Los diarios La Nación, Clarín e Infobae avalaron de modo acrítico en sus portales de ayer la posición estadounidense. “Documentos oficiales prueban que el Gobierno sabía en detalle lo que traía el avión de EE.UU.”, tituló Clarín. Son los mismos medios que intentaron vincular el hecho con el itinerario que el presidente de aquel país seguirá en su visita del mes próximo a la región, donde sólo visitará El Salvador (sede de la Escuela secreta donde se instruye a policías), Brasil (donde se acaba de emplear al Ejército para una operación de seguridad en las favelas de Río) y Chile (país cuya moneda se está apreciando respecto del dólar igual que la de Brasil, lo cual los vuelve dependientes del ingreso de capital especulativo e inclinados al tipo de política de ajuste que el gobierno argentino rechaza).

Sin embargo, ninguno de esos medios publicó la nómina de material declarado ni la cotejó con las actas de secuestro confeccionadas en Ezeiza por las autoridades argentinas. De este modo, adoptaron el punto de vista estadounidense en el más grave conflicto de ese país con la Argentina desde noviembre de 2004. Ese mes intentaron desembarcar en el puerto de Buenos Aires 250 marineros de la fragata “USS De Wert”, pero ante el pedido de las autoridades locales se negaron a identificarlos. Según la crónica publicada entonces por los periodistas de Clarín Guido Braslavsky y Daniel Santoro “el capitán del buque informó que solo entregaría una lista con la cantidad de efectivos que bajarían pero sin identificarlos, por ‘razones de seguridad de los Estados Unidos’”. La fragata había participado del Operativo Unitas en el Uruguay, del que también tomaron parte fuerzas argentinas. Luego de una consulta de la Cancillería con el presidente Néstor Kirchner. Recién cuando el capitán de la nave admitió cumplir con la ley 25.880, que sólo autoriza el desembarco de tropas extranjeras si se identifican y no portan armas, los 250 marinos pudieron pisar the beautiful Buenos Aires, como la llamó el embajador Lino Gutiérrez. Sin estridencias, el gobierno nacional hizo cumplir las leyes argentinas, en aplicación de sus propios criterios de seguridad, que no coinciden con los de quienes entienden que su destino manifiesto es actuar como policías del mundo. La Argentina también se negó a conceder inmunidad a los militares estadounidenses que participaran en ejercicios en el territorio nacional.

El procedimiento fue similar en el caso del avión que aterrizó el jueves 10 en Ezeiza con material para un curso que los paracaidistas del Ejército estadounidense impartirían al Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Policía Federal, sobre rescate de rehenes y manejo de crisis. Al cotejar la lista enviada por los militares estadounidenses con el cargamento que traía el avión los funcionarios de la Aduana y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria constataron la discrepancia: había armas largas y materiales que no figuraban en la documentación. También un baúl y una valija que los militares estadounidenses se negaron a abrir, aduciendo una vez más razones de seguridad. El vocero de la cancillería estadounidense, Philip Crowley, admitió a regañadientes ante la prensa que “tal vez un número de serie no fue declarado debidamente” pero “nos preocupa cómo fue manejado”. El encargado de América Latina en ese ministerio, Arturo Valenzuela, dijo sin sonreír por la humorada que los militares estadounidenses fueron “amedrentados” por los funcionarios civiles argentinos. Sin embargo, otro funcionario del mismo ministerio dijo a la agencia Associated Press, en una declaración reproducida por el diario The Washington Post, que los amedrentados forman parte de “un equipo de elite” que necesita sus propias comunicaciones encriptadas “por si es necesario llamarlos para que intervengan en una crisis con toma de rehenes en cualquier lugar del mundo”. Igual que en el caso del barco de 2004, la consulta pasó esta vez por la Cancillería y llegó al Poder Ejecutivo. La presidente CFK ordenó que todo el material se precintara y que a su apertura, al día siguiente porque ya había anochecido, asistiera en persona el ministro Héctor Timerman. Ante la reiterada negativa a revelar el contenido de esos bultos, Timerman ordenó abrirlos. Y allí aparecieron, además de armas que no figuraban en la lista, sofisticados equipos de comunicaciones, hardware y software informático rotulado como secreto, y drogas narcóticas y estupefacientes, cuya descripción se publicó aquí el domingo. Los facsímiles de las actas oficiales que se publican aquí indican con toda claridad la secuencia narrada: el descubrimiento el día 10 de la incongruencia entre la lista y el cargamento y la verificación el día 11 de ese contenido luego de la apertura de los bultos secretos. Se podrá discutir acerca de la gravedad del ingreso de ese tipo de armas y materiales informáticos y de comunicaciones en forma clandestina, de modo que luego podría quedar en el país para usos también ilegales; también es admisible argumentar sobre la cantidad y tipo de las drogas narcóticas y estupefacientes encontradas y especular sobre el sentido de introducir medicamentos que según sus propios envases estarían vencidos. Pero no hay forma de negar que se intentó violar las leyes argentinas y que las autoridades lo impidieron en un procedimiento impecable. Algo grave debe estar ocurriendo con la prensa y los partidos de oposición si con tal de desmerecer al gobierno pierden de vista estos datos básicos del episodio y se alinean con quienes quisieron, y no pudieron, allanar la soberanía nacional.

Las actas de secuestro confeccionadas en Ezeiza por las autoridades argentinas.

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