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Luego de que la Corte Suprema declarara el viernes pasado la inconstitucionalidad del corralito, se esperaba que los ahorristas hicieran filas interminables en los juzgados para iniciar los expedientes que les permitieran recuperar su dinero. Para evitar esta situación –y sobre todo para esquivar nuevas resoluciones a favor de los depositantes– el Gobierno decidió suspender por seis meses la tramitación de todos los juicios relacionados con ese tema. La medida fue criticada por expertos y le valió al Poder Ejecutivo una nueva demanda.
El artículo 12 del decreto de “reordenamiento del sistema financiero” -pesificación–, publicado ayer en el Boletín Oficial, establece que “se suspende por el plazo de ciento ochenta días la tramitación de todos los procesos judiciales y medidas cautelares y ejecutorias en los que se demande o accione en razón de los créditos, deudas, obligaciones, depósitos o reprogramaciones financieras que pudieran considerarse afectados por las disposiciones” que inmovilizaron y pesificaron los depósitos.
Para el constitucionalista Gregorio Badeni se trata de una medida inválida porque “se está negando a los ciudadanos el derecho de acudir ante el poder judicial para reclamar que se respeten sus derechos”. El abogado argumentó que en situaciones de emergencia se podría interrumpir por un tiempo breve la ejecución de una sentencia definitiva contra el Estado pero “nunca se podría impedir que se inicie y siga un juicio hasta su conclusión”. Badeni criticó también que las demandas que suspende el decreto sean, no ya contra el Estado, sino contra entidades financieras. “Además esto se agrava porque la medida fue impuesta por decreto. Se invocó la ley que le delegó al presidente (Eduardo) Duhalde facultades legislativas, pero ahí no hay ninguna norma que permita al presidente establecer medidas de ese tipo”, afirmó.
El vicepresidente del Colegio Público de Abogados, Angel Bruno, también censuró el freno de los juicios contra el corralito. Dijo que “más allá del oportunismo del fallo de la Corte Suprema, el Gobierno tiene que cumplir con la ley”. “Los ahorristas están pagando el plato roto de la devaluación. No puede haber paz social si no se respeta la ley y el Gobierno no puede anteponer su voluntad política a lo que dice la constitución y las leyes porque el fin no justifica los medios”, afirmó Bruno.
Ante la suspensión de los juicios, el abogado Eduardo Barcesat acusó en la Justicia federal a Duhalde y todos los miembros de su gabinete por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos” y “desobediencia”. En el escrito argumentó que el decreto 214/02 busca “cercenar las atribuciones judiciales usurpando la función de conocer y decidir que define al Poder Judicial”.
El viernes pasado la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del corralito y habilitó al ahorrista correntino Carlos Smith a retirar el dinero cautivo de una indemnización laboral depositada en el banco de Galicia. Como el fallo es válido sólo para ese caso pero sentó jurisprudencia para el resto, era esperable que una multitud fuera ayer a reclamar el mismo trato que el correntino.
El Poder Ejecutivo intentó frenar la reproducción de Smiths, porque entiende que de modo contrario colapsaría el sistema financiero y cerraría más de un banco. De hecho, el Gobierno interpretó la decisión de liberar los depósitos como “un golpe institucional” y a partir del viernes tomó la resolución de apurar el juicio político contra los nueve ministros del máximo tribunal de la Nación que ahora avanza en la Cámara de Diputados. Sin embargo, nada impide que la Corte considere que esta nueva medida también es inconstitucional y continúe con los juicios, que abrirán, cada vez más, el corralito. En la Justicia se calcula que hay en trámite más de un millar de recursos de amparo presentados por ahorristas y centenares de medidas cautelares favorables. La guerra entre ambos poderes está declarada.