“Creemos que en la última búsqueda no sólo a la familia sino a la Justicia y al Estado se le ha tomado el pelo”, dijo ayer Rubén López, hijo del desaparecido testigo Jorge Julio López. Se refirió así a la aparición de un mediático abogado que hace dos semanas aportó al Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense datos de un supuesto testigo sobre la ubicación de los restos de López. Además de enviar el acta con esa información al juzgado que investiga el caso, el ministro Ricardo Casal hizo pública la “nueva pista”. Luego de una intensa búsqueda, ordenada por la Unidad Fiscal Especial de Derechos Humanos en la estación Pereyra del Ferrocarril Roca, el resultado fue negativo. El hijo del testigo clave del juicio que condenó al genocida Miguel Etchecolatz pidió el “comparendo compulsivo” a declarar del abogado y su informante, que hasta ahora se negaron a presentarse en la fiscalía. Por su parte, los querellantes de Justicia Ya! fueron más allá al solicitar la citación de Casal para “dilucidar la posible existencia de un delito de acción pública”.

Según explicó a Página/12 la abogada Guadalupe Godoy, si se comprueba que hubo una falsa denuncia habrá que determinar también la responsabilidad del gobierno de la provincia. “La familia habla de tomada de pelo, y al ver la actuación del gobierno provincial queremos saber si se dejan engañar por cualquiera o se prestaron a algo que no sabemos qué es”, explicó la letrada. “El doctor Casal manifestó públicamente haber entrevistado al testigo de identidad reservada el día anterior a la realización del acta que luce en este expediente”, dijo Godoy en el escrito. “Dado lo escueto de dicha acta, y la hasta ahora imposibilidad de acceder a una ampliación de dicho testimonio, resulta imprescindible este acto procesal”, agregó en alusión al pedido de citación del testigo y su abogado, Alejandro Sánchez Kalbermatten. Al igual que la familia López, requirieron que el letrado sea convocado con la fuerza pública, no así el testigo.

Sánchez Kalbermatten apareció en los medios el 1º de febrero y relató que había entregado al ministro Casal un dato clave para encontrar a López, que le había sido revelado por un cliente suyo que pedía reserva de su identidad por temor y además quería cobrar el millón y medio de pesos que el gobierno provincial ofrece como recompensa. Al mismo tiempo, Casal y el gobernador Daniel Scioli ratificaban esto al final de una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. El dato aportado sólo indicaba que los restos del testigo estaban en la estación ferroviaria del Parque Pereyra Iraola, en una construcción reciente. Mientras citaba al testigo para ampliar la información, el fiscal federal Hernán Schapiro desplegó un enorme operativo con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Federal, Bomberos y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que contó con la más alta tecnología para esta tarea. Ni el abogado ni el testigo acudieron, pero sí hablaron en televisión, y al finalizar los procedimientos se permitieron opinar que “no buscaron” donde ellos habían indicado y que no iba a declarar porque no tenía “garantías”. Fuentes del caso precisaron a Página/12 que buscaron intensamente donde decía el acta. “Nos da mucha bronca y dolor que este abogado haya presentado este supuesto testigo de identidad encubierta, porque más allá de saber que esto era poco fehaciente desde el primer día, teníamos la esperanza de que realmente fuera la última búsqueda, es decir el principio del final”, dijo ayer Rubén López en conferencia de prensa. “Hemos pedido un comparendo compulsivo, es decir que lo traigan de los pelos y que diga de dónde sacó los dichos, cuál fue su intención, porque realmente lo único que ha hecho fue mucho daño a la familia, más allá de los gastos ocasionados al Estado por toda la movilización que se realizó”, agregó. El hijo del testigo desaparecido destacó que si el dato hubiera sido cierto el abogado habría cobrado la recompensa, pero “en este caso no lo es, por ello esperamos que la Justicia actúe en consecuencia”.