Los consejeros votaron, además, los candidatos para tres concursos, uno muy controvertido.
Imagen: DyN.

En el embrollo de una sesión interminable, la última antes del recambio de sus integrantes, el Consejo de la Magistratura desestimó ayer por unanimidad una denuncia contra la jueza Sandra Arroyo Salgado presentada por los abogados de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble. También rechazó otras dos contra el juez federal Norberto Oyarbide en las que se lo acusaba de actuar de manera favorable al líder de la CGT, Hugo Moyano.

El expediente contra Arroyo Salgado lo habían iniciado los abogados de Marcela y Felipe Noble Herrera tras un procedimiento en que la jueza mandó a secuestrarles la ropa que llevaban puesta para obtener muestras de ADN, en el marco de la causa que investiga si son hijos de desaparecidos. Arroyo dispuso que los interceptaran después de una audiencia en su juzgado, en la que se habían negado a aceptar cualquier estudio para establecer su identidad. Las prendas, tras varias horas en tribunales, deberían tener el ADN impregnado. Los letrados Alejandro Carrió y Roxana Piña describieron el procedimiento como una persecución y dijeron que fue vejatorio.

Según el Consejo en pleno, fue todo lo contrario. El dictamen afirma que la magistrada actuó de acuerdo con la ley, “aplicando para el caso el método alternativo para la obtención de ADN” y que “no se extralimitó en sus funciones ni ejerció de forma abusiva su poder (...), ya que los propios denunciantes alegan que los hermanos Noble Herrera se negaron a aportar las pruebas que la jueza les solicitó (...), por lo cual la jueza entendió que tales evidencias eran fundamentales para el proceso, actuando dentro de sus facultades”. Para colmo, con el tiempo se supo que en el allanamiento (realizado cuando llegaban a la casa de Ernestina Herrera de Noble) la policía les permitió a los jóvenes estar solos unos diez minutos, lo suficiente para que se pusieran ropas impregnadas con patrones genéticos de varias personas, lo que hizo fracasar los estudios.

Las denuncias contra Oyarbide desestimadas por el plenario son dos y tienen en común el nombre de Hugo Moyano. Una, presentada por el diputado de PRO Federico Pinedo, acusaba al juez de obstaculizar la investigación de su colega Claudio Bonadío sobre la posible defraudación de la Obra Social de los Camioneros con fondos de la Administración de Programas Especiales (APE) destinados a tratamientos de alta complejidad. Se presume que la obra social recibía subsidios por tratamientos inexistentes. Oyarbide investiga la misma maniobra como parte de la megacausa de la llamada mafia de los medicamentos, en la que está preso el bancario Juan José Zanola. El consejero Santiago Montaña pedía citar al magistrado a dar explicaciones, pero la mayoría de los consejeros sostuvo que no había ningún motivo a la vista.

El otro expediente se había originado con una presentación del dirigente peronista Juan Ricardo Mussa, que decía que Oyarbide actuaba en connivencia con el Gobierno y el líder de la CGT, al haber dictado el sobreseimiento de Moyano y del sindicalista Juan Manuel Palacios en una causa que investigaba el origen del dinero para la compra de una estancia en Henderson, supuestamente vinculada con ellos. El Consejo concluyó que “no se advierte irregularidad alguna” y que los cuestionamientos “sólo se sustancian en la mera crítica hacia las decisiones del magistrado”.

El plenario también cerró investigaciones contra los jueces Rodolfo Canicoba Corral, Carlos Villafuerte Ruzo y Walter Bento. Este último había sido denunciado por uno de los jueces a los que él imputó por posibles delitos de lesa humanidad (Otilio Romano).

Tras horas en el recinto, dispersos como alumnos en el último día de clases, los consejeros también votaron las ternas para tres concursos, uno de los cuales fue objeto de controversia. Es el concurso para ocupar cuatro vacantes en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, un fuero siempre codiciado por la dirigencia política de todos los signos, por ser aquel donde tramitan numerosas causas contra el Estado, con medidas cautelares (tan en boga) de por medio. Lo que motivó la discusión en el Consejo fue el salto en el orden de mérito de una asesora del diputado Carlos Kunkel (FpV), Ingride Jorgensen, que pasó de estar ubicada décima y sin chances a estar sexta, ternada y con chances de ser designada por el Ejecutivo. A ese “ascenso” se opusieron, sin éxito en la votación, el juez Luis Cabral, el radical Ernesto Sanz, el académico Mariano Candiotti y el abogado Pablo Mosca.

Por último, para cumplir con un clásico de los cambios de mandato, el Consejo aprobó una decena de nuevos cargos, donde cada sector negocia dejar algún heredero para después del recambio de consejeros, que será hoy (ver aparte). De todos modos, precisarán el visto bueno de la Corte Suprema.