La comisión investigadora especial de las escuchas ilegales (CIE) le dio dos días de plazo a la gestión PRO para que entregue todos los documentos que le solicitó. En caso contrario, los legisladores irán en persona a buscarlos a la sede de la Policía Metropolitana, al Ministerio de Educación y al de Justicia. También se definió que el ex ministro de Educación Mariano Narodowski y el secretario de Recursos Humanos, Andrés Ibarra, deberán concurrir el viernes 15 de octubre. Las víctimas de las escuchas, el martes 12. Los macristas cuestionaron el fallo que le permite a la CIE traer testigos con la asistencia de la Justicia. El PRO denunció al juez en el Consejo de la Magistratura porteño (ver aparte).

“¿Llegaron las pruebas documentales que pedimos?”, preguntó el ibarrista Eduardo Epszteyn. Se trata de legajos de los policías, la carta de renuncia de Jorge “Fino” Palacios, el contrato de Ciro James, las compras de la Metropolitana y otros documentos para los que la gestión PRO tenía tres días de plazo. Se venció el 27 de septiembre. “Los plazos son absolutamente vulnerados: llevan diez días de retraso. Se vacía la comisión ordenando a los funcionarios que no vengan y el jefe de Gobierno dice que no es seria”, recordó Epszteyn.

“Hay una intencionalidad del PRO de deslegitimar la comisión. ¿Cuál es la justificación para que no manden los expedientes?”, planteó Diego Kravetz, quien propuso que se le dé un plazo perentorio a la gestión PRO para entregar los documentos y que si no “vayamos a la sede de la Metropolitana el miércoles y los obtengamos, expediente por expediente”. “Puede pasar que nos constituyamos en el lugar y no nos den la documentación”, objetó Daniel Amoroso, del espacio de Francisco de Narváez. “Si los funcionarios se esconden, hay otros medios para hacerlos salir a la luz”, recordó el presidente de la CIE, Martín Hourest. El macrista Martín Borrelli se opuso porque “la CIE no puede hacer allanamientos”. El PRO perdió por dos votos contra diez de la oposición.

Luego discutieron sobre el fallo del juez Roberto Andrés Gallardo que permitió que, si un testigo falta, sea llevado con la fuerza pública. Los macristas apelaron. “Quiero manifestar nuestra disconformidad con lo que entendemos es una intromisión importante del juez. Si alguno de los testigos no considera pertinente ser citado por la Justicia podría no venir”, invitó a un nuevo faltazo la macrista Lidia Saya. Después leyó la apelación de la fiscal Ana Di Iorio, que casualmente repite los argumentos de los macristas. “¿Cómo es esto de que Hourest va a hablar con Gallardo?”, preguntó Saya. “No nos reunimos con Gallardo. Avanzamos contra el vaciamiento institucional de esta comisión. La Justicia no va a interrogar, ni va a seleccionar a los testigos”, le respondió Hourest.

Gallardo envió un exhorto a la CIE para saber si los legisladores del PRO podían apelar, dado que no son afectados por el fallo. Resolvieron enviarle la versión taquigráfica, donde consta que la mayoría de la comisión votó pedir la asistencia de la Justicia. “No sé tampoco por qué apelan y por qué no quieren que vengan los testigos”, los cuestionó Epszteyn. “¡Entre gallos y medianoche, judicializaron la comisión! ¡Fueron a buscar a un juez amigo y tratan a los testigos como a delincuentes! ¡Hicieron forum shopping!”, fueron algunas de las acusaciones de Borrelli, quien luego se levantó y discutió a los gritos con un asesor de Proyecto Sur (aseguró que le había dicho: “Cagón”). “¡Basta! ¡Hagan algo!”, teatralizó Borrelli. Cuando volvió a sentarse, Hourest le contestó: “Hubiera preferido que el bloque PRO se hubiera sentido agraviado cuando el jefe de Gobierno dijo, muy suelto de cuerpo, que los testigos no venían porque la comisión es poco seria. Les dicen poco serios y no reaccionan. ¡Son solidarios a que los testigos y los papeles no aparezcan!”.