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A los 75 años, después de treinta meses preso en su casa de San Cristóbal pero formalmente impune, murió el ex suboficial Miguel Angel Rovira, el último de los jefes operativos conocidos de la Alianza Anticomunista Argentina. El ex custodio de José López Rega, ideólogo y líder de los grupos parapoliciales de ultraderecha que sembraron el país de muertes a mediados de los ’70, estaba imputado de una docena de crímenes, incluidos los del ex diputado Rodolfo Ortega Peña, el sobreviviente de la masacre de José León Suárez Julio Troxler y el profesor Silvio Frondizi. Reabierta hace cuatro años, la causa que según el pedido del fiscal federal Eduardo Taiano debe investigar a los responsables de 628 asesinatos continúa paralizada en manos del juez Norberto Oyarbide.

“Un ex policía con veintisiete muertes en el haber y adornado con cuanta esvástica encontrara.” Así definió a Rovira uno de sus ex compañeros, el arrepentido Salvador Horacio Paino, en su libro Historia de la Triple A. Igual que Juan Ramón Morales y Rodolfo Almirón Sena, Rovira aprendió el oficio en la subsección Vigilancia General de Robos y Hurtos de la Policía Federal. A mediados de los ’60, los tres fueron expulsados de la fuerza; en 1973 fueron reincorporados y ascendidos por decreto presidencial. Rovira alternó entre las custodias de López Rega y de Isabel Martínez de Perón; hasta que el ex ministro de Bienestar Social cayó en desgracia participó en un número incalculable de crímenes, siempre con el sello de la Triple A.

Rovira volvió a ser noticia en 2001, tres meses antes de que el país estallara y Fernando de la Rúa huyera en helicóptero. Con murgas de fondo, cerca de trescientos manifestantes convocados por la agrupación Hijos y vecinos de San Cristóbal participaron de un escrache frente a su casa de Pasco 1032. Rovira era entonces jefe de seguridad de la empresa Metrovías. A fines de 2005, el fiscal Taiano solicitó por primera vez la reapertura de la causa Triple A y la captura de Rovira, entre otros. Un año más tarde, después de que el diario español El Mundo publicara que Almirón vivía en las afueras de Valencia, Oyarbide aceptó la solicitud. El magistrado calificó los asesinatos cometidos al amparo del Estado como crímenes de lesa humanidad y pidió la extradición de Almirón, concretada en marzo de 2008. El juez ordenó su detención en el penal de Marcos Paz y más tarde en su casa. Declarado insano por el Cuerpo Médico Forense, Almirón murió impune en 2009. El ex comisario Morales también fue detenido tras una investigación periodística: fue fotografiado tomando aire, en el balcón de su departamento en Carranza 2336. Llegó a ser indagado pero murió con arresto domiciliario siete meses después, a los 88 años, en agosto de 2007. Felipe Romeo, director de El Caudillo, órgano de difusión de la Triple A, salió del país luego de que Página/12 revelara que vivía en Buenos Aires reciclado como restaurador de edificios. Estuvo dos años prófugo, hasta que sus seres queridos lo abandonaron en el Hospital Fernández. Murió vigilado por el Servicio Penitenciario Federal sin saber que estaba preso.

Rovira se entregó a la Justicia en enero de 2007. Oyarbide lo procesó y le prorrogó varias veces la prisión preventiva domiciliaria. En marzo de 2008, la Cámara Federal confirmó que los crímenes de la Triple A eran delitos de lesa humanidad, imprescriptibles. En diciembre, Taiano reclamó ampliar la investigación a 628 asesinatos y 40 amenazas de muerte. Hace dos meses, la Sala I de la Cámara Federal declaró la nulidad de la última prórroga del arresto de Rovira, criticó la “inexplicable pasividad” de Oyarbide y la “virtual parálisis del sumario”. Los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero resaltaron que el fiscal Taiano llegó a pedir cerca de ochenta medidas probatorias y setenta declaraciones testimoniales, en tanto el juez apenas había concretado dos audiencias. Miguel Angel Rovira murió de un aneurisma el 23 de julio pasado. La noticia se conoció ayer.