El procurador general de la Nación, Esteban Righi, instruyó a los fiscales para que agilicen la realización de los juicios orales y que “se opongan a la posibilidad de suspender o diferir” su inicio con la presentación de recursos por parte de los imputados. El jefe de los fiscales impartió esa instrucción en una resolución que dictó ante un planteo de la fiscal federal de juicio y titular de la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública, Sabrina Namer, que advirtió sobre las maniobras dilatorias a las que se recurre para aplazar los procesos orales.

La resolución en la cual Righi pide a los fiscales que se opongan a todos los recursos “meramente dilatorios”, como los que se presentan el día del comienzo de los juicios cuando se podían haber planteado antes y los que ya fueron rechazados en otras instancias previas, es la 67/2010. Allí, explicó que uno de los mayores obstáculos que tiene el inicio de los juicios es “la existencia de planteos y recursos pendientes interpuestos exclusivamente para obstaculizar la concreción de la audiencia de debate”, lo que se da principalmente en los casos de corrupción.

“Resulta imperioso que el Ministerio Público Fiscal asuma un papel activo, dé un paso más allá y exija que la existencia de planteos y/o recursos pendientes, cuya finalidad sea manifiestamente dilatoria, no obstruya el camino hacia la fijación de la audiencia de debate y la resolución definitiva de la causa”, sostuvo el procurador. En ese sentido, recordó que el Código Procesal Penal no impide que un Tribunal Oral fije la fecha de inicio de un juicio a pesar de que haya apelaciones pendientes de resolución, por lo que los fiscales deberán rechazar cualquier postergación. “Resulta sumamente importante concentrar esfuerzos para reducir al mínimo posible cualquier demora en la tramitación de las causas penales, particularmente en los casos de trascendencia socio-económica”, añadió.

La resolución de Righi busca revertir la situación expuesta en el informe elaborado por la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública. El trabajo de Namer advierte que “uno de los obstáculos a remover para aumentar el índice de casos que obtengan una resolución definitiva en juicio es la existencia de planteos y recursos pendientes interpuestos exclusivamente para obstaculizar la concreción de la audiencia de debate”.