Desde San Carlos de Bariloche

”En los barrios altos de Bariloche, donde vive la gente pobre, los niveles de desocupación llegan al 70 por ciento. Cuando viene la temporada invernal hay mucha expectativa laboral, pero los empresarios del sector turístico traen personal de afuera, de San Juan, de Jujuy, de otras provincias. Apenas un 30 por ciento de los contratados en Bariloche, para el invierno, son de acá, el resto viene de afuera.” Juan Carlos Curaqueo, secretario gremial de ATE Bariloche, en diálogo con Página/12, sostuvo que la precariedad laboral en esta ciudad de 150 mil habitantes alcanza sobre todo a los que viven en los barrios del Alto, que concentran alrededor del 60 por ciento del total de habitantes que tiene Bariloche. “Los del Alto sólo pueden aspirar a trabajar en la construcción, actividad que en invierno se paraliza por las condiciones climáticas de la zona o de lo contrario pueden ser peones de cocina, valets o cumplir alguna tarea menor, porque el personal con cierto nivel de capacitación viene de afuera porque a los de acá los discriminan.”

Otro gran tema es el trabajo en negro. Este año, los gremios que agrupan a los trabajadores de la construcción y a los gastronómicos denunciaron que, en la provincia, “el 70 por ciento” de sus afiliados trabaja en negro, cuando se dice a nivel nacional que las cifras disminuyeron en toda la Patagonia. A eso hay que sumarle el déficit habitacional, que en la zona del Alto es un problema sin solución. “Lo que pasa con la tierra es muy cruel. Hay una necesidad enorme de tierra y de vivienda, pero hay muchos negociados extraños con la tierra. Hace poco tiempo hubo una persona que hizo una usucapión de 120 lotes en la península de San Pedro”, le explicó a este diario el defensor del Pueblo de Bariloche, Vicente Raúl Mazzaglia.

La usucapión, como se sabe, es la toma de posesión de un bien una vez transcurrido el tiempo que marcan las leyes para que pueda reclamarlo su anterior (y en este caso) supuesto legítimo dueño. “En la península hay títulos de propiedad muy extraños, que pasan de propiedad en propiedad. Son sociedades que se disuelven y pasan a convertirse en otras, aparecen personas que dicen ‘estas tierras son mías’ y a las personas que las están ocupando sin tener papeles se las venden una vez, dos veces y desde el gobierno nadie interviene para averiguar cuál es la situación real de esas tierras”, explicó Mazzaglia, quien desde la defensoría está haciendo un trabajo para tratar de descifrar el enigma.

En las afueras de Bariloche se han establecido varios asentamientos, en razón de la falta de planes de vivienda estatales y el alto costo de las tierras y de los alquileres. “Para los trabajadores, acceder a un terreno es imposible. Vivimos en una sociedad que está dolarizada por el turismo internacional y el costo de un terreno de 20 por 40 metros no baja de los 30 mil dólares, mientras que los alquileres más bajos están en 1500 pesos, como mínimo, en los barrios altos”, dijo Curaqueo.

“Vivir en Bariloche es muy caro. Acá, por el clima, hay que tener un buen calzado, una campera de buena calidad y es incluso necesario tener un auto. No es un lujo, es una necesidad, porque acá, en invierno, en un solo día podemos tener las cuatro estaciones del año”, insistió el dirigente de ATE. El trabajo en Bariloche es escaso para los que viven en los barrios altos, quienes, además, deben disputar puestos laborales con otros desocupados que llegan de localidades vecinas como Mencue, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Ñorquinco, Pilcaniyeu, Aguada Guzmán y otros lugares situados en los alrededores de la ciudad.

“En muchas localidades de Río Negro, e incluso de Neuquén, tampoco tienen salida laboral y por eso deciden migrar a Bariloche, encandilados con el turismo, pensando que abre posibilidades de trabajo para todos. Es muy poco lo que ofrece la región, salvo ser empleado público, trabajar en el área de la educación, en el hospital o entrar a la policía”, definió Curaqueo. “Además de los argentinos, vienen también muchos chilenos, muchos bolivianos o paraguayos, lo que hace que se dificulte todavía más la posibilidad de conseguir empleo.”

La mayoría termina viviendo de planes sociales que no superan los 250 pesos mensuales. Un empleado público con más de diez años de antigüedad no supera los 1945 pesos mensuales. “Eso es lo que gano yo con 13 años de servicio. Para vivir acá necesitás 5 mil pesos por mes, como mínimo, pero nadie gana eso. Nosotros, con mi mujer, que es empleada doméstica, tenemos que trabajar los dos porque alquilamos y eso te quiebra el presupuesto”, especificó Curaqueo.

En la zona hay dos universidades nacionales, una privada y varias propuestas de estudio para los jóvenes, pero “cuando terminan el secundario, las carreras cortas, como Administración de empresas o Contaduría, no abren posibilidades laborales concretas en Bariloche. Entonces, aunque puedan estudiar, los pibes terminan como gondoleros en un supermercado o trabajando en verano en una obra en construcción”. Los jóvenes “no tienen futuro, aunque puedan llegar a estudiar. Terminan engrosando los 13 mil empleados públicos que hay en toda la provincia” o se tienen que ir. “Tampoco hay espacios verdes, de recreación, ni canchas de fútbol. Todo se ha vendido a la gente de afuera, todo se ha cerrado y se ha convertido en un negocio privado, en grandes complejos turísticos a los que los pobres de Bariloche no tienen acceso. Hay chicos del Alto que no conocen el lago (Nahuel Huapi). Eso es una realidad.”

“Cuando Argentina le ganó a México, los chicos del Alto bajaron al centro a festejar y la policía los reprimió en el Centro Cívico. En Bariloche tuvimos tres muertes y no pasó nada. En 2001 tuvimos cinco presidentes en una semana, acá están todos atornillados en su despacho y nadie asume su responsabilidad.”

Para Nadina Moreda, abogada del Inadi, Bariloche es “una sociedad sesgada, con franjas de exclusión como cualquier ciudad del país, pero que aquí están muy marcadas y que se acrecentaron después de los sucesos de junio. Fui profesora de un colegio nocturno, en el Alto, y los chicos tenían internalizado que el centro no era para ellos. ‘Profe, nosotros no vamos, porque la policía nos remonta para arriba, no nos deja pasar’.” Alejandra Aguerre, de la Multisectorial contra la Represión, opinó que las diferencias sociales “se han profundizado desde 2001. Por eso es común que la policía, en la temporada de invierno, haga operativos ‘tenaza’ para evitar que los chicos del Alto lleguen al centro. Los gobiernos radicales, instalados en la provincia desde hace más de 25 años, no han encontrado solución. Acá tenemos turistas que gastan 20 mil dólares en tres días y pobladores que tienen que vivir con 200 pesos al mes”.