Si Mauricio Macri fuera un empleado porteño y no el jefe de Gobierno, se vería obligado de inmediato a abandonar su cargo. Su condición de procesado en la causa de las escuchas –tan firme como que la ratificó la Cámara Federal– le impediría trabajar. Así lo determina el ordenamiento jurídico vigente. La ley 471 de 2000, modificada en su artículo 7 por la 3386 del 4 de febrero pasado, ni siquiera le permitiría sumarse a la administración pública. Cualquier aspirante a un puesto en su situación quedaría descartado al tramitar el certificado de antecedentes penales que se requiere.

Las condiciones de admisibilidad de la norma dicen que “no pueden ingresar quienes hubieran sido condenados o se encuentren procesados con auto de procesamiento firme, situación procesal equivalente por delito contra la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o estuvieren afectados por inhabilitación administrativa o judicial para ejercer cargos públicos”. De una comparación entre su caso y lo que podría sucederle a cualquiera de los 120 mil trabajadores estables o transitorios de la Ciudad, se desprende la curiosa desigualdad.

Pablo Gennaro, integrante del sindicato ATE y de la Junta de Delegados de la Legislatura porteña, asegura que “todos los que se incorporan deben presentar el certificado de reincidencia. Ya sea para desempeñarse en planta permanente como transitoria, o sea, los que cobran por recibo de sueldo”. El criterio “no es aplicable a los funcionarios políticos, siempre sucedió así”, disiente el diputado de Nuevo Encuentro, Gonzalo Ruanova. En efecto, a Macri sólo se lo podría separar de su cargo por el mecanismo institucional de juicio político o mediante una revocatoria de mandato, como lo prevé la constitución porteña si la iniciativa consigue juntar al 20 por ciento del electorado. Unas quinientas mil firmas.

La asimetría entre la situación jurídica del jefe de Gobierno y un trabajador de la Ciudad o aspirante a serlo, se comenta con bastante frecuencia entre quienes conocen la letra chica de la ley 471, la Constitución porteña o el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) del sindicato más numeroso, Sutecba. Los tres textos reproducen la inhibición del ingreso para quienes se encuentren procesados. Con la diferencia de que la carta magna establece la limitación sólo en aquellos casos en que los delitos dolosos se produjeron contra la administración pública. El convenio de los empleados municipales, que lidera Amadeo Genta, y que acaba de firmarse el 8 de septiembre pasado, incorpora el artículo 7 de la ley 471 tal como se modificó en febrero de este año (en el CCT es el 23).

Además de los condenados o procesados por delitos comunes, la llamada Ley de Relaciones Laborales de la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, impide que sean contratados aquellos que hubieran cometido crímenes imprescriptibles como violaciones a los derechos humanos. También a quienes “hayan ejercido cargos de titulares de los diferentes poderes ejecutivos, ministros, secretarios, subsecretarios o equivalentes en cualquier dependencia del Estado nacional, provincial o municipal, en períodos de interrupción del orden institucional y democrático”.

Este último no es el caso de Macri, aunque sí de su mano derecha cuando conducía al grupo Socma, el ex gobernador bonaerense de la dictadura militar, Jorge Aguado. Por ese antecedente, su antiguo jefe nunca podría nombrarlo en el Estado, como sí ocurrió en el holding familiar. El ex funcionario de facto también pasó por el Correo Argentino cuando lo manejaba el clan.

Con todo, en el gobierno porteño hay un criterio muy laxo para cumplir las normas que regulan la incorporación del personal. La Policía Metropolitana es la muestra mejor cincelada por el ingeniero. En marzo se supo que había incorporado a catorce comisarios desplazados por distintas causas de la Policía Federal entre 2003 y 2006. Uno de ellos, Miguel Angel Colombo, fue echado de aquella fuerza en un grupo de 107 oficiales. Cuando pasó a revistar a las órdenes del ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, se supo que estaba procesado por venderle protección a una cadena de prostíbulos. Macri y el ex juez devenido en funcionario negaron que conocieran los antecedentes del oficial. El senador nacional Daniel Filmus no les creyó: “Cuesta entender y creer que se haya nombrado en mayo de 2009 a Miguel Angel Fausto Colombo como Comisionado de la Policía Metropolitana, siendo que en ese momento se encontraba procesado desde hacía nueve meses”, denunció en un comunicado.

La historia de Juan Pablo Fioribello se parece bastante a la de este grupo de comisarios. Lo procesaron, estuvo preso tres semanas acusado de extorsión y pagó una fianza que le permitió recuperar la libertad. Su contrato en el gobierno porteño como jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Transporte fue rescindido, aunque por razones presupuestarias y no por su complicada situación. Lo acusaban de exigirle a un hombre el pago de 25 mil dólares. Quedó detenido el 26 de junio de 2009 y las crónicas policiales detallaron que el viernes 17 de julio salió de prisión después de pagar una fianza de 50 mil pesos. La víctima lo había denunciado ante la Fiscalía de Instrucción Nº 47.

Con estos ejemplos resulta evidente que las leyes de la Ciudad son un garabato para los funcionarios o trabajadores jerárquicos afines al macrismo y se aplican con mayor rigor a cualquier hijo de vecino. “Porque los buenos empleados públicos merecen ser respetados, porque los vecinos merecen tener un servicio de calidad, porque la ciudad merece no ser estafada, te pedimos que nos ayudes a recuperar el respeto y la calidad del trabajador público”, reza una consigna oficial. Está contenida en un formulario on line para completar los “datos del agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a denunciar”. La línea ética del ingeniero –así se iba a llamar– atendía de 8 a 19. Hasta en ese detalle el jefe de Gobierno urdió las penalidades para los presuntos indeseables. Muchos empleados se preguntan ahora si no sería justo que lo alcancen a él.