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Dos abogados denunciaron a los nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia por el delito de coacción agravada, al sugerir que “chantajearon” al presidente Eduardo Duhalde con el fallo que declaró inconstitucional al corralito. Las presentaciones recayeron en el juzgado federal de Norberto Oyarbide una y en el de Jorge Urso otra. La primera de las denuncias, presentada por Mario de Almeida, se basa en declaraciones formulada por Duhalde en un reportaje a Radio Nacional en el que utilizó la palabra chantaje. En tanto, Carlos Díaz alegó en su presentación que “la extorsión pudo haberse realizado en ambos sentidos y no sólo de la Corte al Ejecutivo” al citar la “demora del presidente Duhalde en transmitir los hechos”, después del fallo que declaró inconstitucional al corralito financiero. En ese sentido, Díaz pidió investigar “si como dicen versiones periodísticas hubo una comunicación telefónica el viernes por la mañana entre el presidente del alto tribunal, Julio Nazareno, y el presidente”. El matrimonio de Marcelo y Susana Wakstein también se presentó ante la Justicia, pero para denunciar a Duhalde, el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, por la continuidad del corralito. Argumentaron que son “ilegales, anticonstitucionales, arbitrarias y dolosas” las disposiciones que permiten “la confiscación y expropiación sin ley del dinero de los habitantes del país”. Los Wakstein, quienes se instalaron en las puertas del HCBS de Florida al 200 con reposeras y sombrillas en reclamo de sus depósitos, esperan que el fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad del corralito les permita acceder a su dinero. A pesar del decreto que suspende estas querellas por 180 días, su expediente, por “estafa y retención indebida” de bienes, quedó a cargo de Urso.