Dos empleados y un directivo de la Inspección General de Justicia (IGJ), además de un escribano y un gestor, fueron procesados por el juez federal Norberto Oyarbide por integrar una asociación ilícita especializada en truchar los registros oficiales de sociedades comerciales. La finalidad de la organización, todo indica, era facilitar –a quien solicitara sus “servicios”– distintos tipos de estafas, lavado de dinero y evasión tributaria. El menú de maniobras ofrecido era de lo más variado: desde fraguar transferencias de acciones para lograr la apropiación de algún bien, registrar un cambio irreal de jurisdicción (en algún lugar remoto) de alguna empresa en quiebra para que los acreedores nunca cobrasen, alterar la composición de una sociedad y hasta ocultar propiedades para no perderlas en un divorcio.

Entre los procesados figura Raúl Moretti, coordinador de Registros Nacionales de la IGJ, a quien además de integrar la banda el juez le imputó estafa, negociaciones incompatibles con su función y le trabó un embargo de 100 mil pesos, aunque lo dejó en libertad. Los otros empleados del organismo implicados son Juan José Medina y Rosendo Godoy. Al segundo se le dictó prisión preventiva. También seguirán presos el gestor Raúl Carbonaro (quien había sido empleado de la IGJ y terminó sumariado) y el escribano Horacio Clariá, con embargos de 200 mil pesos. Oyarbide evaluó que existen suficientes pruebas de que actuaron en forma organizada para “insertar datos falsos en la constitución de sociedades” (de la ciudad de Buenos Aires) y “modificar sus estatutos”. Para esto alteraban el registro informático de la IGJ, que depende del Ministerio de Justicia.

El puntapié que dio origen a la causa fue la denuncia del ingeniero Daniel Yoan, quien no lograba cobrar un juicio laboral millonario a la filial local de la multinacional Atlas Copco porque la IGJ informaba mal el domicilio de la firma, que nunca se notificaba de nada y fue declarada en rebeldía. Cuando la Justicia pidió a la IGJ el legajo original de un supuesto cambio de domicilio de la empresa (de un piso a otro del mismo edificio), la carpeta había desaparecido. Ante las sospechas de manejos dudosos, Yoan y su abogado laboralista, Marcelo Domínguez, hicieron una cámara oculta en la que registraron a empleados del organismo ofreciendo y confesando que alteraban registros societarios.

La propia IGJ, que entonces dirigía Débora Cohen, se autodenunció en junio de 2009 e inició sumarios internos. Así nació la investigación de Oyarbide, en la que Yoan quedó como querellante. Por la investigación interna, Moretti fue desplazado del cargo y en cuanto se notifique su procesamiento quedará suspendido, explicaron fuentes del Ministerio de Justicia. Godoy fue suspendido y ahora está preso. A Medina le rescindieron el contrato.

Como parte de la investigación, el juez Oyarbide allanó la IGJ, diecinueve escribanías y varios estudios jurídicos. En la escribanía de Clariá encontró una veintena de expedientes originales de distintas empresas que habían sido sacados de la IGJ. Había sellos, timbrados y distintos elementos necesarios para duplicar trámites. También hizo escuchas telefónicas que le permitieron reconstruir el entramado de lo que considera una asociación ilícita. Allegados a la causa no descartan que se amplíe la lista de funcionarios, escribanos y/o abogados imputados. También se investiga la responsabilidad de las empresas que contrataban los servicios para truchar legajos.

En el caso de Atlas Copco (que fabrica costosas maquinarias), el abogado Domínguez le dijo a Página/12 que aportó al juzgado “la grabación de una reunión de directorio en la que se habla de contratar a un famoso estudio de abogados para hacer lobby y se detalla el arreglo con la gente de la IGJ para alterar el domicilio en los registros”. “Nosotros hicimos un relevamiento que muestra la reiteración de planteos de nulidad de juicios laborales basados en repentinos cambios de domicilio de las empresas”, señaló Domínguez.