La Cámara Federal de Salta confirmó ayer un procesamiento contra la dirigente social Milagro Sala por supuestas amenazas telefónicas, al tiempo que redujo su responsabilidad respecto de un escrache al senador radical Gerardo Morales en octubre de 2009. El tribunal anuló parcialmente el procesamiento de la líder de la agrupación Tupac Amaru como autora de dos amenazas y sólo confirmó la decisión de primera instancia que la consideró instigadora (no autora) de los delitos de daño agravado y amenazas. Tanto la agrupación como el senador jujeño intentaron hacer una lectura positiva de la decisión judicial. “Cayó una de las causas” impulsadas por Morales, celebró en un comunicado la Tupac, que apelará la decisión ante la Cámara de Casación Penal. El legislador radical, en tanto, ratificó que “siempre confiamos en la Justicia”.

El delito por el que Sala continúa imputada, con un embargo de 70 mil pesos sobre sus bienes, surge de supuestas amenazas telefónicas. “Que se cuide”, le advirtió a Morales, según su hermano el legislador Héctor Morales y según el diputado provincial Carlos Toconás. “Si no cierra el pico vamos a tener que tirotearlo”, amenazó Sala según René Arellano, testigo ofrecido por el abogado de Morales luego de ser expulsado de la red de organizaciones sociales acusado de quedarse con un vuelto de 500 mil pesos. Por esas palabras la procesó en octubre el juez federal Mariano Cardozo, decisión que convalidaron ayer Jorge Luis Villada, Roberto Loutayf Ranea y Renato Rabbi-Baldi Cabanillas (jueces de un tribunal cuestionado por la Unidad Fiscal de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación por convalidar maniobras del juez Carlos Olivera Pastor para evitar el avance de las causas a represores).

Morales fue abordado a huevazos por miembros de la red de organizaciones sociales luego de despotricar sobre el uso de dineros públicos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Por su responsabilidad en ese episodio la Cámara confirmó ayer los procesamientos de Ramón Gustavo Salvatierra y María Graciela López como coautores de los delitos de daño agravado y amenazas.