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El diputado y precandidato a la gobernación de Salta Alfredo Olmedo está en problemas. A la denuncia que hizo la AFIP sobre “condiciones infrahumanas” de trabajo en uno de sus campos en La Rioja –lo que motivó su clausura–, se sumó la intención de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Victoria Donda (Libres del Sur), de promover su destitución como legislador. No sólo eso: el ministro de Desarrollo Económico de Salta, Julio César Loutaif, afirmó que la provincia intimará a Agropecuaria Olmedo a pagar “entre 7 y 8 millones de pesos por campaña de soja”, por la explotación de tierras fiscales que –como informó Página/12– le fueron cedidas mediante una escandalosa licitación.

Olmedo “no puede hablar de pobreza ni de miseria cuando no quiso renegociar el contrato mediante el cual explota tierras de Salta Forestal sin pagar un peso”, indicó el ministro salteño.

Mientras tanto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación prepara el escrito con el que será querellante ante la Justicia por las irregularidades descubiertas en los olivares del diputado sojero. Es en el marco de esas irregularidades que el interbloque de Proyecto Sur en Diputados solicitó informes sobre las actuaciones y evidencias que obren en el Ministerio de Trabajo, la AFIP y la Secretaría de Derechos Humanos riojana. La documentación se analizará en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, donde constará el antecedente que registra el cuerpo sobre la inhabilitación para el represor Luis Patti de acceder a su banca. “Esta es una clara violación a los derechos humanos al tener a trabajadores en condiciones infrahumanas y de hacinamiento”, resaltó Donda y aseguró que descuenta el acompañamiento institucional de otros bloques a su pedido. “Que el Congreso no haga nada sería complicado de poder justificar”, advirtió.

Informe: Gabriel Morini.