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En las actuales circunstancias es imprescindible garantizar el pago a todos los maestros y profesores de la cuota del primer semestre del 2002 del incentivo docente que se acaba de vetar. No sólo porque ello significa cumplir con una ley votada por el Congreso de la Nación que asegura el cobro del incentivo hasta fin del año 2003, sino porque su no pago implica la profundización del deterioro del salario docente ya golpeado por el encarecimiento del costo de vida del último año. Por otra parte, su efecto se sentirá tanto en las condiciones de trabajo del docente como en el deterioro de la calidad de la educación que reciban nuestros alumnos, deterioro cada vez más difícil de revertir.
Sin embargo, cabe destacar que el veto presidencial es también una excelente oportunidad para que el Congreso de la Nación, que debe ratificar el pago y garantizar su financiamiento, encare un tema largamente postergado y demuestre qué lugar ocupa la educación en la preocupación de los representantes del pueblo. Es una buena ocasión para que se encuentre una forma genuina y permanente de financiamiento del Fondo del Incentivo, pero también para que se debata en profundidad de dónde deben provenir los fondos que permitan incrementar la inversión educativa hasta colocarla en los niveles que corresponde respecto de la necesidad de garantizar una educación de buena calidad para todos los argentinos. En este sentido, uno de los puntos que debe evitar el Congreso es que el incremento del presupuesto educativo recaiga sobre el esfuerzo en los sectores medios y populares de la sociedad, como ocurrió con el impuesto a los automotores aprobado hace unos años. Por el contrario, existen importantes grupos económicos que han sido beneficiados a partir de las políticas económicas y cambiarias aplicadas en los últimos años que están en condiciones de contribuir al financiamiento educativo.
Así como hace pocos días el Congreso de la Nación votó una excelente iniciativa destinada a combatir el hambre que no puede esperar dedicando fondos que provienen de las retenciones a las exportaciones, hoy es necesario garantizar los recursos para resolver la escolaridad más urgente, asegurando una inversión a corto, mediano y largo plazo que permita proveer una educación básica de calidad para todos los niños argentinos.
Los planes alimentarios y sociales sólo pueden atender el hambre de la coyuntura, pero si los niños de hoy no acceden a una educación de calidad, estarán condenados a vivir de la ayuda social o padecerán hambre a perpetuidad. Un ejemplo de ello son los datos que acaba de difundir el Ministerio de Trabajo: más del 50 por ciento de quienes reciben la ayuda de los Planes Jefas y Jefes de Hogar no han culminado la escuela primaria.
En este sentido es necesario reafirmar que no se puede confundir la educación con una política social más, ni la inversión educativa con el gasto social. La educación es también una inversión porque se convierte en una estrategia de desarrollo nacional integrado, pues sólo atiende a los problemas del presente sino que genera las condiciones de capacitación de la fuerza laboral y competitividad tecnológica y productiva que se requieren para construir un país desarrollado, soberano e integrado sobre la base de la capacidad de trabajo de su población. La posibilidad de aprobar una ley de la escolaridad mas urgente, que prevea el financiamiento adecuado y sostenido del sistema educativo de calidad no sólo significará atender un problema histórico, sino que también permitirá dar una señal a todos los candidatos que se postulan para las próximas elecciones, para la mayoría de los cuales el debate sobre el futuro de la educación, la ciencia y la tecnología argentinas
parece estar ausente.
* Secretario de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.