Por unanimidad, la Cámara de Diputados dio ayer media sanción a “medidas mínimas de seguridad bancaria”, que obligan a las entidades financieras a adoptar cambios internos para tratar de evitar las salideras bancarias. Entre ellas, las de reforzar la seguridad de sus tesoros, establecer un método de privacidad en torno de las cajas de atención a los clientes e implementar un sistema para inhibir el funcionamiento de los teléfonos celulares dentro de sus locales. Oficialistas y opositores coincidieron en que el proyecto no será la solución definitiva a la modalidad delictiva y coincidieron en apuntarles a los bancos. Pero dividieron acusaciones a la hora de establecer responsabilidades. La oposición dijo que la política del Gobierno sobre seguridad es la “inacción” y el “desconocimiento del problema”. Para el oficialismo, los opositores “utilizaron demagógicamente” el tema y mintieron para buscar “rédito político”, porque medidas similares ya habían sido dictadas desde el Banco Central.

Después de un largo debate de más de cinco horas y media y varios duros cruces entre los legisladores del Grupo A y del kirchnerismo, los diputados aprobaron ayer por la noche, con 229 votos a favor y ninguno en contra, el proyecto que establece medidas mínimas de seguridad bancaria, con el objetivo de disminuir el delito de salideras bancarias.

La iniciativa, que ahora deberá atravesar el Senado para convertirse en ley, propone tres ejes que las entidades bancarias deberán adecuar en su funcionamiento y cuyos costos correrán por su propia cuenta. Una es crear medidas de seguridad más férreas de su propio tesoro en cada sucursal. Otra es la de implementar un sistema de atención que proporcione privacidad a los clientes para que el resto de las personas que estén en el local no pueda observar el tipo de operación que realizan en las cajas. Además, inhibir la telefonía celular dentro de las sucursales bancarias para evitar que los “marcadores” puedan transmitir datos de las posibles víctimas a sus cómplices que esperan en la calle, aunque el sistema a instalar no debe afectar la telefonía móvil fuera del local ni entorpecer otros sistemas de seguridad, como la alarma entre la entidad bancaria y la policía.

“Celebro que, aun con la demora, estemos debatiendo este tema, que se dictaminó en la comisión con poca fricción y mucho consenso”, sostuvo Alfonso Prat Gay. El lilito, como presidente de la Comisión de Finanzas, fue el miembro informante del proyecto de mayoría y postergó la intervención del diputado Gerardo Milman (GEN), autor de uno de los cuatro proyectos que se unificaron.

Prat Gay también fue el primero en apuntarles a los bancos. “El proyecto les transfiere a los bancos la seguridad de sus clientes dentro de sus locales. Son los bancos los que hacen negocio con el dinero de los ahorristas y los que deben garantizar estas normas mínimas de seguridad”, sostuvo el ex presidente del Banco Central: “En los últimos meses los bancos tuvieron ganancias de 10 mil millones de pesos”.

El dictamen que llegó al recinto tenía la rúbrica de todos los bloques. Pero la discusión sobre el orden de tratamiento del tema (ver aparte) volvió a hacer peligrar la unanimidad de criterio que se había forjado en la Comisión de Finanzas en el debate sobre salideras.

Alejandro Rossi fue el encargado de explicar el apoyo del kirchnerismo al proyecto. “Celebro que lo debatamos. Comparto con Milman que avancemos en otras ideas, porque estas medidas son inocuas para combatir este delito porque esas normas ya están vigentes en el sistema bancario”, sostuvo el oficialista santafesino, en tono crítico. “No tiene ninguna base de estudio serio” agregó. También les apuntó a los bancos por los costos financieros de las operaciones que a su criterio “fomentan” las operaciones en negro, como en transacciones inmobiliarias. Y sostuvo que a pesar de que la situación de Argentina es mejor que en otros países del continente, algunos delitos se han “latinoamericanizado”, pero desestimó que el delito organizado se haya instalado en el país.

Felipe Solá coincidió con Rossi en que “no tenemos ninguna prueba de la eficiencia de lo que vamos a votar, pero tenemos que arriesgar”, al igual que en la situación social como desencadenante de muchos procesos delictivos. El ahora peronista disidente también les apuntó a los bancos y explicó las dificultades propias que tuvo que afrontar como gobernador bonaerense en temas de seguridad. Pero Solá terminó cargando contra el Gobierno: “No hay una voluntad política para abordar el tema de la seguridad”.

“El proyecto de Milman no hace más que reproducir las resoluciones del Banco Central salvo en pequeñísimas palabras”, sostuvo Carlos Heller. El diputado de Nuevo Encuentro sostuvo que “no hay que engañar a la gente, si de verdad queremos trabajar para resolver el problemas asumamos que debemos construir políticas de Estado”.

Después de casi cuatro años de no hablar en el recinto, Francisco de Narváez tomó la decisión de dejar sentada su postura en un tema que fue eje de su campaña electoral en 2009. “El plan seguridad nacional es prioridad, nos hacen falta estadísticas porque no las hay y cientos de personas pierden la vida por inacción del Estado”, sostuvo el peronista disidente casi como un spot publicitario. Luego, De Narváez reclamó la urgente convocatoria del Consejo Nacional de Seguridad Interior.

Los cuestionamientos al oficialismo fueron subiendo de tono. “No hacer nada es una forma de hacer política sobre seguridad, como hace el ministro Aníbal Fernández. Uno de los acusados por el triple crimen de General Rodríguez pertenece al grupo político de Fernández. Claro que hay política: es la zona liberada”, disparó Elisa Carrió.

“El modelo está agotado”, agregó el jefe del bloque de la UCR, Oscar Aguad. “Este modelito ha expulsado en los últimos tres años 50 mil millones de dólares, que equivalen a miles de puestos de trabajo”, continuó el radical cordobés y afirmó que “por eso este gobierno quiere quedarse con los medios de comunicación, para que estos problemas no salgan en los medios”.

El jefe de la bancada K, Agustín Rossi, cerró el debate. “Reivindicamos el espíritu del proyecto y esta situación de concordia. Pero se ha puesto más el hincapié en el vaso medio vacío que en el medio vaso lleno”, arrancó. Luego recordó que la última vez que el Congreso trató este tema fue con las iniciativas de Juan Carlos Blumberg “para aumentar las penas”, pero que fueron “las políticas públicas de este Gobierno las que permitieron casi terminar con los secuestros extorsivos”.

Pero también fustigó a los opositores más críticos. “No me griten los del PRO porque a ustedes también tenía mucho para decirles”, amenazó Rossi después de sostener a quienes acusaron al Gobierno del “financiamiento ilícito de la política” que “fue peor que un presidente repartiera la plata para financiar la operación de la Banelco”, apuntando a los radicales. Sin embargo, las duras diferencias políticas no cambiaron el destino del proyecto, que fue votado por unanimidad.