Mauricio Macri ya no podrá interponer recursos ante la Justicia para evitar su indagatoria en la causa UCEP. De nada valdrán excusas como actos electorales o viajes al exterior que ya utilizó en dos ocasiones para no presentarse ante el Juzgado de Instrucción Nº 49. La Sala 1 de la Cámara Nacional en lo Criminal ordenó que su declaración en condición de imputado es procedente, devolverá el expediente al magistrado de primera instancia Facundo Cubas y éste ahora fijará una nueva audiencia para citarlo bajo apercibimiento de pedir su desafuero como jefe de Gobierno. El tribunal integrado por Jorge Rimondi, Luis Bunge Campos y Alfredo Barbarosch determinó la medida que lo ubica en una situación judicial que siempre quiso esquivar. De cualquier modo, el todavía indeciso candidato a la presidencia de la Nación o a la reelección en la ciudad de Buenos Aires podría negarse otra vez al pedido de Cubas, pero “a un costo político muy alto”, como describió ayer una fuente con acceso al voluminoso expediente. Su pedido de desafuero, en ese caso inexorable, ingresaría a la Legislatura para su tratamiento.

El afán del jefe de Gobierno porteño por evitar su indagatoria en la causa donde se investigan lesiones, robos y desalojos de indigentes que viven a la intemperie en las calles de Buenos Aires lo llevó a interponer distintos recursos para ignorar las citaciones de Cubas. El 10 de diciembre de 2010, el juez lo había convocado a su despacho por primera vez, pero luego suspendió la indagatoria. Hubo sí dos fechas más en las que Macri debía presentarse, pero no lo hizo. En febrero pidió la postergación sobre la hora porque prefirió tener un almuerzo de campaña electoral en una fábrica del partido de San Martín. Y en marzo, como había proyectado un viaje a Estados Unidos y Francia, también pasó por alto la decisión del Juzgado Nº 49. Prefirió juntarse con su flamante esposa, Juliana Awada, en París.

La Cámara intervino finalmente, desechó los planteos de la defensa del jefe de Gobierno y como ahora el expediente retorna al magistrado de primera instancia, el próximo paso es que fije una nueva audiencia. A Macri lo citarán a indagatoria bajo apercibimiento de pedirle el desafuero, ya que no puede ser detenido y hasta tiene la atribución de declarar por escrito. Pero esta hipotética instancia, que debe ser dirimida en la Legislatura porteña, abriría un proceso de imprevisibles consecuencias políticas para el candidato de la derecha con aspiraciones a liderar todo el arco opositor a la presidenta Cristina Fernández.

La carátula de la causa en la que se investiga a la patota que operaba en el espacio público dice “Macri, Piccardo, UCEP, sobre amenazas y otros delitos”. Algunas de las pruebas que pueden resultar claves contra los imputados son videos sobre los operativos que realizaba aquel grupo en las calles porteñas, la documentación incautada en un allanamiento a las oficinas de la unidad y el decreto 1232/08 que le dio vida a este cuerpo de empleados que funcionaba de noche y bajo protección oficial. Son casi treinta personas, entre altos funcionarios y personal administrativo y operativo, las que Cubas ordenó indagar.

La denuncia original fue presentada en 2008 por la ex legisladora porteña y hoy diputada nacional Liliana Parada. A diferencia del jefe de Gobierno, su ex ministro de ambiente y Espacio Público Juan Pablo Piccardo aceptó declarar. Cuando lo hizo, reivindicó que desde su cartera “había mucha relación con lo social” y que “a nadie se le ocurrió pegarle o decirle al cartonero que se fuera, porque no es la manera de resolver el tema”. Las pruebas colectadas en la causa se contraponen con esa peculiar interpretación de los hechos que, básicamente, ocurrieron entre 2008 y 2009, en decenas de operativos protagonizados por la UCEP. Para Piccardo, ese grupo “contaba con personal idóneo y el debido sistema de contralor”.