El asesor legislativo Roberto Larosa ya era alguien conocido en el mundo de las finanzas, pero se hizo famoso para el público general después de la noche del 16 de abril, cuando fue descubierto escondido, a oscuras, en un importante despacho del Ministerio de Economía donde husmeaba en busca de información reservada. El juez federal Claudio Bonadío lo procesó ayer sin prisión preventiva por los delitos de violación de domicilio, hurto simple en dos ocasiones y hurto agravado por el uso de una llave falsa en cuatro oportunidades. La investigación comprobó que el día que lo atraparon –y que lo llevó a estar detenido casi dos semanas– no había sido el único que Larosa visitó fuera de horario laboral el Palacio de Hacienda y se metió sin autorización en oficinas que atesoran documentación con datos sensibles sobre presupuesto, gasto público, finanzas, recaudación y financiamiento. El juzgado constató otras tres visitas y dio por probado que se llevaba información que aún no había sido publicada y la vendía a las consultoras de los gurúes de la city porteña, a empresas y bancos.

La resolución de Bonadío carga la responsabilidad penal sobre Larosa, pero agrega una advertencia a las autoridades de Economía sobre “serias falencias” en el sistema de seguridad del edificio y de control del ingreso de personas “que por su permanencia en el tiempo denotan un total desinterés por parte de los funcionarios a cargo de dicha cartera en resguardar algo tan trascendental como es el patrimonio de la Nación”.

Hasta que se produjo su detención Larosa, de 53 años, trabajaba como colaborador ad honorem del diputado de Proyecto Sur Claudio Lozano y como asesor del senador fueguino del ARI José Martínez. Había sido funcionario del Palacio de Hacienda hasta 1993 y en los noventa trabajó en el Instituto de Estudios y Participación (IDEP) de la CTA.

En base a los registros de acceso al edificio de Economía, las imágenes de las cámaras de seguridad y testimonios del personal de vigilancia, el juzgado corroboró que Larosa había ido por lo menos cuatro veces desde enero fuera del horario de trabajo, siempre después de las ocho de la noche y hasta entre las diez y las once. En una ocasión, en el registro informático aparece como si hubiera salido recién a la mañana siguiente, aunque el personal de seguridad lo atribuyó a un error.

Larosa visitó el ministerio que comanda Amado Boudou el 15 de enero, el 12 de febrero, el 11 de marzo y el 16 de abril, cuando lo agarraron con las manos en la masa. Entraba como visita de Leopoldo Markus, un funcionario de segunda línea de Economía y viejo amigo suyo.

Después de verlo se dirigía a dos lugares precisos: la oficina 911, donde está la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias, a la que entraba sin llave, y la oficina 411, donde tiene su despacho el subsecretario de Presupuesto y Finanzas Raúl Rigo, a la que accedía con llave. Ambas dependencias concentran información, confidencial en ciertos casos y en otros reservada, sobre recaudación tributaria, el presupuesto y su ejecución, gasto público y finanzas.

“La finalidad perseguida” por Larosa, sostuvo Bonadío al fundamentar su procesamiento, “no era otra que sustraer información que se encontraba reservada en las oficinas a las que accedía”. El objetivo, dice la resolución, era vender esos datos “a quienes solicitaran sus servicios profesionales”. Eso explica que en sus visitas a hurtadillas al ministerio había “dolo”, o sea, una intencionalidad precisa de “apoderarse” de documentos ajenos, pertenecientes “al patrimonio de la Nación”.

Cuando allanó la casa de Larosa, el juez encontró entre otras cosas las facturas que entregaba el economista a cambio de sus servicios de provisión de información sensible. En su clientela vip, enumera el fallo de ayer, figuran el Estudio Broda, de Miguel Angel Broda; la consultora M&S, de Carlos Melconian; OJF y Asociados, de Orlando Ferreres; Ecolatina, que dirige un hijo del ex ministro de Economía Roberto Lavagna; la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), cuyos economistas principales son Daniel Artana y Juan Luis Tour; la empresa estatal de agua AYSA y el Banco Santander Río (casa central).

El fallo señala a su vez una relación temporal entre las visitas de Larosa a Hacienda y distintos tipos de “filtraciones” públicas de la información reservada. En principio, la cartera de clientes de Larosa u otros usuarios de la información no aparecen imputados en la causa. Habrá que ver si la investigación sigue, o si queda todo en “el topo”, como le decían a Larosa.