La Sala I de la Cámara Federal le cerró otra puerta a Mauricio Macri. En una decisión unánime, el tribunal se negó a habilitarle el camino para que la Cámara de Casación Penal revise su procesamiento en la causa del espionaje al rechazar por “improcedente” el recurso que había presentado. Según los jueces, no hubo arbitrariedad en las imputaciones con las que se responsabilizó al jefe de Gobierno a lo largo del expediente ni se plantea una situación de “gravedad institucional”. Ahora el líder de PRO utilizará la última carta que le queda, según anticiparon sus abogados, que es apelar directamente ante los jueces de Casación.

Macri fue procesado en primera instancia por el juez federal Norberto Oyarbide, quien lo consideró partícipe de una asociación ilícita dedicada a pinchar teléfonos, en la que tuvieron un papel estelar su ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios y el espía Ciro James. El juez le atribuyó las escuchas hechas a su cuñado Daniel Leonardo y al dirigente de Familiares de las Víctimas del atentado a la AMIA, Sergio Burstein. También le imputó los delitos de violación de secretos y de la privacidad y falsedad ideológica. La Cámara Federal confirmó ese procesamiento y fue más lejos: señaló el armado de una estructura clandestina en el ámbito del gobierno porteño dedicada al espionaje, una actividad que la Metropolitana tiene prohibido realizar.

Tras el fallo de la Cámara, a mediados de julio, Macri dijo que lo único que le importaba era llegar rápido a un juicio oral y que no recurriría al máximo tribunal penal, la única carta que le quedaba. Pero unas semanas después cambió de idea, a partir de una resolución en la que dos jueces, precisamente de la Sala III de Casación, dejaron entrever dudas sobre la imputación por asociación ilícita al menos en el caso del Fino Palacios. Pero el trayecto hacia Casación no es directo ni fácil: primero la propia Cámara Federal debía evaluar si estaban dadas las condiciones para habilitar la intervención de esa instancia, que es sumamente excepcional a menos que la persona imputada esté privada de su libertad. Sobre eso se pronunciaron ayer los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah.

En base a la argumentación de la presentación que había hecho Macri, y citando precedentes de la propia Sala III de Casación y la Corte Suprema, el nuevo fallo sostuvo:

- Que un procesamiento liso y llano como el del jefe de Gobierno, que no está preso, no es equiparable a una sentencia definitiva, un requisito básico para que intervenga Casación.

- Que no hallaron “arbitrariedad” en las imputaciones que, por otra parte, fueron ya señaladas por dos sentencias que tuvieron exactamente el mismo sentido. Es lo que en derecho llaman el principio del “doble conforme”.

- Que no está demostrada la “gravedad institucional”, que Macri alegaba con el argumento de que está en juego su permanencia en el cargo de jefe de Gobierno. Para los camaristas el juicio político es “un curso meramente hipotético que no es actual” y “que depende de otros factores que son ajenos a la causa penal”. Advirtieron, además, “defectos de fundamentación”.

Cerca de los abogados de Macri –Santiago Feder y Ricardo Rosental– dijeron a este diario que tienen decidido ir con un “recurso de queja” directo a Casación, que antes de avanzar deberá hacer el mismo análisis que la Cámara Federal sobre si están dadas las condiciones para adentrarse en el planteo.

A juzgar por los antecedentes, no es tan fácil que la Cámara admita revisar el procesamiento del jefe de Gobierno. Son muchos los requisitos legales. Casación también tiene a estudio hace tiempo una recusación del líder de PRO contra Oyarbide.

Los dirigentes del macrismo creyeron ver un guiño “esperanzador” en el último fallo de la Sala III de Casación, que estaba referido a la situación del Fino Palacios. Allí dos camaristas pusieron en entredicho los fundamentos del procesamiento por el delito de asociación ilícita, el más grave de la causa.

La jueza Liliana Catucci dijo que esa imputación se había basado en “la exclusiva voluntad de los magistrados” y que carecía de “los requisitos mínimos de fundamentación”. Riggi señaló como “atinadas las consideraciones” de Catucci. Angela Ledesma no hizo cuestionamientos. El fallo, de todos modos, confirmó la detención de Palacios y dejó en firme los delitos de violación de la privacidad y falsedad ideológica que afectan a la mayoría de los imputados, incluido Macri.

Oyarbide, entretanto, sigue investigando. Todavía, por ejemplo, están en pleno análisis de los llamados de Macri. También tiene que resolver la situación procesal de Andrés Ibarra, ex secretario de Educación y actual de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda e indagado la semana pasada por la designación de James en la cartera educativa.

Antes de avanzar en ese sentido, Oyarbide citará a cuatro nuevos testigos. Podría, aunque aún no está definido, ampliar la indagatoria del ex subjefe de la Metropolitana Osvaldo Chamorro, quien junto con Palacios recopilaban datos e información financiera sobre dirigentes opositores al macrismo.