Juan Carlos Pérez, el tercer detenido por el crimen de Mariano Ferreyra, acusó a Pablo Díaz, el hombre fuerte de la Unión Ferroviaria en el ramal, de haberlo convocado a ir a Avellaneda, “porque nos iban a cortar las vías”. Pérez, que trabaja en los Talleres de Remedios de Escalada, comprometió así aún más la situación del dirigente del sindicato, al que todos señalan como quien comandó la patota. Por otra parte, reconoció a Cristian Favale como uno de los barrabravas que participaron de los incidentes y, aunque aseguró no haber visto quién disparó, sostuvo que oyó que los tiros venían “desde detrás mío donde él estaba”. “Y al día siguiente (del asesinato) en los talleres todo el mundo contaba que Harry (así le dicen a Favale) se había jactado de lo que pasó, diciendo ‘yo lo puse, le di’.” Tras tomarle declaración, la jueza Susana Wilma López lo dejó detenido. Una de las líneas de la investigación apunta a reunir elementos que permitan ascender en la cadena de responsabilidades en el sindicato. Los abogados defensores de los dirigentes se ven venir una imputación por asociación ilícita. El eslabón que está por encima de Díaz en la Unión Ferroviaria es el Gallego Juan Carlos Fernández.

Aunque la pesquisa se mantiene bajo secreto de sumario, a esta altura está claro que Díaz reclutó a la patota de ferroviarios y barrabravas y que la comandó y que además hubo reuniones previas para hacer el apriete a los tercerizados. Los sospechosos de haber disparado son tres: Favale abrió el listado. Tras entregarse, el barrabrava se declaró inocente y acusó de haber hecho los disparos a Gabriel Sánchez, un guarda de Constitución. El tercer sospechoso es el encargado de coches de Remedios de Escalada, Aldo Amuchástegui, quien fue identificado por uno de los damnificados directos, pero que todavía no fue detenido.

La previa

Pérez trabaja en los Talleres de Remedios de Escalada, donde es portero con un sueldo de seis mil pesos. Su función le permitió observar los movimientos que hubo en el taller en los días previos. El lugar es clave porque de ahí salieron la mayoría de los ferroviarios reclutados para la patota.

Cuando le mostraron los videos de los incidentes, Pérez identificó a Favale. Aunque no lo vio tirar, todo su testimonio complicó la situación procesal tanto de él como la del jefe de la patota, Díaz. Por ejemplo, aseguró que el día de los incidentes, Favale se fue con Díaz en el mismo auto, un vehículo gris. Agregó que el barrabrava parecía tener entrada libre a los talleres, donde lo vio “por los días en que se hizo el acto de River” (al que no concurrió el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, pero sí el secretario administrativo del sindicato, el Gallego Juan Carlos Fernández).

Ante una pregunta del juzgado, Pérez habló de reuniones previas que se hicieron en los talleres, en las que habrían participado Favale, Díaz y el propio Fernández. El portero mencionó incluso a Fernández como alguien vinculado con la organización de la campaña para romper la protesta de los tercerizados. En una de esas reuniones se habría planteado abiertamente: “No podemos dejar que nos corten las vías”. Según algunos testigos, el día de los incidentes, Díaz, el jefe de la patota, se mantuvo en comunicación con Fernández a través de un Nextel.

Esta línea de la investigación es importante porque se sabe que en los días anteriores a los incidentes, la Unión Ferroviaria hizo una campaña pegando calcomanías en los trenes que decían “los ferroviarios no cortamos las vías”. El propio Pedraza reconoció que en el sindicato sabían que los tercerizados junto a agrupaciones de izquierda iban a tratar de hacer ese día un corte en la estación Avellaneda. En los allanamientos que se hicieron a la Ugofe (el ente que administra el Roca) y la sede del sindicato, la Gendarmería buscó un mail que la Unión Ferroviaria mandó a la empresa, solicitándole que les diera el día a los trabajadores de los Talleres de Remedios de Escalada para que pudieran movilizarse y evitar el corte, es decir que hay una serie de elementos que permiten indagar sobre el rol del sindicato y de la empresa en lo sucedido.

El imputado reconoció, finalmente, a otros cinco integrantes de la patota, entre quienes estarían Aldo Amuchástegui –uno de los sospechosos de haber disparado– y otros delegados de la UF.

Pérez pasó por una rueda de reconocimiento, pero no fue señalado por nadie, aseguró su abogada María Benítez Morel. La defensora afirmó, de la misma manera, que en el allanamiento que se realizó a la casa de su cliente los instructores no encontraron armas.

La mejor defensa

Otra de las novedades es que como parte de la estrategia para su defensa, los imputados acusaron a las agrupaciones de izquierda de también haber disparado. El primero en plantearlo fue Favale, quien sostuvo que escuchó tiros que provenían del sector del PO.

Díaz hizo una descripción similar. Según su abogado, otro empleado del ferrocarril le dijo que había visto también a una persona con una mochila negra sobre el pecho disparar desde detrás de un basurero (se supone que uno de los containers puestos en las esquinas para volcar la basura).

Finalmente, Pérez abonó la misma versión: dijo que vio a “un tirador del otro bando, con una mochila negra y en cuclillas. Tiró dos veces y guardó el arma en la mochila”. Hasta ahora, todas las evidencias reunidas en el expediente señalan que sólo disparó un grupo, el de la Unión Ferroviaria, mientras que los otros usaron piedras y palos (ver aparte).

Durante la jornada también declararon seis nuevos testigos del Partido Obrero. Todos participaron de la protesta y estuvieron en la primera línea, cuando chocaron con la patota de la Unión Ferroviaria para dar tiempo a que las mujeres que participaban de la movilización pudieran correr. Dos de estos testigos identificaron a una segunda persona armada, al que vieron apuntando desde detrás del espacio entre dos patrulleros (ver aparte).

El dato tiene importancia porque todavía no está establecido si sólo hubo una persona haciendo fuego o si los tiradores son más.

Anoche, en el juzgado se analizaban los primeros informes sobre las comunicaciones telefónicas de varios números intervenidos como parte de la investigación. Las escuchas son parte de las medidas dirigidas a buscar responsabilidades hacia arriba. Apuntarían, por supuesto, a dirigentes del sindicato, pero también a establecer cuál fue el rol de la empresa en el sostenimiento de las patotas armadas para frenar los reclamos de los tercerizados.