Opinión

En muchos sentidos, Néstor Kirchner reunía en su personalidad y en su modo de ser características que son propias de muchos argentinos y argentinas. También en lo que tiene que ver con su relación con la religión. Se consideraba católico de la misma manera que la mayoría de los argentinos. Pero al igual que ellos descreía de la institución eclesiástica y no le ahorró críticas a la jerarquía. Fue bautizado, se casó por la Iglesia y, a la hora de morir, recibió los sacramentos propios de ese momento. Pero difícilmente pisaba un templo. Lo mismo que hace gran parte de los argentinos “promedio” que se autodefinen católicos.

Su disputa con la jerarquía de la Iglesia se enmarcó en el escenario de la lucha con las corporaciones que buscaban recortarle el poder. En el 2003, a poco de asumir la Presidencia, se reunió con los obispos y les dijo que “la Iglesia” era “rectora” de sus pensamientos. No mintió. Pero es evidente que el Presidente y los miembros de la jerarquía hablaban ya desde entonces lenguajes diferentes. Para muchos obispos, que la Iglesia sea “rectora” implica la sujeción del poder político a los criterios y las determinaciones eclesiásticas, aunque en sus homilías insistan en la autonomía entre ambos. Kirchner, en cambio, se estaba refiriendo a un dato también aceptado por la mayoría de los argentinos: el pensamiento humanista y social cristiano atraviesa la cultura política de la Argentina y es inspirador de muchas acciones de sus dirigentes. Pero ello no implica subordinación de la política al poder eclesiástico.

En su intento por recuperar el valor de la institución presidencial, Kirchner tropezó con la postura eclesiástica que insiste en la idea de que la Iglesia es “preexistente” al Estado argentino y que, por esta misma razón, sus valores, principios y criterios están por encima de las leyes que ordenan el funcionamiento institucional del país. Aunque nunca se haya formulado en estos términos, ésta fue su principal diferencia y fruto de las tensiones con el cardenal Jorge Bergoglio. Cuando a partir de 2005 las relaciones entre Kirchner y la jerarquía católica entraron en uno de sus momentos más tensos a raíz de la disputa entre el entonces ministro de Salud, Ginés González García, y el obispo castrense Antonio Baseotto, hubo múltiples gestiones para generar un encuentro privado entre Kirchner y Bergoglio. En varias ocasiones, el cardenal porteño insinuó que aceptaría el encuentro –que sería absolutamente reservado– siempre y cuando Kirchner cruzara la Plaza de Mayo desde la Rosada para encontrarse a solas con el cardenal en su oficina de la curia metropolitana, una condición que el Presidente nunca aceptó.

De la misma manera que rechazó en forma sistemática que desde el púlpito algunos obispos, en particular Bergoglio pero también Héctor Aguer, el muy conservador arzobispo de La Plata, intentaran dictarle cátedra sobre cuál era el camino a seguir. Esta fue la razón fundamental por la cual, cada 25 de mayo y cada 9 de julio, Kirchner dejó de asistir a los Tedéum en la Catedral y decidió rotar por el país. El mismo motivo por el cual Cristina Fernández terminó este año celebrando en la Basílica de Luján el acto de acción de gracias ecuménico por el Bicentenario.

Mucha más cercanía hubo –y continúa actualmente– entre el gobierno de Néstor Kirchner y la jerarquía de la Iglesia en temas sociales. Los diálogos entre Jorge Casaretto –primero en Cáritas y luego en Pastoral Social– y Alicia Kirchner han sido fluidos y frecuentes. La colaboración entre Cáritas (ahora conducida por el obispo Fernando Bargalló) y el Gobierno ha sido estrecha y permanente. No es casual que Casaretto, acompañado de Justo Laguna, hayan sido los únicos obispos que se acercaron a la Rosada para orar junto a la Presidenta. Néstor Kirchner reconocía también que la Iglesia Católica cuenta con canales que le permiten llegar de manera eficaz con la asistencia social a los sectores más desprotegidos y excluidos de la población. Pero cada vez que los obispos se pronunciaron públicamente denunciando la persistencia de la pobreza, Kirchner leyó en esos mensajes una conspiración y un alineamiento episcopal con las posturas de la oposición. No faltaron quienes –desde las filas de la propia Iglesia pero cercanos también al Gobierno– trataron de hacerle entender que el tema de los pobres fue, es y seguirá siendo recurrente en la prédica eclesiástica y en la doctrina social de la Iglesia, independientemente de quién ejerza el poder. Nunca lo entendió así, y casi siempre leyó cada párrafo de los documentos episcopales sobre este tema como un ataque casi personal. Nadie pudo convencerlo de lo contrario. “Critican pero no reconocen lo hecho”, solía repetir.

Sus propias convicciones respecto de la connivencia entre la jerarquía católica y la dictadura militar, y la alianza que Kirchner construyó con las agrupaciones defensoras de los derechos humanos fuertemente críticas de los obispos, fueron otro de los obstáculos para una relación que por momentos alcanzó picos de mucha tensión, aunque ambas partes intentaran en público bajarle el perfil a la controversia. Más de una vez los obispos pronunciaron la palabra “reconciliación” para referirse al tema de los derechos humanos y de los juicios de los responsables de los delitos de lesa humanidad. El término es por lo menos polivalente. En la más auténtica tradición católica significa justicia, arrepentimiento y reparación del daño. Pero muchos desde la Iglesia lo usaron como sinónimo de olvido e impunidad. Kirchner sólo lo entendió en este último sentido y siempre estuvo convencido de que los obispos que así se expresaban lo hacían, en realidad, como voceros de personeros de la dictadura y sectores de derecha.

Como en tantos otros temas, la pregunta que hoy se plantea es si desaparecido Kirchner la relación de Cristina Fernández con la jerarquía católica sufrirá cambios sustanciales. Nada parece indicarlo así. La Presidenta ha tenido su propia postura frente a los obispos: abierta al diálogo pero inflexible en cuanto a sus convicciones y posiciones. Un tema que continúa trabando la relación institucional es el referido al obispado castrense. Desde el desconocimiento que Kirchner hizo del obispo Antonio Baseotto y la posterior renuncia de éste, el obispado castrense está virtualmente “congelado”, en condición de “sede vacante” y a cargo de un sacerdote, Pedro Candia, como administrador apostólico. El Vaticano y la jerarquía local pretenden nombrar un nuevo obispo castrense para “regularizar” la situación. El gobierno de Cristina Fernández insiste en que, previo a ello, es necesario renegociar el tratado entre la Santa Sede y la Argentina y, por esa vía, eliminar la institución de las capellanías militares. En este punto, ninguna de las partes dará un paso atrás. Fuera de escena la disputa personal entre dos personalidades fuertes como Kirchner y Bergoglio, algunos progresos podrán hacerse para dialogar sobre otros temas. Pero ningún cambio debería esperarse en cuanto a las cuestiones sustanciales. Cristina, como Néstor, es una católica “promedio”: tan firme en su fe como en su incredulidad respecto de la institución y de la jerarquía.