La ONG La Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) presentaron una denuncia contra un empleado y los directivos de la firma Saevent (Empresa de Servicios Eventuales) SRL, ante la presunción de que esa compañía organiza el reclutamiento de trabajadores rurales en Santiago del Estero para su empleo, en condiciones que podrían configurar el delito de reducción a la servidumbre en campos de las provincias de Buenos Aires y de San Luis. El empleado señalado como reclutador opera en la zona de Salto, en el norte de la provincia de Buenos Aires, donde esta organización, que ofrece empleados temporarios, tiene una de sus sedes y una “participación activa en la vida política y social”, según esgrimieron los denunciantes. Para hoy a las 20, las organizaciones efectuarán una movilización a la Asociación Semilleros Argentinos (ASA) –en Reconquista 661– que nuclea a las principales compañías nacionales y de capitales extranjeros de este rubro.

“La empresa realiza la captación, transporte, alojamiento y, eventualmente, alimentación de los trabajadores rurales. Los ‘changos’ reclutados para las tareas agrarias normalmente son personas muy vulnerables por su pobreza y falta de educación”, sostiene la denuncia radicada en la Justicia Federal de Mercedes y firmada por Gustavo Vera (titular de La Alameda) y Juan Grabois (del MTE). Además, se señala que los empleados rurales ignoran el lugar donde trabajan y quién es su verdadero empleador. Los campesinos “no pueden abandonar el lugar de trabajo, ya que además de no saber dónde están, carecen de dinero para movilizarse”, puntualiza el escrito.

Según indicó Vera a Página/12, Saevent realiza este tipo de movimientos, entre otros puntos, “en San Luis, Pigüé, Carmen de Areco y Chivilcoy”, lugares en los que “contratan sus servicios varias cerealeras” para que se les brinde “apoyo logístico”. El radio de operaciones de la prestadora de personal, que está formalizada desde 1999, se puede deducir de la radicación de sus sedes. Además de las mencionadas oficinas de Salto, la firma reporta tener sucursales en Mercedes (San Luis) y en la ciudad de Córdoba.

La persona que se encargaría de “realizar el trabajo sucio”, es decir, el reclutamiento de los campesinos santiagueños “es un ex gerente del Banco Provincia, que trabajó durante treinta años allí”, contó Vera. El hombre, “oriundo de General Pinto”, logró gracias a su empleo bancario tener “muchos contactos en distintos lugares de la provincia”. Los denunciantes constataron que esta persona se desempeña, para la empresa en cuestión, en la obtención de recursos humanos para el trabajo rural.

La denuncia por los presuntos delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas, se sostiene en que –de forma similar a los casos revelados por este diario– los trabajadores que reclutaría Saevent “son habitualmente alojados en galpones de chapa con cuchetas para dormir y carecen de sanitarios y de cocinas para prepararse los alimentos en condiciones adecuadas de seguridad e higiene”. Además, “los trabajadores así reclutados, se desempeñarían sin ninguna clase de registración”, lo que facilita la estafa de la “reducción arbitraria de la remuneración en caso de incumplimiento de la cuota de producción establecida”.

Este diario intentó sin suerte comunicarse por teléfono con directivos o voceros de Saevent SRL. En las oficinas de Salto atendió una secretaria que confirmó que el lugar pertenecía a Saevent. Ante la consulta de si existía la posibilidad de hablar con algún responsable de la firma, la mujer dijo trabajar para otra empresa, pidió que “llame mañana” (por hoy) y cortó.

Respuesta similar hubo por parte de la firma Tobin, una cerealera radicada en Salto, ubicada a seis cuadras de Saevent y señalada por La Alameda como una de las empresas que solicita los servicios de la distribuidora de personal temporario. “Tobin”, atendió un hombre que se presentó como Juan. Cuando se le preguntó por su relación con la denunciada Saevent dijo que no tenía “ni idea del tema”. Este diario insistió describiendo la denuncia y consultó si efectivamente esta empresa semillera –como lo indica su página de Internet– contrataba este tipo de servicios de tercerización. “No somos una semillera. Somos una fábrica de ladrillos”, dijo Juan, notoriamente molesto, antes de cortar.

Más empresas estarían vinculadas con los señalados como reclutadores. En ese sentido, La Alameda y el MTE marcaron a Quality Seeds, Ferias del Norte, FM Semillas, Bagley y Satus Ager. Esta última está siendo investigada por presunta trata de personas en la estancia Santa Celestina, de Ramallo (ver nota central).

“Saevent patrocina al Club Defensores de Salto y tiene participación activa en la vida política y social” de ese municipio, apuntaron los denunciantes. En el portal de Internet municipal está registrada la colaboración de la compañía en el festejo del Día del Niño de 2009, en coordinación con la intendencia y otras empresas. Página/12 buscó comunicarse durante la tarde de ayer con el intendente de Salto, Oscar Brasca, para que aportara su testimonio sobre la firma denunciada, pero no hubo respuesta.

Otro dato de Saevent es que a noviembre del 2010 debía en todo el sistema financiero –deuda que está en situación de normal cumplimiento– la suma de 2.332.771 pesos. Estos montos –dijo Vera– “no tienen correlación” con el tipo de operaciones que dicen realizar y con los sólo 202 empleados en blanco que declaran tener.

Informe: Leonardo Rossi.