El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, con los ministros Montenegro, Rodríguez Larreta, Vidal y Santilli y la diputada Gabriela Michetti.
Imagen: DyN.

Mauricio Macri aseguró que la ocupación en Villa Soldati no se produjo por falta de políticas de vivienda. En su lugar, le echó la culpa a “todo este avance de la inmigración ilegal, donde se oculta el narcotráfico y la delincuencia”. El jefe de Gobierno dejó en claro que su posición es no negociar con los ocupantes del Parque Indoamericano, aunque el miércoles había dicho que iba a dialogar. En cambio, le reclamó a la presidenta Cristina Fernández que “vuelva a mandar a la Policía Federal y terminemos el trabajo que habíamos comenzado”. El gobierno nacional le respondió que era su responsabilidad. Desde distintas partes del arco político, lo acusaron de xenófobo y la embajadora de Bolivia le exigió que se disculpara. A la noche, un grupo de vecinos de Lugano atacó a los ocupantes al grito de “bolivianos, váyanse”. Los incidentes duraron varias horas. A la madrugada, el ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, anunció que terminaron con otro muerto y tres heridos de bala.

Voceros de la Metropolitana indicaron que la nueva persona muerta no llegó por el SAME, sino en un auto particular (suponen que era un remise), con una herida de bala. La persona no tiene documentos, por lo que iba a demorar su identificación. “No se sabe si era un ocupa, un vecino o producto de otro problema de la villa”, indicó un funcionario porteño.

La ocupación comenzó el martes. El gobierno porteño buscó y consiguió una orden judicial para desalojarlos en un operativo conjunto entre la Federal y la Metropolitana. El intento de sacarlos concluyó con una represión violenta el martes por la noche. Bernardo Salgueiro, paraguayo, de 22 años y Rosemary Churapuña, boliviana, de 28 años, fueron asesinados por balas de plomo. Los proyectiles que retiraron de los cuerpos pueden provenir de escopetas de la policía o bien de “tumberas”, de fabricación casera. Sus familiares sostienen que fueron asesinados por la policía. Además, hubo decenas de heridos –entre ellos, una bebe– y un joven, Emanuel Ríos, estuvo desaparecido 24 horas. El gobierno nacional separó a los responsables del operativo.

El miércoles, los funcionarios macristas iniciaron una mesa de diálogo con los vecinos y luego concurrieron a una audiencia citada por el juez Roberto Andrés Gallardo. El magistrado, además, allanó la sede de la Metropolitana y el departamento central de la Federal y ordenó que Gendarmería hiciera un cerco en torno al parque para que no ingresara más gente. El gobierno nacional planteó que debía ocuparse la Metropolitana. Ayer, cientos de nuevos ocupantes llegaron al parque. Y, sobre la noche, un grupo de vecinos los atacó con piedras, palos e incluso con armas de fuego.

Contra el inmigrante

El primer día, con cautela, el jefe de Gobierno siguió en silencio los hechos y eligió no salir a hablar, ni mostrarse en el lugar, como había hecho ante los derrumbes. Ayer, optó por hacer una conferencia de prensa donde dio un giro de 180 grados: del diálogo con los ocupantes pasó a decir que no tiene pensado negociar “con personas que cometieron un delito”. Una posición con la que no concordaban varios de sus ministros.

A la conferencia en Bolívar 1 concurrió casi todo el gabinete, junto con la ex vicejefa Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta, quien había anticipado la estrategia por la mañana: “Hay una lógica perversa que hace que cada vez venga más gente de los países limítrofes a usurpar terrenos”, sostuvo el jefe de Gabinete porteño. “Hay una ley muy permisiva respecto de la migración: viene la gente y al poco tiempo de estar en la Argentina, usurpa y después viene Gallardo que obliga al Estado a dar una vivienda. Tenemos que cortar eso”.

Macri salió con el rostro adusto, aunque menos tenso que cuando lo procesaron por las escuchas ilegales. Su estrategia, de entrada, fue trasladarle la responsabilidad al gobierno nacional. “Lamentablemente, retiró la Federal. No hace respetar la ley y tiene una visión hipócrita”, acusó. El líder de PRO se ocupó de acicatear los prejuicios que existen en un sector de la sociedad: cargó contra “una inmigración descontrolada, combinada con narcotráfico y mafia”. “Tenemos que pararla, sancionemos leyes que eviten esta situación. En estos momentos, hay que demostrar coraje”, se infló. Citó, incluso, el ejemplo de Brasil, donde se combate a los narcos con el Ejército. “Delincuentes usufructúan de la desesperación de la gente que necesita una vivienda. En su desembarco, toman control de sectores de la ciudad, como las villas”, aseguró. “Todos los días llegan cien, doscientas personas de la mano del narcotráfico y la delincuencia”, se alarmó Macri, quien sostuvo que “tenemos derecho a saber quiénes son”.

Desde distintos sectores del arco político, lo cuestionaron por xenófobo y la discusión se trasladó a la última sesión de la Legislatura, donde los opositores presentaron proyectos de interpelación para que concurra un abanico de funcionarios macristas. La sesión pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes (ver página 4).

Y con la Federal

“Quiero pedirle a la señora Presidenta que trabajemos juntos. No podemos seguir expuestos a una inmigración descontrolada y al avance del narcotráfico”, aseguró Macri. “Tiene que mandar la fuerza pública y desalojarlos. No podemos darles plata a los que cometieron un delito. Esto se tiene que acabar”, exigió. “No podemos permitir que se loteen los terrenos. No lo vamos a legalizar. Pongamos límites al avance de la delincuencia”, remarcó Macri, quien advirtió que “ante el pedido de agua y alimentos, les dijimos que están abiertos los comedores. No es excusa.” La ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, lo contradijo: afirmó que están cumpliendo con la orden judicial de repartir agua y raciones.

Hubo dos temas que Macri esquivó lo más posible: los asesinatos y la política habitacional. A los muertos, sólo se refirió brevemente: “Lamento las dos muertes, pero no tienen que ver con el desalojo. Fueron con armas tumberas”, afirmó. El jefe de Gobierno esquivó una pregunta sobre si el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) ejecutó sólo el 18 por ciento de su presupuesto. “Pareciera que la ciudad tiene que resolver los problemas de los países limítrofes”, se quejó.

Tras la conferencia de Macri, la respuesta del gobierno nacional no tardó en llegar. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, le contestó a Macri que sus planteos “son de una Argentina que pasó hace muchos años”. Consideró que tuvo un gesto “xenófobo y descalificador” y que lo que dijo fue “un espanto”. “Se parecen mucho al orden que reclamaba Duhalde a los argentinos desde los Estados Unidos”, sostuvo. El secretario legal y técnico, Carlos Zannini, defendió la llegada de inmigrantes y dijo que “vienen a ayudar al crecimiento de la Argentina”. “Pareciera que los problemas de la ciudad se resuelven si no vienen más peruanos, paraguayos, bolivianos o uruguayos”, advirtió. Sobre el reclamo de desalojo, el ministro de Justicia, Julio Alak, le respondió que la Policía Federal entregó el predio sin ocupantes a la Metropolitana y que es responsabilidad de la Ciudad mantener la guarda del lugar (ver página 5).