La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal ordenó al juez Claudio Bonadío agilizar la realización de una serie de medidas de prueba “con la mayor celeridad posible” en la investigación por las muertes de Diego Lamagna, Carlos Almirón y Gastón Riva, quienes fueron heridos de muerte con balas de plomo durante la represión policial en la manifestación popular que se desató en Buenos Aires el 20 de diciembre de 2001. A cinco años de haber solicitado por primera vez a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 5 y a cuatro años desde que la Cámara Federal de Apelaciones ordenó su realización, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que lleva adelante la querella, presentó la semana pasada una queja por el “retardo en la realización del peritaje balístico”. “Esta prueba es importante, también, para fortalecer la imputación contra (Enrique) Mathov y los jefes policiales imputados en la causa”, consideró Rodrigo Borda, abogado del CELS, en diálogo con Página/12.

El 20 de diciembre de 2001, cerca de las 16, Lamagna, Almirón y Riva fueron alcanzados por disparos hechos con armas de fuego mientras efectivos de la Policía Federal se replegaban, desde Bernardo de Irigoyen, por Avenida de Mayo. Los tres murieron a causa de las heridas recibidas. La Cámara Federal porteña había ordenado a los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers, hace cuatro años, que llevaran adelante el peritaje que pedía el CELS, que representa a los familiares de Riva y Lamagna. Su realización se encomendó a la Dirección de Policía Científica de Gendarmería en 2006. Junto a peritos aportados por la querella y la defensa, después de haber estudiado los elementos disponibles en la causa, los peritos de Gendarmería informaron que en las testimoniales que se tomaron en julio de ese año “las víctimas no estaban debidamente posicionadas”. “Son testigos que estaban cerca de Riva y Lamagna y que habían declarado, pero a los que nunca se les había pedido que ubicaran con precisión el lugar exacto donde los vieron caer”, destacó Borda.

El planteo de los peritos hizo que los fiscales citaran nuevamente a los testigos para ubicar el lugar donde habían muerto las víctimas, en un plano hecho a escala, elaborado por la Dirección de Planimetría de Gendarmería. Pero fueron necesarios otros quince planos para continuar la instrucción. Esa fuerza respondió que no podía imprimir los planos “por carecer de recursos humanos y materiales”.

Para continuar con los testimonios, y a partir de un pedido del CELS, el 18 de febrero de 2009 la fiscalía ordenó a Gendarmería imprimir las quince copias de los planos. El 5 de marzo, esa fuerza elevó dos presupuestos, de 1278 y 1380 pesos. “Al igual que Gendarmería, desde la fiscalía respondieron que no tenían dinero para solventar ese gasto –puntualizó Borda–. Comparatore y Evers resolvieron que el peritaje balístico no era necesario y le pidieron a Bonadío que ordenara la reconstrucción de los hechos relacionados con la muerte de Riva, Lamagna y Almirón para cerrar la investigación.” El CELS decidió enviar una nota al entonces ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Fernández. El abogado recordó que, “en pocos días, el ministro giró el dinero y le ordenó a Gendarmería la realización de los planos”.

El peritaje busca establecer la posición del o de los policías autores de los disparos. Los fiscales identificaron a seis policías que pudieron haber disparado. Todos fueron imputados por las muertes, pero la Cámara respondió que no podía atribuirle un mismo disparo a seis policías distintos. “Entonces le encomendó a los fiscales la realización del peritaje para identificar quién de todos los policías efectuó el disparo”, afirmó el abogado. El oficial Víctor Manuel Belloni, de la comisaría 4ª (uno de los policías imputados por tentativa de homicidio), aparece en un video de Canal 13 disparando hacia la multitud que se reunía en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio. “Para la Cámara hay que probar que Belloni retrocedió hasta la calle Tacuarí y volvió a disparar desde allí”, confió Borda. “Esta prueba es importante, también, para fortalecer la imputación contra (Enrique) Mathov y los jefes policiales imputados en la causa”, agregó. Junto al ex secretario de Seguridad Interior, el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, el ex superintendente de Seguridad Metropolitana Raúl Andreozzi y el ex director general de Operaciones de esa fuerza Norberto Gaudiero fueron imputados por cinco homicidios culposos y 117 lesiones culposas. Todos se encuentran en libertad. “Sólo resta que el Tribunal Oral Federal 6 fije la fecha del juicio –consideró Borda–. Nuestra expectativa es que comience en el primer semestre de 2011.”