sabíamos que iba a ocurrir, estábamos preparados. Habíamos acordado que al que le toque, salía. Lo decidimos para evitar que entren y todo sea incontrolable. Me acuerdo de Sala, saliendo y dando su discurso de despedida. Lo que no entendimos es por qué no llevaron a los que tenían mayor exposición pública”, manifestó ante el tribunal.

El fatídico día del traslado, “la U7 se vistió de verde”, narró Ponti para describir una situación atípica: la guardia externa estaba formada íntegramente por militares, ni uno del Servicio Penitenciario Federal.

Para ese entonces, los presos políticos estaban incomunicados extramuros e intramuros. Abundaba el lenguaje de señas, clave Morse y una radio clandestina onda corta y onda larga, “que todavía debe estar guardada entre los muros de la U7”, se jactó Ponti, que era el encargado de esconderla.

Por esa radio, un pedazo del diario El Territorio facilitado por un penitenciario que militaba en la JP, más los aportes de los presos políticos traídos desde la alcaidía –que estuvieron el día que hubo una tortura masiva en el comedor–, los presos de la U7 fueron armando el rompecabezas de lo que sucedió aquella madrugada del 13 de diciembre de 1976. También ayudó alguna información que le aportó su hermana Sara casi sobre fin de año. La visita excepcional fue tramitada por un militar al que Sara, miembro del equipo del doctor René Favaloro, le salvó la vida. De todas formas, la mujer terminó desapareciendo en las fauces de la ESMA. Ponti también accedió a un sobre anónimo, con sello del Ejército, entregado en el hotel donde pasaba la primera noche de bodas antes de partir de viaje, el 13 o 14 de diciembre de 1983. El hombre no recordaba la fecha debido a la ansiedad que lo devoraba por declarar por primera vez en un juicio oral tras 35 años de espera.