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Como el Estado no envía los fondos presupuestados, que paguen los estudiantes que más tienen. Ese es el discurso, que así queda recubierto del objetivo, en apariencia altruista, de repartir las cargas de la crisis. A eso aspiran las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán, donde estudian 57 mil alumnos. “La implementación del pago de un bono voluntario es una idea que pretende que exista solidaridad entre los estudiantes con más posibilidades económicas y los que tienen menos”, se defendió el rector de la UNT, el radical Mario Marigliano. La propuesta del rector, que ya se aplica en otra de las grandes universidades del país, la de Córdoba, abrió un intenso debate después de cobrar difusión en la provincia que, en los últimos meses, fue noticia por el hambre y la pobreza de sus habitantes. “Estoy totalmente en contra... La enseñanza debe ser gratuita para todos”, objetó, en diálogo con Página/12, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Ricardo Suárez (ver aparte).
La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) tiene un presupuesto anual de 105 millones de pesos para financiar a sus catorce facultades y seis mil empleados. Unos 90 millones se consumen entre salarios e infraestructura. Claro que, como ocurre con el resto del sistema educativo superior, los fondos previstos por la Ley de Presupuesto, además de ser escasos, no llegan en tiempo y forma. De hecho, el Estado recortó en 140 millones el presupuesto del año pasado, que sumaba 1800, y adeuda otros tantos millones. En particular, la deuda con la UNT es de 10 millones. Como si fuera poco, hasta ayer las universidades no habían recibido las partidas para pagar los salarios de enero. Los docentes están en huelga por eso.
Por tevé y en plenas vacaciones, el contador Marigliano se despachó con su idea el sábado pasado. Y ayer la ratificó. “El presupuesto, que nunca se cumple, apenas alcanza para cubrir los gastos del personal de la universidad”, dijo. De acuerdo con sus datos, el 45 por ciento de los 57 mil estudiantes de la UNT proviene de colegios privados. “En la UNT están aquellos estudiantes que van en 4x4 a la facultad y otros que tienen que comprar un cospel para tomar el ómnibus.” Para redondear, arriesgó: “En 2000-2001 lanzamos un sistema de becas. Se presentaron 1800 alumnos y a 400 les dimos una ayuda de 900 pesos anuales. Estas cifras revelan que sólo el 3 por ciento de los alumnos son carenciados o necesitan ayuda”.
El rector, que el año pasado fue reelegido en su cargo, pretende instalar “no un arancel, sino un aporte voluntario”, de un monto aún no precisado, para financiar becas o subsidiar la investigación. Lo que no podría hacer es pagar salarios con lo recaudado: la Ley de Educación Superior establece que sólo pueden pagarse con fondos públicos. “No quiero seguir administrando miseria, tenemos que generar otros recursos, lo que no implica arancelar la UNT, sino que los alumnos con mayores posibilidades económicas tengan una mayor solidaridad con su universidad”, insistió el ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas, donde ya se dio el gusto de instrumentar un bono solidario.
Con el eufemístico “bono voluntario” suele denominarse a un sistema que ya rige en la Universidad Nacional de Córdoba y que, con pequeñas diferencias, funciona también en facultades de la UBA, como Arquitectura (en las materias de veranos) y Medicina (en ciertas cátedras). A priori, todos los alumnos deben pagar. Quien se considere en situación de ser exceptuado, debe tramitar su exención. En Córdoba, los bonos son administrados por los propios estudiantes y la contribución anual, en cuotas, ronda los 60 pesos. Nada de esto está definido en Tucumán, ya que la propuesta de Marigliano todavía no fue formalizada ni presentada ante el Consejo Superior de la universidad, órgano colegiado que debe aprobarla para que pueda comenzar a funcionar.
No obstante, ya empezó a discutirse. Entre los estudiantes parece haberse producido un curioso trueque ideológico respecto de los años ‘90.Según la agencia Télam, la propuesta fue bien recibida por Franja Morada, agrupación radical como el rector y actual conducción de la federación estudiantil. La consejera superior Carolina Schargodosky adelantó que no están en contra de que colaboren voluntariamente los que más tienen. “Pero no debe obligarse a los estudiantes a que aporten”, agregó. En cambio, desde la JUP, Gustavo Coronel dijo a este diario: “Defendemos la educación libre y gratuita. Antes de plantear esto, hay que aclarar muchas irregularidades. En la universidad hay docentes que cobran y no trabajan, cátedras fantasmas, alumnos que no cursan. Los estudiantes podríamos colaborar, pero esto debe debatirse a largo plazo, no pueden imponerlo”.
Los profesores fueron más duros. “El gremio defiende la educación pública y gratuita. En el contexto de crisis que vive el país, no se puede pensar en pedirle más a la gente. Habría que revisar qué hace la universidad para salir de la crisis y no tirarle la crisis a la sociedad”, apuntó José Luis Imaín, secretario general del sindicato docente de la UNT. “Pedir la colaboración de los estudiantes sería un parche inadmisible, una muestra más de la debacle en la que nos estamos sumiendo –dijo a Página/12 César Catalán, que precedió a Marigliano en el cargo de rector–. Es una señal extremadamente peligrosa proponer una salida de este tipo al desamparo en que el Gobierno ha dejado a la educación. El Estado cobra impuestos y es su responsabilidad traducir esos recursos en la cobertura de las necesidades de la sociedad.” Menos contemplativo fue un docente del Instituto Técnico de la UNT: “Mientras el mundo se manifestaba contra lo que puede llegar a ser otra guerra mundial, en lugar de pronunciarnos por la paz, acá estábamos hablando de estas pavadas”.