Desde ayer, los policías que prestaban servicios adicionales para el Gobierno de la Ciudad pasaron a cumplir tareas de vigilancia y prevención en la calle, según confirmó el Ministerio de Seguridad de la Nación. Desde esa cartera le comunicaron al gobierno porteño que el convenio por el que se realizaba ese servicio se rescindirá a partir del próximo 6 de mayo. Al mismo tiempo, ayer se dejó sin efecto la prestación, por falta de pago. Página/12 reveló ayer que existía una deuda de siete meses. Por la mañana, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, lo negó, pero por la tarde el Gobierno de la Ciudad lo terminó admitiendo: es una deuda de 20,5 millones de pesos que, a razón de 3 millones por mes, corresponde a siete meses.

Según fuentes del Ministerio que conduce Nilda Garré, la Policía Federal presta servicios adicionales en unos 800 objetivos de la Ciudad de Buenos Aires. De ellos se dieron de baja ayer 114, que involucraban a unos 1400 efectivos. El resto de los adicionales corresponde a organismos públicos y empresas privadas. ¿Por qué en esos casos se sigue prestando? “Porque no tienen fuerza de seguridad propia, como la Ciudad de Buenos Aires”, respondieron en la cartera nacional a Página/12.

Desde la Ciudad atribuyen esta movida a un intento por “perjudicar a la gestión de Mauricio Macri”. “Estamos de acuerdo en que la Policía Federal deje de hacer adicionales. De hecho, la Metropolitana tiene prohibido por ley hacer este tipo de servicios. Pero que se los saquen a todos, no sólo a nosotros”, se quejó un funcionario consultado por este diario.

La Policía Metropolitana tiene en su haber 1900 efectivos, la mayoría de ellos está destinados a las comunas 12 y 15. Su jefe, Eugenio Burzaco, asegura que la cantidad no es suficiente para cubrir la seguridad en los edificios. El mismo argumento había esgrimido el gobierno porteño para no intervenir en las tomas de tierras y edificios en Villa Soldati y el Bajo Flores.

El diputado Eduardo Epszteyn, quien integró la comisión investigadora por las escuchas ilegales, aportó una posible causa de la escasa capacidad de la Metropolitana: “El 65 por ciento de los agentes cobraban un plus por conducción, lo que da la idea que más de la mitad son jefes”. Según el legislador, la ley 2894 establece que la protección de los bienes públicos de la ciudad es responsabilidad del estado porteño y de su Policía Metropolitana.

Para la estrategia diseñada por la ministra Nilda Garré y sus colaboradores, es más eficiente para la seguridad ciudadana poner más policías en las calles que mantener a los efectivos parados en una puerta o sentados detrás de un escritorio.

Desde la ciudad responden que algunos de los 114 objetivos afectados corresponden a “puntos calientes”, donde se registran problemas de seguridad. En rigor, la lista incluye a 31 de los 33 hospitales y 22 centros de salud, los tres cementerios porteños, doce escuelas sobre un total de 720 edificios, dos paradores, once parques deportivos, además del Campo de Golf, los parques Sarmiento y Roca, la Reserva Ecológica, el Teatro Colón y la Dirección General de Rentas. Todos lugares que no parecen requerir, en principio, de la presencia de personal armado.

El servicio de policía adicional se prestaba desde septiembre de 2006, cuando el entonces jefe de Gobierno, Jorge Telerman, firmó un convenio con el jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca. Antes de eso no existía el servicio policial adicional en dependencias oficiales porteñas.

El acuerdo significó, sobre todo, un importante ingreso para los efectivos policiales, que ganan a razón de 94 pesos por módulo de cuatro horas diarias, lo que suma un total mensual de 2000 pesos promedio por agente. Fuentes del Ministerio de Seguridad nacional aseguran que los policías no perderán ese ingreso, ya que serán compensados con 1000 pesos como adicional por servicio de calle, además del pago de horas extra.

La Federal, además, no dejará de prestar servicios en dependencias judiciales porteñas –tribunales y fiscalías– pero lo hará como parte de su función, ya que no está incluido en el convenio denunciado. “También seguirán prestando servicio los bomberos, porque la ciudad no tiene cuerpo de bomberos propio”, ejemplificó una fuente de la cartera nacional.

La idea de terminar con los servicios adicionales parece inobjetable para los expertos, aunque puede resultar cuestionable la forma en que se hizo. “Está bien el traslado de las custodias a la calle, la policía pone mucha plata en la formación, lo lógico es que ese esfuerzo lo aproveche la comunidad, no los particulares”, destacó el ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian. “Pero debería darse de manera consensuada y no de un día para otro”, agregó.

Sobre ese punto, desde la ciudad dicen que no hubo aviso previo, que en la reunión que el 11 de febrero mantuvieron Nilda Garré y su par porteño Guillermo Montenegro sólo se habló de “reformular el servicio” pero “nunca de rescindirlo”. Aseguran que pagaron el servicio “hasta enero, inclusive”, por lo que la deuda se reduciría a tres meses. Pero para certificarlo exhiben una carta del jefe de la Federal, el comisario general Enrique Capdevilla, donde informa que al 2 de marzo es de 20.531.926,29 pesos.

Fuentes del Ministerio de Seguridad nacional replican que la actual rescisión había sido informada a Montenegro en la reunión de febrero y que el 17 de marzo hubo una intimación por nota. Sostienen que la deuda es de 27,5 millones y corresponde a siete meses.

El convenio establece que la rescisión debe comunicarse con 30 días de antelación. Eso es lo que hizo ayer la Federal. Pero el servicio se dejó de prestar ayer mismo, por falta de pago.

Garré explicó ayer que “la idea central de esta iniciativa es que la Policía Federal se dedique a cuidar a vecinos de la ciudad a través de prevención y la conjura del delito”. “No podemos tener recursos humanos dedicados a la custodia de edificios de la ciudad que pueden perfectamente estar cubiertos por la Policía Metropolitana, y mucho menos a custodia de funcionarios porteños, o de sus familiares”, agregó.

“Estamos todos sorprendidos. No entendemos adónde va la Presidenta con el tema de la seguridad, porque se jode con el tema de la seguridad de los porteños”, replicó Macri.

Según informó ayer este diario, los servicios adicionales incluían la quinta Los Abrojos, que Macri tiene en San Miguel, y la casa de su ex esposa, en la Avenida Las Heras.

Por lo pronto, la Ciudad ya comenzó a pensar ayer en cómo reemplazar el servicio dado de baja. “En principio, se va a optar por un contrato con empresas de seguridad privada, aunque el costo va a ser mayor”, admitieron.