El Senado aprobó en general el proyecto de ley de acceso a la información pública. La postergación, resuelta el martes, del tratamiento de la Ley de Protección de Glaciares dejó huérfana de temas de fuerte impacto social y político a la oposición, que decidió sacar de la galera la iniciativa de acceso a la información, aun sin contar con dictamen de comisión. De esta manera, el Grupo A y el oficialismo aprobaron por unanimidad la iniciativa en base al texto redactado por el senador Samuel Cabanchik, aunque postergaron la votación en particular para una sesión especial prevista el 30 de septiembre. En contraposición, el Grupo A en la Cámara de Diputados buscará darle sanción a su propio dictamen el miércoles 22, antes que sus compañeros de la Cámara alta.

Con 69 votos a favor, el Senado aprobó por unanimidad un tema que a priori era resistido por el Frente para la Victoria. La iniciativa establece básicamente que toda persona “tiene derecho a requerir, acceder y recibir información pública en forma completa, veraz, adecuada y oportuna”, y que esto “no puede ser objeto de restricciones”.

Para respetar la celebración del Año Nuevo judío, la sesión fue convocada para el inusual horario de las 10. “Es preciso afirmar que el acceso a la información es un derecho humano que queremos garantizar entre todos y la idea de buscar consenso no es sólo buena, sino lógica”, arrancó el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el santacruceño Nicolás Fernández, poniendo en evidencia la decisión tanto del oficialismo como de la oposición de transitar una sesión no conflictiva.

Pero, más allá del acuerdo con los senadores de otros bloques, Fernández dejó en evidencia ayer las peleas que existen con el Congreso sobre este tema. Sostuvo que el dictamen firmado este martes en Diputados “sólo sostiene que hay acceso en poder de los ciudadanos cuando el Estado tiene participación mayoritaria”, medida que consideró “absurda”, y resaltó que el texto tratado ayer en el Senado señala que el acceso a la información puede aplicarse “en aquellas empresas donde el Estado tenga representación accionaria”, sin importar el porcentaje.

Desde el radicalismo, el presidente de la bancada, Gerardo Morales, reivindicó la tarea del Senado, aunque aclaró que su bancada suscribió al proyecto en disidencia porque “si bien el dictamen mejora en muchos aspectos el Decreto 1172/03, en otros es un retroceso”. El cordobés Ramón Mestre consideró que la ley es una mejora de las instituciones “ni más ni menos que cumpliendo con el primer artículo de la Constitución”.

La voz discordante la tuvo María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica. “Tratar esto sobre tablas, y sin un dictamen que tenga las firmas correspondientes, me parece que es un retroceso”, aseguró la senadora de la Coalición Cívica y titular de la Comisión de Medios. La senadora porteña agregó que el proyecto que impulsa el diputado radical Ricardo Gil Lavedra y la peronista disidente Graciela Camaño “es más garantista” que el que se aprobó. Con estas salvedades, Estenssoro votó a favor.

No faltaron críticas al Gobierno por lo que el Grupo A considera “ataques a la libertad de expresión” en los casos de la ley de medios, el proyecto de Papel Prensa o la licencia de Fibertel. Fue la salteña Sonia Escudero quien sostuvo que “no son tiempos fáciles para la libertad de prensa y de expresión, y eso hace que esta ley sea tan importante en este momento”. Desde el Peronismo Federal también manifestaron diferencias con el texto aprobado en general: quieren incorporar una comisión bicameral para la figura del “defensor de la libre información”.

“Nosotros estamos en condiciones parlamentarias y políticas para aprobar este tema el martes 22”, le aseguró a Página/12 la diputada de PRO, Laura Alonso. Uno de los comentarios de ayer en el Salón de los Pasos Perdidos que comunica Diputados con Senadores fue el “sorpresivo apuro” de la Cámara alta por aprobar un tema sin dictamen. Entre otras diferencias, el proyecto de Diputados garantiza el anonimato para los que requieran información pública y establece criterios más estrictos para la selección de los miembros de la autoridad de aplicación.