Tal vez el cansancio le jugó una mala pasada. Tal vez lo traicionó el inconsciente. Tal vez la Constitución no es su fuerte. Lo cierto es que el presidente chileno, Sebastián Piñera, legitimó involuntariamente la decisión de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) de concederle el asilo político a Galvarino Apablaza Guerra al arrasar con el principio de inocencia y atribuirle sin medias tintas la autoría del delito por el que Chile solicitó su extradición, en teoría para juzgarlo. “Galvarino Apablaza debió haber sido juzgado en Chile porque el crimen lo cometió (sic) en Chile”, fueron las palabras textuales que el empresario devenido presidente pronunció en la madrugada del viernes, luego de la reunión de mandatarios de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para tratar la intentona golpista en Ecuador. La decisión del gobierno argentino, respaldada por los organismos de derechos humanos, fue rechazada ayer por dirigentes de la Unión Cívica Radical, el PRO y el peronismo ortodoxo.

Un día después de que los tres poderes del Estado chileno presionaran al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para que le negara el estatus de refugiado político al ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Piñera se enteró de la decisión de la Conare mientras se preparaba para viajar de emergencia a Buenos Aires para tratar la sublevación de los policías ecuatorianos, que por esas horas tenían virtualmente secuestrado al presidente Rafael Correa.

Sus primeras declaraciones públicas sobre la concesión del asilo político se produjeron pasadas las dos de la madrugada al salir del Palacio San Martín. “Apablaza debió haber sido juzgado en Chile porque el crimen lo cometió en Chile”, afirmó, según los diarios El Mercurio y La Tercera. “Creo que al fin y al cabo la decisión que ha tomado la Conare significa un retroceso para la causa de la justicia y de los derechos humanos en mi país”, agregó. Pese al desliz, aseguró que “en Chile están (dadas) todas las garantías de un debido proceso” y, menos taxativo, dijo que Apablaza “está vinculado con el crimen de un senador chileno”, en referencia a Jaime Guzmán Errázuriz, colaborador de la dictadura de Augusto Pinochet. Ya en su país, ayer, Piñera agregó que el asilo “no ayuda en nada a las relaciones entre Chile y Argentina” y adelantó que analizará “profundamente la resolución de la Conare para poder determinar los nuevos cursos de acción”.

La dirigencia opositora autóctona no se permitió tanta prudencia. Pese a la unanimidad a favor del asilo de los representantes de los ministerios de Interior, Justicia, Desarrollo Social, el Inadi y un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) que integran la Conare y a la confidencialidad de las actas con los fundamentos, el Comité Nacional de la UCR denunció “una bochornosa complicidad frente al crimen”. Ernesto Sanz y Jesús Rodríguez afirmaron en un comunicado que se trata de “un acto grave, contrario a la vigencia irrestricta de los derechos humanos y ofensivo hacia el país requirente”.

El diputado Ricardo Alfonsín afirmó que “darle estatus de refugiado político (a Apablaza) representa un verdadero agravio para la república chilena”. Su colega del PRO Federico Pinedo habló de “agresión injustificada al vecino país”. El demócrata mendocino Omar De Marchi consideró que “no existe explicación que justifique semejante agresión al orden jurídico”. El colombiano Francisco de Narváez opinó que Apablaza debió ser extraditado porque el crimen del que se lo acusa fue “durante la vigencia del sistema democrático”. Agregó que “nosotros estaríamos demandando exactamente lo mismo si estuviéramos en la posición de los chilenos” y concluyó en que “al negar la extradición de Apablaza, los Kirchner demuestran que son unos falsos”.