Sábado, 4 de septiembre de 2010 | Hoy
EL PAíS › OPINIóN
Por Oscar González *
Las fuerzas de la oposición redoblan, con suerte despareja, sus esfuerzos para erigirse en alternativas capaces de polarizar el electorado en contra del Gobierno y sus eventuales candidatos. Así, las tres grandes constelaciones que describen los consultores políticos, el peronismo de derecha (con o sin el vapuleado Macri); el panradicalismo, esa opción pretendidamente socialdemócrata, y la convergencia nacional, popular y progresista que representa la continuidad del proyecto reformista en curso, disputarán en 2011 la conducción política de un país en plena recuperación.
Más allá de los plazos legales, la campaña política comenzó hace rato en el Congreso, donde la liga opositora ha logrado una rara unidad de acción en torno de proyectos que buscan, ante todo, paralizar las políticas públicas que ganan un considerable consenso popular y se tornan en derechos de ciudadanía. Es este accionar común, puramente denegatorio, lo que más allá de los enunciados, caracteriza la acción del Grupo A y de sus laderos ocasionales.
En ese marco, sectores del radicalismo y la cúpula del PS anuncian una nueva alianza, que llaman “progresista”, y convocan a sumarse a la Coalición Cívica, haciendo caso omiso de las impiadosas arremetidas de la diputada Carrió. La noticia sorprende porque entraña una curiosa formulación electoral, consistente en forjar una alianza de centroderecha encabezada por dos figuras que se muestran como de centroizquierda, el diputado Ricardo Alfonsín y el gobernador Hermes Binner.
Sin analizar ese formidable equívoco, lo cierto es que el rol que objetivamente puede llegar a desempeñar ese enlace, sobre todo si la CC resuelve ser parte de la combinación electoral, no es otro que el de competir por el respaldo de quienes descreen de la orientación del gobierno nacional y su programa de transformaciones.
Es obvio que quienes apoyan las innovaciones iniciadas por el ex presidente Néstor Kirchner en 2003 –Corte Suprema, derechos humanos, autonomía del FMI, convenciones colectivas, integración sudamericana– y, más aun, quienes respaldan las más audaces iniciativas de la Presidenta –recuperación de fondos provisionales y de Aerolíneas, Asignación por Hijo, democratización informativa– van a ratificar ese paradigma en 2011.
De modo que el universo electoral al que pueden dirigirse la nueva alianza panradical, más allá de la retórica, es el mismo en el que van a incursionar las demás opciones, sea Duhalde, Solá, Macri, Das Neves o quien fuere. Caso aparte el de Proyecto Sur que, de colocar a Solanas en la disputa presidencial, podrá beneficiarse de la proverbial iracundia cívica de cierto sector medio y urbano, el que acompañó en su momento a Luis Zamora.
Es por eso que los socialistas que nos identificamos con la tradición programática que privilegia sobre todo la preservación y ampliación de las libertades individuales y la conquista de cada vez más derechos sociales, no entendemos el sentido de reinventar una Alianza que ya fracasó en 2001 y de la cual nos autocriticamos entonces, incluso antes de la convulsión final.
Aquella participación en el gobierno de De la Rúa, ese conservador políticamente correcto que supimos apoyar “para evitar males mayores”, solo sirvió para que alguno de los que ahora propician reeditar aquella alianza contradijera los más sagrados principios del socialismo votando la flexibilización laboral. Por eso no asombró que ese mismo sector acompañara más tarde el alzamiento ruralista y hoy propicie un imaginario 82 por ciento móvil, iniciativa que, sin recursos, acabaría por fulminar el sistema previsional solidario.
Hoy, muchas decisiones del Gobierno –como las mencionadas– son propias de una agenda socialista. Simultáneamente, las corporaciones dictan estrategias y buscan una opción electoral subordinada que las represente para preservar privilegios que están siendo cuestionados en un proceso de recuperación la autonomía de la política respecto de los poderes de facto. Por eso contrariar las medidas reformistas del Gobierno sólo puede ser un simulacro de progresismo y, por el contrario, exigir la profundización del sentido innovador y justiciero de las políticas públicas en marcha es lo que evidencia a quienes son partidarios de la evolución social.
* Ex diputado nacional del Partido Socialista. Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional.
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