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Antes que Mauricio Macri tendrán que pasar por un test de salud mental su policía favorito, el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios, y el espía Ciro James. El Cuerpo Médico Forense, que realiza los exámenes psicológicos previstos para las personas procesadas por delitos graves, dispuso que ambos sean trasladados el lunes desde el penal de Marcos Paz, donde están detenidos por el espionaje, hasta el Palacio de Justicia. A Macri todavía no le dieron fecha para esta prueba. “Ratifico plenamente mi intención de continuar con mi candidatura presidencial y seguir recorriendo el país y mostrando al PRO como una alternativa seria de gobierno”, señaló desafiante.

“Estoy en perfecto estado”, ironizó ayer el jefe de Gobierno porteño, quien comentó que está “rodeado” de médicos y nadie le dijo que tenga “ningún problema”. Tras un acto en Villa Lugano, Macri volvió a la carga contra el juez Norberto Oyarbide: “El examen (psicológico) confirma una vez más la animadversión y la agresividad del juez hacia mi persona; esto se hace en una instancia mucho más adelante, en meses o años, pero igualmente esto nunca es una noticia porque está en la ley”.

Anteayer Oyarbide dispuso la realización de esta evaluación en el Cuerpo Médico, que el Código Procesal prevé para quienes están comprometidos y camino a juicio por delitos cuya pena máxima supera los diez años. La figura de asociación ilícita, que el magistrado adjudicó tanto a Macri como a Palacios y James, está en esa categoría de delitos graves. Para el líder de PRO la única explicación es que el juez lo quiere “agredir y descalificar”. La semana próxima también deberá presentarse en el juzgado para hacer efectivo el embargo que el juzgado le trabó el mes pasado por 250 mil pesos. Y se le hará una evaluación socioambiental en su domicilio. Además, ayer, Macri, su jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta y la diputada Gabriela Michetti (ex vicejefe de Gobierno), fueron denunciados por haber omitido radicar denuncia alguna sobre supuestas presiones del gobierno nacional al juez Oyarbide y a los miembros de la Sala I de la Cámara Federal, que confirmaron el procesamiento del jefe de Gobierno. La presentación judicial, por “violación de los deberes de funcionario público”, la hicieron los abogados Antonio y Darío Liurgo y quedó a cargo de Julián Ercolini. También alcanza a los legisladores porteños Martín Ocampo y Fernando De Andreis.

En la causa de las escuchas, el juez dispuso una batería de nuevas medidas de investigación, así como la declaración indagatoria del funcionario macrista Andrés Ibarra. El jefe de Gobierno todavía tiene unos días para decidir si apela su procesamiento por asociación ilícita ante la Cámara de Casación, algo que podría prolongar la causa.