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El bloque PRO disfrutó la ronda de testimonios de víctimas de las escuchas ilegales que declararon ayer en primer término, antes que Sergio Burstein. Ninguno de los tres testigos que se presentaron ante la comisión investigadora (CIE) de la Legislatura porteña tenía relación alguna con la causa por la que actualmente está procesado el jefe de Gobierno porteño. Y los macristas se encargaron de subrayarlo. Una de las víctimas de las pinchaduras telefónicas, Susana Saint Porres, aseguró que las escuchas fueron ordenadas por su ex marido, quien le habría confesado que fue uno de los aportantes a la campaña de Mauricio Macri en 2007. Además, declararon el ex gerente comercial de supermercados Coto Rodrigo Velazco y el abogado penalista Francisco Castex, cuyos teléfonos también fueron intervenidos por Ciro James.

Los cinco legisladores del PRO no podían disimular su satisfacción con los tres testigos que relataron bajo qué circunstancias sus teléfonos fueron intervenidos por James. En todo momento, los macristas intentaron revisar la forma en que se les tomó declaración en el juzgado de Norberto Oyarbide y si las preguntas que les hicieron a las víctimas fueron direccionadas a intentar vincular a Macri con las escuchas. No tuvieron éxito en eso.

El primero en testimoniar fue Velazco, que dijo “no creer” que su celular y su teléfono particular hayan sido “pinchados” por el gobierno porteño y supuso que podía vincularse con “un tema comercial de la competencia para conocer la política de precios” de Coto. Velazco negó tener relación alguna con el gobierno de la ciudad, con Jorge Palacios o Macri. El legislador Martín Ocampo intentó ir más allá al sugerir que podría existir una relación entre la actividad profesional del testigo y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, algo que Velazco descartó de plano.

Saint Porres, en tanto, reveló que su ex marido Valentín Breitman le había contado, cuando aún estaban casados, que era aportante de la campaña electoral de Macri, aunque el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, aseguró que el aporte no constaba en ninguno de los registros de la campaña. Violencia doméstica, custodia policial, negocios en bienes raíces y un divorcio complicado fueron los ingredientes de su declaración. “¿Macri podía tener interés en escucharla?”, preguntaron desde el PRO. “No, ojalá”, contestó Saint Porres, con una sonrisa. “¿Qué más quieren saber para establecer que la causa fue armada?”, les preguntaba con sorna Ocampo a los opositores. Lo único que la testigo rechazó contestar fue la pregunta del kirchnerista Juan Cabandié sobre si su ex marido había intentado matarla. A pesar de describirlo como dueño de “una personalidad psicópata”, aseguró que “no mintió” sobre los aportes hechos a la campaña del PRO.

El último en desfilar ante la CIE fue Castex, que afirmó que nada le permitió suponer que el gobierno porteño haya tenido motivos para escuchar sus conversaciones y vinculó el hecho con un pleito en el que estuvo involucrado el directivo del Exxel Group Juan Navarro. Ante una nueva intentona del macrismo, Castex aseguró que en el juzgado de Oyarbide habló “con total libertad” y que “nadie sugirió un direccionamiento” de su declaración.

Informe: Gabriel Morini.