El comisario Miguel Etchecolatz y el ex capellán policial Christian von Wernich, condenados a reclusión perpetua por crímenes de lesa humanidad, iniciaron una huelga de hambre en el Penal de Marcos Paz. Los represores se sumaron a la protesta que empezaron dieciocho procesados por torturas, asesinatos y desapariciones en la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata. A través de su Facebook, Cecilia Pando había anticipado la medida por “todas las violaciones que se les hacen a los que están ilegalmente detenidos por haber combatido al terrorismo, que generan un precedente para que el día de mañana le suceda a cualquier argentino”. En la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en la Unidad Fiscal Especial aseguraron a Página/12 que no recibieron ningún reclamo por las condiciones de detención y desestimaron el planteo. Al contrario, lamentaron que muchos se hayan muerto impunes por la lentitud de los procesos. En Justicia estimaron que “buscan victimizarse para que los jueces les den la prisión domiciliaria”. El último informe de la Unidad Fiscal, que encabeza Jorge Auat y coordina Pablo Parenti, data de junio pasado y precisa que “hay 464 detenidos en todo el país. El 55 por ciento en unidades penitenciarias, el 39 por ciento con prisión domiciliaria, el 4 por ciento en dependencias de fuerzas de seguridad y el 3 por ciento en hospitales y en el extranjero” y destaca que ya no hay represores presos en unidades militares a partir de sendas resoluciones tomadas en 2008 por la ministra de Defensa, Nilda Garré, avaladas por la cartera de Justicia. El relevamiento nacional señala que “se han juzgado 123 personas, de las cuales 110 fueron condenadas y 13 absueltas” y “hay 654 procesados, de los cuales 325 están imputados al menos en una causa en etapa de juicio y 140 que serán procesados”.

Teniendo en cuenta el despliegue operacional de la represión, la cantidad de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad alcanzados por la Justicia es más que escasa. En ese marco apareció como desmesurada la denuncia de la esposa del mayor retirado Rafael Mercado y titular de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina, sobre la muerte de acusados en las cárceles. “Más de cien efectivos de las instituciones castrenses han muerto en cautiverio por falta de atención médica en los penales, dejándolos en total abandono. Los derechos humanos son para todos los argentinos y no para un sector privilegiado que lucra con ellos”, escribió Pando en su Facebook. En Justicia descreen de esa cifra y apelan a la lógica: pasaron treinta y cuatro años del último golpe militar, en consecuencia se van muriendo porque son viejos.

Hace un mes, Pando y sus mujeres habían actuado como cabecera de playa de la nueva batalla mediática al encadenarse en el Edificio Libertador. Reclamaban una entrevista con Garré para denunciar las “condiciones de detención infrahumanas” de sus maridos, amigos o parientes. La hermana del ex marino Alfredo Astiz y la esposa de Ernesto el “Nabo” Barreiro, el jefe de los torturadores de La Perla en Córdoba, fueron algunas de las abanderadas de la lucha. En Justicia explican que en Marcos Paz hay médicos permanentes cuya responsabilidad es la atención de los internos y destacan que “el tema es que ellos quieren irse a sus casas y se quejan porque no les dan el beneficio porque no están acusados por delitos comunes sino por crímenes de lesa humanidad”.

Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la policía de Ramón Camps, fue condenado a reclusión perpetua en septiembre de 2006 por seis asesinatos y ocho secuestros y torturas, “delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio”. El ex comisario manejó veintiún centros clandestinos de detención, fue el responsable del operativo de La Noche de los Lápices. En el ’86, la Cámara Federal lo había condenado a 23 años de prisión, quedó libre por la aplicación de la ley de obediencia debida. En el ’97, escribió La otra campana del Nunca Más, en el que aseguró: “Nunca tuve, ni pensé, ni me acomplejó culpa alguna ¿por haber matado? Fui ejecutor de una ley hecha por los hombres. Fui guardador de preceptos divinos. Por ambos fundamentos volvería a hacerlo”. En 2001, Etchecolatz fue detenido por robo de bebés, estuvo en la cárcel de Devoto y consiguió la prisión domiciliaria en su casa en el bosque Peralta Ramos de Mar del Plata hasta que le encontraron una pistola 9 milímetros. En 2006 recaló en Marcos Paz y poco después fue condenado. “No sé rendirme y después de muertos tendremos mucho que hablar”, le advirtió al tribunal, presidido por Carlos Rozanski, que lo juzgó, y luego de presentarse como “prisionero de guerra y detenido político”.

Von Wernich, el capellán de la Policía Bonaerense, se reencontró en prisión con Etchecolatz. En octubre de 2007 fue condenado a reclusión perpetua como partícipe necesario de privación ilegal de la libertad agravada de 34 personas y coautor de la aplicación de tormentos agravados de 31 personas. Fue el primer y único miembro de la Iglesia Católica condenado por delitos de lesa humanidad.

El policía y el cura se convirtieron esta semana en los huelguistas de hambre más notorios de los veinte que decidieron llamar la atención de las autoridades judiciales. En el pabellón de lesa humanidad conviven un total de 89 reclusos. Los detenidos por la Unidad 9 de La Plata que en breve recibirán la sentencia del tribunal encabezaron la medida que se extendería por pocos días más. Por ahora no corren riesgo de vida.