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La estadística, rotunda, admite (pocas) excepciones y no vale como prueba penal pero sí como indicio para quien investiga. Cuando mueren manifestantes tras una represión feroz, casi siempre son víctimas de los uniformados. Los asesinatos de Rosemary Churapuña y Bernardo Salgueiro admiten (requieren) esa línea de investigación. El fiscal Sandro Abraldes lo comprendió rápidamente y excluyó a la Policía Federal de la investigación. Así lo había hecho su colega Cristina Caamaño en el expediente sobre el asesinato de Mariano Ferreyra. Caamaño trabaja en plena sintonía con la jueza Wilma López. Abraldes, es comidilla en Tribunales, no tiene la misma suerte.

Ya hubo dos chisporroteos entre él y el juez Eliseo Otero: el primero cuando se decidió el mencionado apartamiento. El segundo, por demoras en la realización de la autopsia. La intervención del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, zanjó esa traba.

La barbarie policial, sus agresiones físicas a los ocupantes, sus disparos a mansalva de balas de goma, acentúan las dudas. Otro argumento de defensa, referido sólo al homicidio de Charamuña, es que los uniformados estaban a excesiva distancia de la víctima para dar en el blanco. El dato debe ser chequeado y, desde ya, no vale para Salgueiro distanciado sólo 150 metros.

Otro factor de sospecha surge de filmaciones que muestran a personas de civil disparando junto al contingente policial. “No me consta”, dijo un alto integrante del Gabinete a este cronista y se atajó: “Si pasó, sería gravísimo”. Se insiste, sí pasó y está registrado. Será gravísimo, pues.

Una parva de delitos de todo tipo, incluidos los de sangre, se cometieron en Soldati. Las kafkianas reglas procesales los diseminan en una pléyade de juzgados. En algún momento, los más graves deberían converger en el tribunal que “previno”, el que se hizo cargo de los primeros crímenes. Por ahora eso no ocurre y, en algún sentido, permite organizar mejor la tarea judicial.

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Los ataques del viernes a los ocupantes del Parque Indoamericano pudieron incluir a vecinos aterrados y desbocados pero hubo sin duda otros actores. Un ciudadano enardecido puede, en extremo, linchar a un violador o participar de una golpiza colectiva. Pero hay otra violencia y otros saberes en el desempeño de las bandas que quemaron las tiendas, impidieron actuar a los medios. Y que, en un alarde de crueldad profesional, arrancaron a un herido de la ambulancia, amenazaron a los médicos y lo balearon nuevamente. Esa saña no es de un particular colérico, sino de matones preparados.

Las denuncias de los agredidos, la crónica de ayer de este diario y dos posts del excelente blog Conurbanos señalan a patotas del sindicato de municipales porteños, antaño la UOEM, ahora Sutecba. Un aliado crónico de los gobiernos de turno, hoy día el de Mauricio Macri, Conurbanos primero identificó, mirando la tele, a varios delegados del gremio, hablando como vecinos encolerizados y convocando a la marcha de autoconvocados que derivó en la masacre del viernes. Y también filió al barrabrava de Huracán Julio Carlos Capella, que también revista en Sutecba. Fue filmado tirando, aunque alega, pueril, que sólo amagó y que portaba un arma de juguete.

Esas tropelías, que algunos describen (cuando no excusan) como consecuencia de la ofuscación de los buenos vecinos perjudicados por la intrusión en el parque, son funcionales a una idea de caos y consistentes con la prédica xenófoba de Mauricio Macri. La existencia de grupos organizados sugiere una conexión entre el macrismo y la banda homicida que asoló el parque durante horas.

De nuevo, toda acusación penal requiere pruebas incontrastables y está sujeta a la presunción de inocencia. Pero que hay sospechas fundadas, las hay.