A veintisiete años de los crímenes y a cinco del pedido original del fiscal federal Juan Patricio Murray, el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, reabrió la causa por los secuestros, torturas y asesinatos, en 1983, de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi. Fue uno de los últimos crímenes con el sello del terrorismo de Estado: secuestro y tormentos a cargo de militares y civiles de Inteligencia del Ejército, asesinato en enfrentamiento fraguado por policías bonaerenses, incluido Luis Abelardo Patti, que ese mismo año pasó varios meses preso. La reapertura de la causa implica que rendirán cuentas desde los fusiladores hasta el condenado Reynaldo Bignone.

Cambiasso y Pereyra Rossi fueron secuestrados el 14 de mayo de 1983, frente a testigos, en el bar Magnum de Rosario. Horas después fueron asesinados cerca de Zárate por una patrulla de la Unidad Regional de Tigre integrada por Patti y los suboficiales Rodolfo Diéguez y Juan Amadeo Spataro. Un comunicado del Ministerio del Interior y la Policía Bonaerense informó que fueron “abatidos en un enfrentamiento”. Los policías fueron felicitados por el jefe de la Bonaerense, el ahora condenado Fernando Verplaetsen, y calificados como “jóvenes valientes” por Bignone. El peritaje de los tejidos de las víctimas modificó el escenario: estableció que antes de morir habían sido golpeados, torturados con picana eléctrica, atados con cuerdas, y que los disparos mortales habían sido a quemarropa.

El juez Juan Carlos Marchetti dictó la prisión preventiva de los policías, pero luego cambió de posición y los sobreseyó. Pese a las evidencias, consideró que no estaba probada la relación entre el secuestro y los asesinatos. Las víctimas bien podían haberse fugado después de la sesión de picana, robado un vehículo, armas y marchado hacia Zárate, donde tuvieron la mala suerte de toparse con Patti, que en legítima defensa los acribilló a balazos. El 4 de noviembre de 1983 la Cámara de Apelaciones de San Nicolás confirmó el sobreseimiento, aunque advirtió que testigos clave habían modificado “extrañamente” sus dichos.

En marzo de 2005, tras la anulación de las leyes de impunidad, el fiscal Murray pidió la nulidad del sobreseimiento y la reapertura de la causa por privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio. Luego se sumaron al reclamo de familiares de Cambiaso y Pereyra Rossi patrocinados por los abogados de H.I.J.O.S. regional Rosario. La investigación del fiscal sugiere que al momento de los crímenes, luego del “Documento final” que dio por muertos a los desaparecidos y encomendó al “juicio divino” el análisis de la represión ilegal, los servicios de Inteligencia estaban diagramando y ejecutando operaciones para enrarecer el clima político, con la esperanza de suspender el llamado a elecciones o bien condicionar la política del futuro gobierno sobre los crímenes de la dictadura.

A partir del estudio de la causa, el fiscal observa la pretensión de ocultar los rastros de torturas y de disparos a quemarropa. Adjudica el trabajo a los policías bonaerenses, que instruyeron la causa bajo la dirección del juez Luis Milesi (suboficial del Ejército devenido juez con el golpe de Estado) y luego del juez Marchetti. Entre quienes no pudieron desconocer el operativo señala a los jefes de los Cuerpo I y II, generales Juan Carlos Trimarco y Eduardo Espósito, al jefe de policía, Verplaetsen, al jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, y al dictador Bignone. Murray también desmenuzó la actuación de Marchetti y sostuvo que el sobreseimiento tras la prisión preventiva era “inexplicable desde el punto de vista jurídico” (Marchetti es quien como juez de Menores falseó en 1977 un expediente de adopción para entregar en guarda a Manuel Goncalvez a personas de su confianza, delito por el que lo sobreseyó Villafuerte Ruzo y sobre el que debe pronunciarse la Cámara Federal de Rosario).

Al margen de las irregularidades, Villafuerte Ruzo asignó especial importancia a la nueva prueba aportada dos años atrás por Eduardo Constanzo, ex personal civil de Inteligencia (PCI) del Destacamento 121 condenado en abril a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en la Quinta de Funes y otros centros clandestinos de Rosario. En declaraciones judiciales y ante la prensa, Constanzo relató que el seguimiento de Cambiasso estuvo a cargo de Juan Andrés Cabrera, alias Barba, otro PCI que luego se encargó de interrogarlos “en el camioncito Mercedes Benz 608”. “Lo del bar Magnum lo hacen (Víctor “Chuli”) Rodríguez, (Pascual) Guerrieri y toda la patota, que la integraba también el Gato (Edgardo) Andrada, arquero de Central”, recordó. Entre quienes llevaron a los secuestrados hasta el camino rural cercano a la localidad de Lima mencionó a Ariel Porra, alias Puma, y a “Filtro, alias Sebastián, que es el yerno del coronel (Edgardo Juvenal) Pozzi”. Del trabajo final se encargó Patti.