El juez nacional de primera instancia en lo Comercial Eduardo Malde falló ayer a favor de los accionistas del Estado en Papel Prensa. Señaló que la intervención judicial deberá seguir vigente hasta tanto la propia Cámara Nacional de Apelaciones Comercial, que fue la que dictó el fin de la intervención, se expida sobre un recurso extraordinario para que el tema sea analizado por la Corte Suprema. “No puede considerarse firme lo decidido por la Cámara”, señaló Malde en ese fallo. Los accionistas privados (Clarín y La Nación) contaron con la participación de Martín Arecha, interventor y coadministrador de la compañía, durante la reunión de directorio realizada ayer. El Gobierno presentó una medida cautelar para que los directores del Estado sigan participando de las reuniones de directorio. De todas maneras, ayer se autoexcluyeron del encuentro.

El ministro de Economía, Amado Boudou, acusó anteayer a los jueces de la Cámara de Apelaciones de actuar a favor de los “intereses privados” y ser parte de una “Justicia express”. El funcionario afirmó que se apelarán los siete fallos adversos ante la Corte Suprema.

Las estrategias jurídicas en torno de Papel Prensa tienen como protagonistas, además de los directores por el Gobierno y los diarios, al juez comercial Eduardo Malde, que suele fallar a favor del Estado, y la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones Comercial, integrada por José Luis Monti, Alfredo Kölliker Frers y Juan Garibotto, quienes suelen fallar a favor de los representantes de Clarín y La Nación. La jugada de ayer fue de Malde, quien dispuso que “hasta que no se encuentre agotado el plazo del Estado y la CNV para la interposición de un recurso extraordinario, no puede considerarse firme lo decidido por la Alzada”. Es decir, la intervención judicial continúa, al menos hasta la próxima semana.

“La nulidad de las resoluciones 16.222 y 16.276 de la CNV ya dispuesta por este Tribunal (la Sala C) priva del principal y prácticamente único sustento a los argumentos expresados por el juez Malde para sostener la intervención”, señalaron los camaristas en su fallo. Sin embargo, el director por el Estado, Eduardo Gallo, explicó a Página/12 que la CNV solicitó, semanas atrás, un recurso extraordinario apelando el rechazo de esas resoluciones. Ahora la Cámara deberá resolver si acepta ese pedido extraordinario y envía el trámite a la Corte Suprema, donde el máximo tribunal deberá analizar si da lugar o no al pedido de la CNV.

“La intervención judicial fue decretada como consecuencia de la desobediencia que el directorio de dicha sociedad exhibió durante varios meses a las resoluciones de la CNV, que es el organismo de control externo de ella. En este sentido, la Sala C exhibió un profundo desconocimiento del derecho societario vigente y con fallos del tenor de los dictados se alientan e incentivan todo tipo de abusos contra los accionistas minoritarios”, manifestó a este diario el abogado de la CNV Ricardo Nissen.

Además de seguir vigente la intervención, desde el Gobierno interpretan que el fallo de Malde inhabilita los siete fallos adversos de la Sala C. Esto implica que los directores por el Estado, Beatriz Paglieri, Pablo Cerioli y Eduardo Gallo, deben permanecer dentro de la compañía. De hecho, Malde ya resolvió que se deberá dar continuidad a la asamblea suspendida el pasado 12 de agosto, con la participación de los directores por el Estado. Por otro lado, ayer hubo reunión de directorio, de la cual sólo participaron el síndico Daniel Reposo y los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. Paglieri, Cerioli y Gallo no participaron. Según sus argumentos, no concurrieron para no generar “más tensión” dentro del conflicto. En el Gobierno señalan que si bien la Corte Suprema no suele atender medidas cautelares, insisten en que este caso podría ser diferente, ya que “está en juego el patrimonio del Estado”.